Lo que todos deberian saber sobre el TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO
Esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia. La lista de supuestos enchufados en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y organismos públicos, es larga, y afecta a altos cargos y antiguos directivos de esta institución. Un portavoz oficial asegura que todos han accedido después de pasar una “oposición libre y abierta”. Los miembros de los jurados examinadores son miembros de la institución.
Casi un centenar de familiares
De una plantilla de algo más 700 trabajadores, el 10%, casi 100 son familiares de altos cargos, desde el presidente hasta representantes del comité de empresa y también de consejeros y políticos, según desvela El País, que hace unos días adelantaba datos de la situación en este organismo público, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros al año.
La mujer de Trillo, el hermano de Aznar y las hijas de un franquista
También están muy bien colocados en el Tribunal familiares de exministros y expresidentes, por ejemplo, María José Molinuevo (ahora en excedencia), esposa del embajador en Reino Unido y extiular de Defensa Federico Trillo; el hermano de José María Aznar, Manuel Aznar, consejero a propuesta del PP; y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, también consejera a propuesta de ese partido.
En la institución además trabaja gracias al PP María José de la Fuente, que cuenta allí con dos primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro franquista Licinio de la Fuente.
La media de los sueldos, 3.000 euros netos
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones en los que se cobra los más altos sueldos, unos 3.000 euros, la media. Son un 30% más elevados que el de otros organismos públicos.
Los familiares del presidente y de su número dos
El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernández Álvarez de Miranda, tiene en la institución a dos familiares cercanos, su concuñada Cristina Querarto Iborra y a su sobrino José Manuel García Soriano.
El número dos de la institución, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP) tiene a un hermano, Enrique Medina, una hermana, María Consuelo Medina, a su esposa, María del Carmen Higueras, y a una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus. Este alto cargo replica que sus parientes accedieron al Tribunal antes que el llegase a consejero.
Sueldo de 4.700 euros netos, dos secretarias y coche oficial
Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y un sueldo de 4.700 euros netos al mes durante los nueve años, que son renovables. El número de consejeros asciende a 12 y han sido nombrados por las Cortes: siete de ellos a propuesta del PP y cinco, del PSOE. Uno ha sido consensuado con Izquierda Unida.
El sindicalista Julio Ronda
Otro caso escandaloso es el del sindicalista de UGT Julio Ronda, que tiene sólo graduado escolar y ha conseguido ascender a jefe de equipo con un sueldo de 2.800 euros, a lo que hay que añadir pagas extras por productividad. Ronda tiene en el tribunal a su exesposa, María Isabel Fernández; a su actual pareja, Pilar Ramírez; su nuera, Yolanda de la Torre; su cuñada, Consuelo Dávila; dos sobrinos, Manuel Ramírez y Jesús Sanz; su amigo de la infancia Félix Real Perea; un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda, que jefe de equipo. La actual esposa del sindicalista, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa es actualmente jefe de equipo en el tribunal y su sueldo es superior a los 3.000 euros.
Esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia. La lista de supuestos enchufados en el Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y organismos públicos, es larga, y afecta a altos cargos y antiguos directivos de esta institución. Un portavoz oficial asegura que todos han accedido después de pasar una “oposición libre y abierta”. Los miembros de los jurados examinadores son miembros de la institución.
Casi un centenar de familiares
De una plantilla de algo más 700 trabajadores, el 10%, casi 100 son familiares de altos cargos, desde el presidente hasta representantes del comité de empresa y también de consejeros y políticos, según desvela El País, que hace unos días adelantaba datos de la situación en este organismo público, que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros al año.
La mujer de Trillo, el hermano de Aznar y las hijas de un franquista
También están muy bien colocados en el Tribunal familiares de exministros y expresidentes, por ejemplo, María José Molinuevo (ahora en excedencia), esposa del embajador en Reino Unido y extiular de Defensa Federico Trillo; el hermano de José María Aznar, Manuel Aznar, consejero a propuesta del PP; y la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, también consejera a propuesta de ese partido.
