Terrateniente beneficiado por la dictadura y denunciado por trata

“Nosotros tuvimos un incidente con él por estas personas que tenía, como le digo, en negro y en estado de esclavitud. Eran ciudadanos paraguayos que fueron traídos a trabajar. Querían cobrar sus ingresos y no lo podían obtener, y por eso quisieron dejar el trabajo, pero no los dejaron salir. En aquel momento nosotros intervinimos con la Gendarmería nacional para que pudieran cobrar y volver a su país”. El que le dijo esto al diario Página 12 en el año 2008 es Benigno López, referente del Movimiento Campesino de Formosa. Hablaba de Ricardo Buryaile, en aquel entonces vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Hoy es el elegido por el presidente electo, Mauricio Macri, para conducir el ministerio de Agricultura a partir del 10 de diciembre.

Buryaile es uno de los radicales que, en el marco del frente Cambiemos, accedieron a un cargo en el gabinete de Macri. Fue diputado nacional por Formosa entre 2009 y 2013 y presidió la comisión de Agricultura de la Cámara baja. Ahora es secretario legislativo del bloque de la UCR.

No tuvo problemas sólo con los campesinos de sus establecimentos. También, con el sistema financiero. En el año 2010, la Federación Agraria denunció que Buryaile había acumulado una deuda de 4,5 millones de pesos con el Banco Nación, que le inició cinco juicios para ejecutarle dos campos que, juntos, ocupan una superficie de más de 10 mil hectáreas.

El dirigente López narraba a Página 12 un episodio ocurrido en el año 2000. “Él viene de la familia de los Nicora, que son una familia ganadera. Tienen muchas hectáreas, porque fueron beneficiados con la política de concentración de tierras que se realizó principalmente durante el proceso militar. Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad”, agregaba el dirigente del Mocafor.

No fue ése el único episodio denunciado por los campesinos formoseños. En ese mismo año 2008, siempre según el relato de López, Buryaile “inició un juicio contra diez familias campesinas de la Colonia Santa Rosa” que eran dueñas de las tierras en las que estaban asentadas desde hacía más de 45 años, pero no tenían papeles de propiedad privada. “Son parientes de los Nicora y pagaron esa tierra con trabajo, pero cuando los Buryaile gestionaron la propiedad de sus tierras incluyeron la de ellos como propias y hoy los quieren expulsar”, contó el dirigente aquella vez, y estimó en 10 mil las hectáreas en poder del designado titular de la cartera de Agricultura para el gobierno del PRO.

López le dijo en aquel entonces a Página 12 que su organización inició una causa por el maltrato a los peones rurales que Buryaile explotaba, pero que todo se cerró”. “La gente fue apretada, aquellos trabajadores volvieron al Paraguay y ya no regresaron”.