Los acercamientos de presos de ETA al País Vasco dividen al socialismo histórico.
Cuatro víctimas de la banda vinculadas al PSE opinan en ABC sobre los traslados de reclusos, que se han intensificado en los últimos meses.
Adrián Mateos.
BILBAO. Actualizado: 03/01/2021 05:24h.
El Ministerio del Interior comunicó en vísperas de Nochevieja el acercamiento de otros 12 presos de ETA, incluido el de Juan Carlos Iglesias Chouzas «Gadafi», quien carga a sus espaldas con una veintena de muertes. No se trata de una «rara avis», pues hace tiempo que el hecho de arrastrar crímenes de sangre dejó de ser un impedimento para acceder a este tipo de beneficios penitenciarios. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 130 reclusos han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, de los cuales 49 fueron condenados por asesinato. Una realidad que genera controversia entre quienes padecieron de forma directa la barbarie etarra… y también en el mismo seno del socialismo histórico.
Precisamente, hace solo dos semanas Instituciones Penitenciarias confirmaba el acercamiento del exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri», que fue quien ordenó asesinar al dirigente del PSE Fernando Múgica. En el mismo «lote» de traslados iba uno de los terroristas que participaron en el atentado contra el exvicelendakari Fernando Buesa, Luis Mariñelarena Garciandia. Allegados de estas dos víctimas mortales de la banda ejemplifican la diversidad de pensamiento que existe en torno a la dispersión de los etarras en la «familia» socialista, pues mientras Sara Buesa, hija del político, se ha posicionado públicamente a favor de este tipo de concesiones a los presos —a los que sigue exigiendo autocrítica—, uno de los sucesores de Múgica, José María, reconoce que la política del Ejecutivo central le resulta «incomprensible».
«Vivo con el desconcierto de contemplar que hay toda una política de acercamiento de terroristas que se está llevando a cabo desde hace tiempo pero que no se está explicando», apunta Múgica, quien en 2018 se dio de baja del Partido Socialista a consecuencia del polémico «brindis de Navidad» que protagonizaron Arnaldo Otegui y la líder del PSE, Idoia Mendia, entre otros. Para él, existe una «deliberada voluntad de obviar esa explicación», lo cual, añade, no suele «conducir a nada bueno». Sobre todo, «cuando de lo que se habla es de política penitenciaria» y de terrorismo.
«Aberración» o necesidad.
Una de las claves del debate recae sobre el aspecto legal de los acercamientos. Por un lado, José María Múgica advierte de que si estos se producen de forma masiva y benefician a un único colectivo, en este caso el de los presos de ETA, se estaría practicando una ley penitenciaria desigual para el resto de reclusos. «Una aberración política», sentencia. Otra exmilitante del PSE como Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, destaca por el contrario que la política de alejamientos constituía una «situación especial» en un contexto de amenaza terrorista que a día de hoy ya no existe, y que por tanto mantenerla «no tiene ningún sentido». En esta línea, apunta que este 2021 «se cumplirá una década del alto el fuego de ETA». Y añade: «El partido que más acercó fue el PP de Aznar».
«Yo siempre he defendido que el objetivo de la política penitenciaria de todo Gobierno debe ser la reinserción de los presos, sean comunes, de terrorismo, por violaciones o de cualquier tipo», dice Lasa. Ella misma mantuvo, con motivo del documental «ETA, el final del silencio», un encuentro con uno de los verdugos de su marido, Ibon Etxezarreta, así como con antiguos reclusos de la banda arrepentidos. «Hemos intercambiado opiniones, hemos hecho encuentros -explica a ABC-. Me parecen personas que, de alguna forma, han reconocido que lo que hicieron estuvo mal, que han causado daño a muchas familias. Merecen esa oportunidad de rehacer su vida después de la cárcel precisamente por esa trayectoria personal de autocrítica que han hecho con su pasado». ¿Ha llegado ella a perdonar? «Yo soy agnóstica», responde.