En la institución además trabaja gracias al PP María José de la Fuente, que cuenta allí con dos primas, María Asunción y María Eugenia de la Fuente Asprón, hijas del exministro franquista Licinio de la Fuente.
La media de los sueldos, 3.000 euros netos
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas es una de las instituciones en los que se cobra los más altos sueldos, unos 3.000 euros, la media. Son un 30% más elevados que el de otros organismos públicos.
Los familiares del presidente y de su número dos
El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, hijo del expresidente del Congreso y ex Defensor del Pueblo Fernández Álvarez de Miranda, tiene en la institución a dos familiares cercanos, su concuñada Cristina Querarto Iborra y a su sobrino José Manuel García Soriano.
El número dos de la institución, el presidente de la Sección de Fiscalización, Javier Medina Guijarro (PP) tiene a un hermano, Enrique Medina, una hermana, María Consuelo Medina, a su esposa, María del Carmen Higueras, y a una pariente lejana de su esposa, María Pérez Michaus. Este alto cargo replica que sus parientes accedieron al Tribunal antes que el llegase a consejero.
Sueldo de 4.700 euros netos, dos secretarias y coche oficial
Los consejeros tienen dos secretarias, coche oficial y un sueldo de 4.700 euros netos al mes durante los nueve años, que son renovables. El número de consejeros asciende a 12 y han sido nombrados por las Cortes: siete de ellos a propuesta del PP y cinco, del PSOE. Uno ha sido consensuado con Izquierda Unida.
El sindicalista Julio Ronda
Otro caso escandaloso es el del sindicalista de UGT Julio Ronda, que tiene sólo graduado escolar y ha conseguido ascender a jefe de equipo con un sueldo de 2.800 euros, a lo que hay que añadir pagas extras por productividad. Ronda tiene en el tribunal a su exesposa, María Isabel Fernández; a su actual pareja, Pilar Ramírez; su nuera, Yolanda de la Torre; su cuñada, Consuelo Dávila; dos sobrinos, Manuel Ramírez y Jesús Sanz; su amigo de la infancia Félix Real Perea; un hijo con su primera esposa, Alejandro Ronda, que jefe de equipo. La actual esposa del sindicalista, que empezó como limpiadora en el Ministerio de Defensa es actualmente jefe de equipo en el tribunal y su sueldo es superior a los 3.000 euros.
El Tribunal de Cuentas podría haber prevaricado al conceder una subvención de 411.400 euros al Partido Popular
Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda y le ha permitido hacerlo, entonces estaríamos ante un posible delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas.
Hay dos opciones, o Josep Lanuza mintió a 'elDiario. es' o el Tribunal de Cuentas podría haber prevaricado al conceder una subvención de 411.400€ al Partido Popular.
elDiario. es publicó esta semana un artículo donde contaba que el PP pagó 411.400 euros en las generales del 28A a una empresa de los autores de la campaña sucia contra la izquierda. La campaña consistía en anuncios de Facebook y en carteles por las calles para desmovilizar a la izquierda y que sus votantes fueran a la abstención.
Las dudas que sigue dejando la contratación del PP a la consultora Publick Worldwide S. L son grandes. ‘elDiario. es’ preguntó al administrador de la empresa, Josep Lanuza, por el motivo de su contrato con el Partido Popular en las elecciones generales del pasado año. Lanuza explica que se dedicaron a “localizar a votantes” y a realizar “encuestas y cuestionarios". "Esta empresa hace temas de call center, tracking y no de publicidad en redes", declaraba al digital.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos se puede leer lo siguiente: “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central y el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas en anteriores fiscalizaciones, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”
Los partidos políticos reciben casi la totalidad del importe de la subvención y después de la auditoría del Tribunal de Cuentas, se realiza un ajuste, y se devuelve el importe correspondiente a los gastos que no cumplen los requisitos para ser subvencionados. En su informe de fiscalización de las elecciones generales, el órgano señala que solo 50.463 euros de los que recibió el partido de Casado deben ser devueltos de la subvención. Por tanto, esos 411.400 euros que el PP pagó a Publick Worldwide S. L han sido sufragados por las arcas públicas, a pesar de que el administrador de la empresa declarase que le pagaron por un trabajo que explícitamente excluye el Tribunal en su normativa.
