EL MAGISTRADO MÁS AFÍN AL PP DIRIGE LA ESTOCADA DEL 'CASO FAISÁN'
Enrique López, el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional
Si a algún magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato al descabello.
En realidad, este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero frente a un enfurecido morlaco".
Según coinciden varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración con ETA".
El auto, fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola, y el ¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".
Objetivo: Rubalcaba
En el voto particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.
"No es colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo
En el manual de campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado. Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la Audiencia.
"Por la calle de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.
"Sin precedentes"
El juez ya fue determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".
El auto causó mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones. "De aquellos polvos, estos lodos",
Enrique López, el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional
Si a algún magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato al descabello.
En realidad, este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero frente a un enfurecido morlaco".
Según coinciden varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración con ETA".
El auto, fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola, y el ¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".
Objetivo: Rubalcaba
En el voto particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.
"No es colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo
En el manual de campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado. Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la Audiencia.
"Por la calle de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.
"Sin precedentes"
El juez ya fue determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".
El auto causó mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones. "De aquellos polvos, estos lodos",