Gorka Landaburu, director de Cambio 16 y afiliado a la formación socialista desde 1993, también es firme defensor de los acercamientos de etarras. Incluso se lo sugirió a Mariano Rajoy, siendo este todavía presidente del Gobierno, en uno de sus desplazamientos al País Vasco. « ¡Qué me dices Gorka! No está en la agenda», recuerda que le respondió el mandatario popular.
Landaburu, que en el 2000 fue destinatario de un paquete bomba que le mutiló varios dedos —dice tener «la suerte de estar vivo, aunque no debería»—, argumenta que la de acabar con la dispersión «no es una cuestión de tener más o menos simpatía» hacia los extremistas. Subraya que «una celda en Sevilla o Córdoba es la misma que una de Vitoria», y que si se acerca a los reclusos de la banda se le arrebataría al nacionalismo radical una de sus principales bazas, dado que tradicionalmente «ha utilizado a los presos como víctimas».
El periodista añade que de esta forma se evitaría además «castigar» a los familiares de los reos, «que desgraciadamente son padres de terroristas pero no son terroristas», con viajes de un millar de kilómetros. «Hay que mirar al futuro, no podemos estar flagelándonos, aunque eso no significa que debamos olvidar lo que ha pasado. Sigo pidiendo autocrítica a la izquierda abertzale, avancemos al mismo tiempo para llegar a la convivencia que queremos».
Cesiones al nacionalismo.
Los acercamientos, que se anuncian de forma semanal y generalmente en bloques de al menos cinco presos, cobran mayor relevancia por el contexto político en el que se producen, a falta de solo tres meses para que se materialice la transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco. El gabinete de Iñigo Urkullu ha anunciado ya su intención de establecer en las tres cárceles del territorio un modelo que ponga el acento sobre la «reinserción social» de los reos. Según Maite Pagazaurtundúa, es ahí donde hay que poner el foco: «Para mí lo importante no es el alejamiento, es el cumplimiento íntegro de las penas», recalca la eurodiputada, ahora integrante de Ciudadanos, cuyo hermano Joseba, policía nacional, jefe de la Policía Municipal de Andoáin (Guipúzcoa), fue asesinado por ETA en el 2003.
Esa «laxitud» que Pagaza advierte en los planes del Ejecutivo autonómico en materia penitenciaria le hace temer que se terminen cruzando «líneas rojas» en beneficio de unos presos terroristas que en su mayoría, recuerda, «no han colaborado con la Justicia» ni se «reinsertan» tras abandonar la prisión. «El alejamiento no debe ser una pena accesoria, pero no hay que enredarse en políticas estériles -afirma la ex del PSE-. Lo que no debe ocurrir en ningún caso es que los presos sean acercados para que después, con el traspaso de la competencia de Prisiones, se les concedan cumplimientos de penas extraños».
La eurodiputada naranja recela también de las posibles cesiones que el Gobierno central haya podido hacer al nacionalismo radical en el marco de la negociación de los Presupuestos. De hecho, uno de cada tres acercamientos de reclusos etarras a los que ha dado luz verde el Ejecutivo de Sánchez se ha autorizado entre el periodo de conversaciones con EH Bildu y el «sí» definitivo de los batasunos a las Cuentas, aunque en el acuerdo entre ambas partes no se hizo ninguna referencia al ámbito penitenciario.
«En todo lo que rodea a ETA siempre ha habido un interés político, igual que se ha utilizado a las víctimas», asume Landaburu, quien sin embargo recalca que los batasunos «han cambiado de estrategia». «Es verdad que no han condenado el pasado, pero están en la vía democrática», afirma. Más crítico con la actuación del Gobierno, Múgica denuncia que «tampoco se entiende» una negociación «con el mundo legatario del terrorismo», principalmente «porque los cinco votos que aportaba Bildu no era necesarios» para aprobar los PGE.
Destaca en este sentido que «si se tienen esos apoyos, es porque se ha querido tenerlos», lo que bajo su punto de vista vulnera una «regla de oro histórica» del Partido Socialista como es la de «no llegar a tratos con herederos de los etarras ni con los del franquismo». «Eso se ha roto».
