EL DIARIO MONTAÑÉS. ES
OCHO EMPRESAS DISFRUTAN DE PERMISOS
Cuatro permisos de fracking siguen operativos y un quinto, en trámite
La plataforma contra la fractura hidráulica teme que el ministerio conceda en breve una nueva licencia a pesar de la ley que prohibe esta
minería
05.01.14 - 00:03 - DAVID REMARTÍNEZ | SANTANDER.
Ocho empresas disfrutan de cinco permisos para realizar exploraciones de gas en
Cantabria, que se encuentran en distintos estados de desarrollo (uno, suspendido) y a los que se podría añadir en breve otro más. La burocracia para autorizar este tipo de minería a las compañías de hidrocarburos no se ha frenado con la ley regional que prohibe la fractura hidráulica, porque, en último término, el semáforo depende del
Gobierno central, al implicar a varias comunidades autónomas la mayor parte de las zonas elegidas para sondeos y extracciones. Y el ministerio sigue concediendo licencias porque su titular, José Manuel
Soria, es un declarado creyente de la fractura hidráulica, hasta el punto de poner en aprietos al presidente regional, Ignacio Diego, quien casi cada semana promete en público que «no habrá fracking en Cantabria mientras yo gobierne».
De las cinco autorizaciones mencionadas, solo una limita su ámbito a Cantabria: se llama 'Arquetu' y comprende 24.876 hectáreas a lo largo de
San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. Se ganó el visto bueno con el último Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, que en 2011 aceptó la solicitud de Trofagás Hidrocarburos, S. L. una filial de BNK Petroleum. Sin embargo, y aunque la compañía dispone de seis años de aprovechamiento, su avance está suspendido al tener pendiente un recurso contencioso-administrativo sin resolver.
Los otros cuatro son distinto
cantar, pues avanzan. 'Luena', concedido a Repsol, proyecta la perforación de un pozo de 2.500 metros de profundidad en los valles pasiegos. El Ministerio de
Medio Ambiente acaba de autorizar los
trabajos preparatorios con explosivos, en trece municipios, desoyendo las alegaciones de colectivos y
ayuntamientos al concluir que no es necesaria una evaluación ambiental previa. Para el pozo posterior, Repsol baraja cuatro ubicaciones, dos en Vega de Pas y dos en
San Pedro del Romeral.
Bajo los permisos 'Bezana' y 'Bigüenzo' operan Repsol, Petroleum Oil and Gas (propiedad de Gas Natural-Fenosa) y Pyrenees Energy Spain. Ambos territorios engloban la comarca Campoo-Los Valles y el Embalse del Ebro, y para 'Bigüenzo', las empresas han solicitado durante 2013 ocho sondeos en Valdeprado del Río y dos para pozos en Valderredible, en los alrededores de
San Martín de Elines, incluida su colegiata. Las diez peticiones están pendientes de respuesta.
Por último, el Ministerio de Industria amplió en 2012 el permiso 'Angosto 1', ahora conocido como 'Gran Enara', que abarca subsuelos de
Burgos,
Vizcaya y Cantabria. Según la plataforma regional contra la fractura hidráulica, ninguno de los pozos en trámite afectan de momento a la región.
Galileo
Pero aún queda un quinto permiso, en trámite de solicitud desde 2011, que la plataforma teme que se resuelva «en un plazo relativamente corto», y a favor de la empresa que lo pretende, Montero Energy.
Denominado 'Galileo', afecta a las cuencas del Asón y el Agüera y a parte de Las Merindades en Burgos, con 77.737 hectáreas marcadas sobre el mapa. Si el ministerio acepta esta inversión empresarial, así como los trabajos planteados en 'Bezana' y 'Bigüenzo', el Gobierno de Cantabria se encontrará con un problema de imagen importante, pues habrá de demostrar algún mecanismo que impida de facto el uso del fracking en la región, toda vez que su ley no ha conseguido frenar el avance administrativo.
La Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo sostiene que la norma aprobada en mayo le faculta para prohibir las prospecciones de gas pizarra como lo haría si aquéllas hicieran peligrar, por ejemplo, un edificio protegido. Sin embargo, está por ver cómo se plasma eso sobre el terreno, es decir, qué medios coercitivos puede utilizar, o qué problemas jurídicos se podrían derivar en caso de un enfrentamiento con las compañías beneficiadas.