El fallo despejará dudas y marcará la línea de trabajo en otros 200 juicios pendientes derivados de la macrocausa
¿Diseñó la Junta un procedimiento para desactivar los controles y permitir la opacidad de las ayudas? ¿Fueron lícitas las herramientas administrativas que se usaron para repartir y abonar los fondos a las empresas en crisis? ¿Fue el Parlamento andaluz sistemáticamente engañado por los gobiernos socialistas de la Junta? ¿Puede ser ilegal una ley aprobada por la Cámara autonómica? La sentencia del caso ERE que dará a conocer este martes la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla despejará algunas dudas jurídicas reiteradas durante las 152 sesiones del juicio y marcará la línea a seguir en futuros procesamientos pendientes, pues conviene no olvidar que esta pieza que se resuelve ahora es solo una (aunque la principal) de las más de 200 que se derivan de la macrocausa de los ERE.
Ángulo muerto
Los gobiernos socialistas diseñaron lo que se ha conocido como procedimiento específico para tramitar las ayudas que se repartieron entre empresas en crisis y trabajadores. El documento que dio luz verde al sistema lo firmaron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. La tesis de la Fiscalía es que se diseñó expresamente para eludir los controles de la Ley de Subvenciones y facilitar la arbitrariedad. Pero hubo también una herramienta administrativa que se ha puesto en cuestión: se trata de las transferencias de financiación que recibía la agencia IDEA, que era el ente a través del cual se hacía llegar el dinero a sus destinatarios.
En palabras de una de las interventoras citadas como testigo, Rocío Marcos, la utilización de esa fórmula dejó «fuera de control» más de 800 millones de euros repartidos ya sin los filtros ordinarios. Se creó un «ángulo muerto» que impedía a la intervención hacer el seguimiento de los fondos. La figura sería legal pero se usó de forma inadecuada de forma sistemática pese a que los interventores advirtieron de la irregularidad.
Alertas desoídas
¿Por qué no hicieron nada los responsables si los interventores de la Junta emitieron sucesivos informes de alerta? Varios altos cargos acusados niegan haber recibido esos expedientes donde se advertía de la imposibilidad de conocer si las ayudas se estaban adjudicando correctamente. Uno de los informes iba dirigido a José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, pero él niega haberlo llegado a recibir. El tribunal deberá delimitar quién conoció el alcance de las irregularidades y quién eludió su obligación de ponerles coto.
El fondo de reptiles
El relato de la Fiscalía Anticorrupción sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo en la década investigada y de otros miembros del Gobierno andaluz (por acción u omisión) apunta a la existencia de un sistema complejo para evitar la fiscalización sobre el dinero que salía de las partidas 31L -conocida como 'fondo de reptiles'- y 22 E. Y subraya cómo se fue perfeccionando el procedimiento para evitar que se conocieran las cantidades repartidas en cada caso o para que, en la «exigua» tramitación de las subvenciones, no participara ningún funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, sino tan solo «personal externo».
La Fiscalía considera también que, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», tras advertirse de las irregularidades en varios informes de la intervención, los acusados, «teniendo facultades para ello, no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía».
De ese procedimiento irregular, amparado y alimentado de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas presupuestarias fraudulentas, se beneficiaron 77 empresas seleccionadas de forma arbitraria; se permitió que hubiera trabajadores suscritos a las pólizas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas; y se pagó a los agentes mediadores «al menos 66 millones de euros por encima de los precios de mercado».
El papel del Parlamento
También se ha puesto en duda el papel del Parlamento. Las defensas defienden que el uso de las transferencias de financiación era avalado cada año por la Cámara, que aprueba la Ley de Presupuestos en la que se detallaba la utilización de esa herramienta aunque de una forma genérica. Las acusaciones sostienen que se engañaba al Parlamento pues es poco probable que los diputados entraran con tanto detalle técnico en la documentación que acompaña a la Ley de Presupuestos. Y las defensas defienden que si las transferencias las aprobaba el Parlamento no cabe concebir que una ley sea ilegal.
Tantos juicios como piezas separadas
El troceamiento de la causa, que fue la primera decisión que tomó la juez María Núñez Bolaños tras sustituir en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a Mercedes Alaya, ha permitido que los encausados de mayor nivel en el escalafón de la Junta de Andalucía no se vean retratados en el mismo banquillo que el resto de investigados. La juez Alaya siempre defendió la causa como un todo integral que era imposible de desgajar, pues el modus operandi de la Junta era siempre el mismo. Sin embargo, cabe recordar también que era la Fiscalía Anticorrupción la que reclamó a la magistrada una y otra vez que dividiera el proceso de manera que la instrucción no se eternizara y que se fueran cerrando las líneas de trabajo más avanzadas.