Cuatro víctimas de la banda vinculadas al PSE opinan en ABC sobre los traslados de reclusos, que se han intensificado en los últimos meses.
Adrián Mateos.
BILBAO. Actualizado: 03/01/2021 05:24h.
El Ministerio del Interior comunicó en vísperas de Nochevieja el acercamiento de otros 12 presos de ETA, incluido el de Juan Carlos Iglesias Chouzas «Gadafi», quien carga a sus espaldas con una veintena de muertes. No se trata de una «rara avis», pues hace tiempo que el hecho de arrastrar crímenes de sangre dejó de ser un impedimento para acceder a este tipo de beneficios penitenciarios. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), 130 reclusos han sido trasladados a cárceles próximas al País Vasco o Navarra desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, de los cuales 49 fueron condenados por asesinato. Una realidad que genera controversia entre quienes padecieron de forma directa la barbarie etarra… y también en el mismo seno del socialismo histórico.
Precisamente, hace solo dos semanas Instituciones Penitenciarias confirmaba el acercamiento del exjefe de ETA José Javier Arizcuren Ruiz, alias «Kantauri», que fue quien ordenó asesinar al dirigente del PSE Fernando Múgica. En el mismo «lote» de traslados iba uno de los terroristas que participaron en el atentado contra el exvicelendakari Fernando Buesa, Luis Mariñelarena Garciandia. Allegados de estas dos víctimas mortales de la banda ejemplifican la diversidad de pensamiento que existe en torno a la dispersión de los etarras en la «familia» socialista, pues mientras Sara Buesa, hija del político, se ha posicionado públicamente a favor de este tipo de concesiones a los presos —a los que sigue exigiendo autocrítica—, uno de los sucesores de Múgica, José María, reconoce que la política del Ejecutivo central le resulta «incomprensible».
«Vivo con el desconcierto de contemplar que hay toda una política de acercamiento de terroristas que se está llevando a cabo desde hace tiempo pero que no se está explicando», apunta Múgica, quien en 2018 se dio de baja del Partido Socialista a consecuencia del polémico «brindis de Navidad» que protagonizaron Arnaldo Otegui y la líder del PSE, Idoia Mendia, entre otros. Para él, existe una «deliberada voluntad de obviar esa explicación», lo cual, añade, no suele «conducir a nada bueno». Sobre todo, «cuando de lo que se habla es de política penitenciaria» y de terrorismo.
«Aberración» o necesidad.
Una de las claves del debate recae sobre el aspecto legal de los acercamientos. Por un lado, José María Múgica advierte de que si estos se producen de forma masiva y benefician a un único colectivo, en este caso el de los presos de ETA, se estaría practicando una ley penitenciaria desigual para el resto de reclusos. «Una aberración política», sentencia. Otra exmilitante del PSE como Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, destaca por el contrario que la política de alejamientos constituía una «situación especial» en un contexto de amenaza terrorista que a día de hoy ya no existe, y que por tanto mantenerla «no tiene ningún sentido». En esta línea, apunta que este 2021 «se cumplirá una década del alto el fuego de ETA». Y añade: «El partido que más acercó fue el PP de Aznar».
«Yo siempre he defendido que el objetivo de la política penitenciaria de todo Gobierno debe ser la reinserción de los presos, sean comunes, de terrorismo, por violaciones o de cualquier tipo», dice Lasa. Ella misma mantuvo, con motivo del documental «ETA, el final del silencio», un encuentro con uno de los verdugos de su marido, Ibon Etxezarreta, así como con antiguos reclusos de la banda arrepentidos. «Hemos intercambiado opiniones, hemos hecho encuentros -explica a ABC-. Me parecen personas que, de alguna forma, han reconocido que lo que hicieron estuvo mal, que han causado daño a muchas familias. Merecen esa oportunidad de rehacer su vida después de la cárcel precisamente por esa trayectoria personal de autocrítica que han hecho con su pasado». ¿Ha llegado ella a perdonar? «Yo soy agnóstica», responde.
