Diario de León:
EL CORRO
Con el carbón ya no valen paripés
PEDRO VICENTE 05/06/2012
Mientras que un atribulado Mariano Rajoy trata de evitar desesperadamente el desdoro del rescate europeo, las que en la práctica han quedado intervenidas han sido las comunidades autónomas. No ha hecho falta que el gobierno central cumpliera su amenaza. Primero fueron las condiciones impuestas para acceder al plan de pago a proveedores; después, los recortes aplicados para reducir en 10.000 millones de euros el gasto sanitario y educativo; y, finalmente, el ajuste complementario para evitar que el déficit no pase la línea roja del 1,5 por ciento. Todo ello ha dejado a los gobiernos autonómicos en general, y a los regidos por el PP en particular, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda. Un tutelaje que será del todo absoluto tan pronto se implante el sistema de hispabonos anunciado para proporcionar liquidez a las exhaustas arcas autonómicas.
Entretanto, a la vista están en España los nefastos resultados de la inflexible política impuesta por la Unión Europea. Un círculo vicioso que se resume en subida de los impuestos paralela a la reducción de los servicios públicos, pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas y una destrucción de empleo que nos aboca a los seis millones de parados.
Por lo que se refiere a Castilla y León, al margen del cuarto de millón de parados que nos disponemos a alcanzar, lo peor son los demoledores efectos de esa política sobre los dos grandes problemas estructurales de la comunidad autónoma, la despoblación y los desequilibrios territoriales. Este será el tercer año consecutivo en que esta comunidad pierde población en términos netos, algo que lleva lustros sucediendo en provincias como León y Zamora. Y, para mayor inri, la barrida presupuestaria efectuada por la Junta se ha llevado por delante el Plan Convergencia Interior, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía precisamente para intentar corregir los desequilibrios territoriales.
El reiterado fracaso en el intento de atajar ambos problemas, el demográfico y el de la descohesión interna, se ha venido achacando a la falta de un modelo de ordenación territorial. Y justo cuando la Junta se decide a abordarlo no hay un solo euro disponible con el que afrontar la promoción económica imprescindible para revitalizar las comarcas y las zonas más deprimidas. En estas estábamos cuando, como para arreglarlo, aparece el gobierno Rajoy dispuesto a dar la puntilla a las comarcas mineras. Ante semejante agresión, la Junta y el PP de Castilla y León no pueden limitarse a criticar el desafuero con la boca pequeña. Ese paripé ya no cuela. Por encima de servidumbres partidistas, disponen de resortes políticos y sociales suficientes para evitar el desastre. Si no lo hacen, serán cómplices del mismo.
EL CORRO
Con el carbón ya no valen paripés
PEDRO VICENTE 05/06/2012
Mientras que un atribulado Mariano Rajoy trata de evitar desesperadamente el desdoro del rescate europeo, las que en la práctica han quedado intervenidas han sido las comunidades autónomas. No ha hecho falta que el gobierno central cumpliera su amenaza. Primero fueron las condiciones impuestas para acceder al plan de pago a proveedores; después, los recortes aplicados para reducir en 10.000 millones de euros el gasto sanitario y educativo; y, finalmente, el ajuste complementario para evitar que el déficit no pase la línea roja del 1,5 por ciento. Todo ello ha dejado a los gobiernos autonómicos en general, y a los regidos por el PP en particular, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda. Un tutelaje que será del todo absoluto tan pronto se implante el sistema de hispabonos anunciado para proporcionar liquidez a las exhaustas arcas autonómicas.
Entretanto, a la vista están en España los nefastos resultados de la inflexible política impuesta por la Unión Europea. Un círculo vicioso que se resume en subida de los impuestos paralela a la reducción de los servicios públicos, pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas y una destrucción de empleo que nos aboca a los seis millones de parados.
Por lo que se refiere a Castilla y León, al margen del cuarto de millón de parados que nos disponemos a alcanzar, lo peor son los demoledores efectos de esa política sobre los dos grandes problemas estructurales de la comunidad autónoma, la despoblación y los desequilibrios territoriales. Este será el tercer año consecutivo en que esta comunidad pierde población en términos netos, algo que lleva lustros sucediendo en provincias como León y Zamora. Y, para mayor inri, la barrida presupuestaria efectuada por la Junta se ha llevado por delante el Plan Convergencia Interior, el instrumento contemplado en el Estatuto de Autonomía precisamente para intentar corregir los desequilibrios territoriales.
El reiterado fracaso en el intento de atajar ambos problemas, el demográfico y el de la descohesión interna, se ha venido achacando a la falta de un modelo de ordenación territorial. Y justo cuando la Junta se decide a abordarlo no hay un solo euro disponible con el que afrontar la promoción económica imprescindible para revitalizar las comarcas y las zonas más deprimidas. En estas estábamos cuando, como para arreglarlo, aparece el gobierno Rajoy dispuesto a dar la puntilla a las comarcas mineras. Ante semejante agresión, la Junta y el PP de Castilla y León no pueden limitarse a criticar el desafuero con la boca pequeña. Ese paripé ya no cuela. Por encima de servidumbres partidistas, disponen de resortes políticos y sociales suficientes para evitar el desastre. Si no lo hacen, serán cómplices del mismo.