La cuestión, en resumen, deja dos preguntas en el aire. La primera es si el PP ha subvencionado gastos de encuestas, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda y le ha permitido hacerlo, entonces estaríamos ante un supuesto delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. Y si los gastos subvencionados no son encuestas, Josep Lanuza mintió para ocultar lo que estaba desvelando 'elDiario. es', y estaríamos ante el juego sucio en unas elecciones por parte de Pablo Casado. En este caso el PP tendría que dar explicaciones.
El Tribunal de Cuentas es un organismo controlado, en su mayoría, por el PP. Siete de sus miembros (entre los que se encuentra Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno, y la presidenta, María José de la Fuente) fueron propuestos en 2012 por la formación que ahora dirige Pablo Casado. Cinco por el PSOE de Rubalcaba. El año pasado absolvió a Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de pagar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas a Blackstone.
Si el PP ha subvencionado gastos de encuestas como afirma Lanuza, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda y le ha permitido hacerlo, entonces estaríamos ante un posible delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas.
Hay dos opciones, o Josep Lanuza mintió a 'elDiario. es' o el Tribunal de Cuentas podría haber prevaricado al conceder una subvención de 411.400€ al Partido Popular.
elDiario. es publicó esta semana un artículo donde contaba que el PP pagó 411.400 euros en las generales del 28A a una empresa de los autores de la campaña sucia contra la izquierda. La campaña consistía en anuncios de Facebook y en carteles por las calles para desmovilizar a la izquierda y que sus votantes fueran a la abstención.
Las dudas que sigue dejando la contratación del PP a la consultora Publick Worldwide S. L son grandes. ‘elDiario. es’ preguntó al administrador de la empresa, Josep Lanuza, por el motivo de su contrato con el Partido Popular en las elecciones generales del pasado año. Lanuza explica que se dedicaron a “localizar a votantes” y a realizar “encuestas y cuestionarios". "Esta empresa hace temas de call center, tracking y no de publicidad en redes", declaraba al digital.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no puede validar la subvención de esos gastos. En las instrucciones que facilitan a los partidos políticos se puede leer lo siguiente: “Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales sobre intención de voto en periodo electoral, de acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central y el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas en anteriores fiscalizaciones, no se estiman comprendidos en los conceptos recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG”
Los partidos políticos reciben casi la totalidad del importe de la subvención y después de la auditoría del Tribunal de Cuentas, se realiza un ajuste, y se devuelve el importe correspondiente a los gastos que no cumplen los requisitos para ser subvencionados. En su informe de fiscalización de las elecciones generales, el órgano señala que solo 50.463 euros de los que recibió el partido de Casado deben ser devueltos de la subvención. Por tanto, esos 411.400 euros que el PP pagó a Publick Worldwide S. L han sido sufragados por las arcas públicas, a pesar de que el administrador de la empresa declarase que le pagaron por un trabajo que explícitamente excluye el Tribunal en su normativa.
La cuestión, en resumen, deja dos preguntas en el aire. La primera es si el PP ha subvencionado gastos de encuestas, incumpliendo la ley, y el Tribunal de Cuentas ha hecho la vista gorda y le ha permitido hacerlo, entonces estaríamos ante un supuesto delito de prevaricación en el Tribunal de Cuentas. Y si los gastos subvencionados no son encuestas, Josep Lanuza mintió para ocultar lo que estaba desvelando 'elDiario. es', y estaríamos ante el juego sucio en unas elecciones por parte de Pablo Casado. En este caso el PP tendría que dar explicaciones.
El Tribunal de Cuentas es un organismo controlado, en su mayoría, por el PP. Siete de sus miembros (entre los que se encuentra Manuel Aznar, hermano del ex presidente del Gobierno, y la presidenta, María José de la Fuente) fueron propuestos en 2012 por la formación que ahora dirige Pablo Casado. Cinco por el PSOE de Rubalcaba. El año pasado absolvió a Ana Botella y a siete altos cargos de su gobierno de pagar 25,7 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas a Blackstone.