Gorka Landaburu, director de Cambio 16 y afiliado a la formación socialista desde 1993, también es firme defensor de los acercamientos de etarras. Incluso se lo sugirió a Mariano Rajoy, siendo este todavía presidente del Gobierno, en uno de sus desplazamientos al País Vasco. « ¡Qué me dices Gorka! No está en la agenda», recuerda que le respondió el mandatario popular.
Landaburu, que en el 2000 fue destinatario de un paquete bomba que le mutiló varios dedos —dice tener «la suerte de estar vivo, aunque no debería»—, argumenta que la de acabar con la dispersión «no es una cuestión de tener más o menos simpatía» hacia los extremistas. Subraya que «una celda en Sevilla o Córdoba es la misma que una de Vitoria», y que si se acerca a los reclusos de la banda se le arrebataría al nacionalismo radical una de sus principales bazas, dado que tradicionalmente «ha utilizado a los presos como víctimas».
El periodista añade que de esta forma se evitaría además «castigar» a los familiares de los reos, «que desgraciadamente son padres de terroristas pero no son terroristas», con viajes de un millar de kilómetros. «Hay que mirar al futuro, no podemos estar flagelándonos, aunque eso no significa que debamos olvidar lo que ha pasado. Sigo pidiendo autocrítica a la izquierda abertzale, avancemos al mismo tiempo para llegar a la convivencia que queremos».
Cesiones al nacionalismo.
Los acercamientos, que se anuncian de forma semanal y generalmente en bloques de al menos cinco presos, cobran mayor relevancia por el contexto político en el que se producen, a falta de solo tres meses para que se materialice la transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno vasco. El gabinete de Iñigo Urkullu ha anunciado ya su intención de establecer en las tres cárceles del territorio un modelo que ponga el acento sobre la «reinserción social» de los reos. Según Maite Pagazaurtundúa, es ahí donde hay que poner el foco: «Para mí lo importante no es el alejamiento, es el cumplimiento íntegro de las penas», recalca la eurodiputada, ahora integrante de Ciudadanos, cuyo hermano Joseba, policía nacional, jefe de la Policía Municipal de Andoáin (Guipúzcoa), fue asesinado por ETA en el 2003.
Esa «laxitud» que Pagaza advierte en los planes del Ejecutivo autonómico en materia penitenciaria le hace temer que se terminen cruzando «líneas rojas» en beneficio de unos presos terroristas que en su mayoría, recuerda, «no han colaborado con la Justicia» ni se «reinsertan» tras abandonar la prisión. «El alejamiento no debe ser una pena accesoria, pero no hay que enredarse en políticas estériles -afirma la ex del PSE-. Lo que no debe ocurrir en ningún caso es que los presos sean acercados para que después, con el traspaso de la competencia de Prisiones, se les concedan cumplimientos de penas extraños».
La eurodiputada naranja recela también de las posibles cesiones que el Gobierno central haya podido hacer al nacionalismo radical en el marco de la negociación de los Presupuestos. De hecho, uno de cada tres acercamientos de reclusos etarras a los que ha dado luz verde el Ejecutivo de Sánchez se ha autorizado entre el periodo de conversaciones con EH Bildu y el «sí» definitivo de los batasunos a las Cuentas, aunque en el acuerdo entre ambas partes no se hizo ninguna referencia al ámbito penitenciario.
«En todo lo que rodea a ETA siempre ha habido un interés político, igual que se ha utilizado a las víctimas», asume Landaburu, quien sin embargo recalca que los batasunos «han cambiado de estrategia». «Es verdad que no han condenado el pasado, pero están en la vía democrática», afirma. Más crítico con la actuación del Gobierno, Múgica denuncia que «tampoco se entiende» una negociación «con el mundo legatario del terrorismo», principalmente «porque los cinco votos que aportaba Bildu no era necesarios» para aprobar los PGE.
Destaca en este sentido que «si se tienen esos apoyos, es porque se ha querido tenerlos», lo que bajo su punto de vista vulnera una «regla de oro histórica» del Partido Socialista como es la de «no llegar a tratos con herederos de los etarras ni con los del franquismo». «Eso se ha roto».