NOTICIAS DE ÁLAVA
PRIMERA PARTE
El peso de la calle
EL GOBIERNO CENTRAL HA BLINDADO POR LEY LA PRÁCTICA DEL 'FRACKING', PERO COMUNIDADES COMO CANTABRIA Y LA RIOJA HAN DECIDIDO PROHIBIRLO ANTE LA PRESIÓN SOCIAL SUSCITADA
VITORIA, TXUS DÍEZ - Domingo, 15 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:09h
EL pasado mes de julio, el Gobierno de Mariano Rajoy dio el paso definitivo para dar carta de naturaleza al fracking en España, justo en el momento en el que la contestación social ante esta técnica de extracción de hidrocarburos va ganando peso específico y empieza a preocupar a los políticos. El carácter rural de esa oposición a la fractura hidráulica y su desconexión geográfica -hay decenas de plataformas por todo el Estado que hasta hace no mucho trabajaban de forma descoordinada- la ha hecho invisible de cara a la opinión pública estatal más generalista.
Las cosas, de todos modos, están cambiando. Las plataformas ahora trabajan juntas, su mensaje va calando en las ciudades y los políticos comienzan a darse cuenta de que según cómo gestionen este asunto ganarán o perderán un número de votos importante. En ese sentido, la manifestación que hace un año se celebró en Vitoria y que reunió a más de 10.000 personas fue un importante aviso a navegantes.
Así pues, el peso de la presión popular se va acercando al de las empresas exploradoras y extractoras, y ahora el combate se libra entre púgiles de similar categoría, como prueba el hecho de que las firmas implicadas en los proyectos, entre ellas la sociedad pública vasca Shesa, hayan constituido un lobby llamado a propagar las virtudes del fracking entre la población: Shale Gas España.
Ante este precipitado despertar de la opinión pública -hace tres años nadie sabía qué es el fracking-, los gobiernos y parlamentos regionales han trasladado esta técnica a la zona noble de la agenda política y a día de hoy ya hay comunidades en las que se ha prohibido. Ha sido además en taifas del PP donde primero se ha dado el alto a la industria del fracking, lo que supone una piedra en el zapato del ministro de Industria, José Manuel Soria.
El político canario no disimula su querencia por la fractura hidráulica en los medios de comunicación, aunque legalmente su carta blanca se haya colado con calzador, en julio, como se mencionaba anteriormente, en la ley llamada a garantizar el suministro de energía en las islas del Estado. Curioso fondo para una técnica que nadie se atreve a probar en las volcánicas Canarias -los sondeos planificados cerca de Lanzarote y Fuerteventura son tradicionales, y también cuentan con una importante oposición social-, y que en Baleares estudia vetar un gobierno popular.
En cualquier caso, la intención del Ejecutivo central queda en evidencia cuando se lee la disposición final segunda de la norma, que modifica la Ley de Hidrocarburos de 1998 para permitir la prospección de sondeos mediante "las técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica".
FOTO: MANIFESTACIÓN ANTIFRACKING EN BURGOS EN MAYO
PRIMERA PARTE
El peso de la calle
EL GOBIERNO CENTRAL HA BLINDADO POR LEY LA PRÁCTICA DEL 'FRACKING', PERO COMUNIDADES COMO CANTABRIA Y LA RIOJA HAN DECIDIDO PROHIBIRLO ANTE LA PRESIÓN SOCIAL SUSCITADA
VITORIA, TXUS DÍEZ - Domingo, 15 de Septiembre de 2013 - Actualizado a las 06:09h
EL pasado mes de julio, el Gobierno de Mariano Rajoy dio el paso definitivo para dar carta de naturaleza al fracking en España, justo en el momento en el que la contestación social ante esta técnica de extracción de hidrocarburos va ganando peso específico y empieza a preocupar a los políticos. El carácter rural de esa oposición a la fractura hidráulica y su desconexión geográfica -hay decenas de plataformas por todo el Estado que hasta hace no mucho trabajaban de forma descoordinada- la ha hecho invisible de cara a la opinión pública estatal más generalista.
Las cosas, de todos modos, están cambiando. Las plataformas ahora trabajan juntas, su mensaje va calando en las ciudades y los políticos comienzan a darse cuenta de que según cómo gestionen este asunto ganarán o perderán un número de votos importante. En ese sentido, la manifestación que hace un año se celebró en Vitoria y que reunió a más de 10.000 personas fue un importante aviso a navegantes.
Así pues, el peso de la presión popular se va acercando al de las empresas exploradoras y extractoras, y ahora el combate se libra entre púgiles de similar categoría, como prueba el hecho de que las firmas implicadas en los proyectos, entre ellas la sociedad pública vasca Shesa, hayan constituido un lobby llamado a propagar las virtudes del fracking entre la población: Shale Gas España.
Ante este precipitado despertar de la opinión pública -hace tres años nadie sabía qué es el fracking-, los gobiernos y parlamentos regionales han trasladado esta técnica a la zona noble de la agenda política y a día de hoy ya hay comunidades en las que se ha prohibido. Ha sido además en taifas del PP donde primero se ha dado el alto a la industria del fracking, lo que supone una piedra en el zapato del ministro de Industria, José Manuel Soria.
El político canario no disimula su querencia por la fractura hidráulica en los medios de comunicación, aunque legalmente su carta blanca se haya colado con calzador, en julio, como se mencionaba anteriormente, en la ley llamada a garantizar el suministro de energía en las islas del Estado. Curioso fondo para una técnica que nadie se atreve a probar en las volcánicas Canarias -los sondeos planificados cerca de Lanzarote y Fuerteventura son tradicionales, y también cuentan con una importante oposición social-, y que en Baleares estudia vetar un gobierno popular.
En cualquier caso, la intención del Ejecutivo central queda en evidencia cuando se lee la disposición final segunda de la norma, que modifica la Ley de Hidrocarburos de 1998 para permitir la prospección de sondeos mediante "las técnicas habituales en la industria, entre ellas, la fracturación hidráulica".
FOTO: MANIFESTACIÓN ANTIFRACKING EN BURGOS EN MAYO