¿Diseñó la Junta un procedimiento para desactivar los controles y permitir la opacidad de las ayudas? ¿Fueron lícitas las herramientas administrativas que se usaron para repartir y abonar los fondos a las empresas en crisis? ¿Fue el Parlamento andaluz sistemáticamente engañado por los gobiernos socialistas de la Junta? ¿Puede ser ilegal una ley aprobada por la Cámara autonómica? La sentencia del caso ERE que dará a conocer este martes la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla despejará algunas dudas jurídicas reiteradas durante las 152 sesiones del juicio y marcará la línea a seguir en futuros procesamientos pendientes, pues conviene no olvidar que esta pieza que se resuelve ahora es solo una (aunque la principal) de las más de 200 que se derivan de la macrocausa de los ERE.
Ángulo muerto
Los gobiernos socialistas diseñaron lo que se ha conocido como procedimiento específico para tramitar las ayudas que se repartieron entre empresas en crisis y trabajadores. El documento que dio luz verde al sistema lo firmaron los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. La tesis de la Fiscalía es que se diseñó expresamente para eludir los controles de la Ley de Subvenciones y facilitar la arbitrariedad. Pero hubo también una herramienta administrativa que se ha puesto en cuestión: se trata de las transferencias de financiación que recibía la agencia IDEA, que era el ente a través del cual se hacía llegar el dinero a sus destinatarios.
En palabras de una de las interventoras citadas como testigo, Rocío Marcos, la utilización de esa fórmula dejó «fuera de control» más de 800 millones de euros repartidos ya sin los filtros ordinarios. Se creó un «ángulo muerto» que impedía a la intervención hacer el seguimiento de los fondos. La figura sería legal pero se usó de forma inadecuada de forma sistemática pese a que los interventores advirtieron de la irregularidad.
Alertas desoídas
¿Por qué no hicieron nada los responsables si los interventores de la Junta emitieron sucesivos informes de alerta? Varios altos cargos acusados niegan haber recibido esos expedientes donde se advertía de la imposibilidad de conocer si las ayudas se estaban adjudicando correctamente. Uno de los informes iba dirigido a José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda, pero él niega haberlo llegado a recibir. El tribunal deberá delimitar quién conoció el alcance de las irregularidades y quién eludió su obligación de ponerles coto.
El fondo de reptiles
El relato de la Fiscalía Anticorrupción sobre el funcionamiento de la Consejería de Empleo en la década investigada y de otros miembros del Gobierno andaluz (por acción u omisión) apunta a la existencia de un sistema complejo para evitar la fiscalización sobre el dinero que salía de las partidas 31L -conocida como 'fondo de reptiles'- y 22 E. Y subraya cómo se fue perfeccionando el procedimiento para evitar que se conocieran las cantidades repartidas en cada caso o para que, en la «exigua» tramitación de las subvenciones, no participara ningún funcionario de la administración de la Junta de Andalucía, sino tan solo «personal externo».
La Fiscalía considera también que, «pese a tener conocimiento de la improcedencia de la concesión de fondos públicos descrita», tras advertirse de las irregularidades en varios informes de la intervención, los acusados, «teniendo facultades para ello, no iniciaron procedimiento alguno que permitiese el retorno debido de los mismos a la Junta de Andalucía».
De ese procedimiento irregular, amparado y alimentado de fondos públicos, ejercicio a ejercicio, a través de herramientas presupuestarias fraudulentas, se beneficiaron 77 empresas seleccionadas de forma arbitraria; se permitió que hubiera trabajadores suscritos a las pólizas pese a no haber trabajado nunca en esas empresas; y se pagó a los agentes mediadores «al menos 66 millones de euros por encima de los precios de mercado».
El papel del Parlamento
También se ha puesto en duda el papel del Parlamento. Las defensas defienden que el uso de las transferencias de financiación era avalado cada año por la Cámara, que aprueba la Ley de Presupuestos en la que se detallaba la utilización de esa herramienta aunque de una forma genérica. Las acusaciones sostienen que se engañaba al Parlamento pues es poco probable que los diputados entraran con tanto detalle técnico en la documentación que acompaña a la Ley de Presupuestos. Y las defensas defienden que si las transferencias las aprobaba el Parlamento no cabe concebir que una ley sea ilegal.
Tantos juicios como piezas separadas
El troceamiento de la causa, que fue la primera decisión que tomó la juez María Núñez Bolaños tras sustituir en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a Mercedes Alaya, ha permitido que los encausados de mayor nivel en el escalafón de la Junta de Andalucía no se vean retratados en el mismo banquillo que el resto de investigados. La juez Alaya siempre defendió la causa como un todo integral que era imposible de desgajar, pues el modus operandi de la Junta era siempre el mismo. Sin embargo, cabe recordar también que era la Fiscalía Anticorrupción la que reclamó a la magistrada una y otra vez que dividiera el proceso de manera que la instrucción no se eternizara y que se fueran cerrando las líneas de trabajo más avanzadas.