EL PAÍS

Elena G. Sevillano Madrid / 30 de agosto de 2013

El Gobierno allana el camino a la explotación de gas con ‘fracking’

Todos los proyectos deberán someterse a evaluación de impacto ambiental

El Gobierno da alas al 'fracking'

Una ley para acortar plazos

La nueva Ley de Evaluación Ambiental, cuyo proyecto remitió ayer el Consejo de Ministros al Parlamento, dará que hablar durante su tramitación. Lo que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera una mejora —simplificar y agilizar los procedimientos— es para las organizaciones ecologistas un peligro evidente puesto que puede facilitar que se aprueben más proyectos con impacto en el medio ambiente y en menos tiempo. El ministro, Miguel Arias Cañete, explicó ayer que su departamento se ha propuesto dar salida a los 10.000 expedientes que actualmente se acumulan esperando resolución. Aseguró que los retrasos paralizan proyectos que podrían generar 80.000 empleos y 1.000 millones de euros de inversión.
Lo cierto es que, según datos del ministerio, la resolución de proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación ambiental tarda ahora 3,4 años de media, con un máximo de 15,9 años. La ley actual marcaba un plazo de dos años, y la que se discutirá en el Congreso se marca como objetivo cuatro meses. La “reducción de plazos” es uno de los puntos fuertes que subraya el ministerio de Arias Cañete. No así los ecologistas: “Si se acortan los periodos de tramitación y se acelera el proceso nunca va a ser bueno para el medio ambiente”, dice Julio Barea, de Ecologistas en Acción.
“La nueva Ley de Evaluación Ambiental no resuelve los problemas y se lleva a cabo sin correcta participación pública”, criticó ayer SEO/BirdLife, que añadió que la Unión Europea está trabajando en una nueva directiva. “Es una ley reduccionista que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes. Eso provocará que difícilmente se cumplan los plazos, lo que empeorará la calidad de los estudios de impacto ambiental. Finalmente, repercute en el medio ambiente”, señaló la organización.
Una de las novedades que destacó Arias Cañete es la creación de “bancos de conservación de la naturaleza”. Se trata de un instrumento voluntario que podrá utilizarse para compensar o reparar los daños al medio ambiente que provoquen los proyectos. Es una fórmula que se utiliza en Estados Unidos, pero poco conocida en Europa. “Los créditos otorgados para cada banco se podrán transmitir en régimen de libre mercado y serán inscritos en un Registro público dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, asegura el borrador del proyecto de ley fechado el 31 de julio. “Se van a poder comprar créditos en un mercado secundario, lo que supone una mercantilización de la naturaleza”, asegura Juan Carlos Atienza, de SEO/BirdLife. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que los promotores que deban compensar la pérdida de biodiversidad que provocan sus actuaciones (reforestación, por ejemplo) podrán financiar proyectos ya existentes de ONG o fundaciones. “Antes estas medidas de compensación tardaban o eran de imposible ejecución”, señaló. “Buscamos movilizar recursos privados lo más rápido posible”.

FOTO DE VERANO EN MEDINACELI (SORIA) EN SESIONES INFORMATIVAS ALERTANDO DEL PELIGRO DEL FRACKING