El Partido Popular considera que Bruselas no puede legislar para imponer cuotas femeninas en los consejos de administración empresariales. En la última comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea de la semana pasada, el partido del Gobierno votó en contra de un dictamen que aceptaba que la UE tiene competencias en esta materia. La Comisión Europea, con la titular de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, al frente, trata de sacar adelante una directiva para obligar a las grandes compañías europeas a tener un 40% de mujeres en sus cúpulas.

Aunque no se ha pronunciado de manera directa sobre esta directiva, la oposición de España sobre el fondo del asunto supone un obstáculo más para sacar adelante esta regulación. Se suma al rechazo frontal y explícito de un grupo de países como Holanda, Reino Unido o Alemania —Angela Merkel y David Cameron han sido, de hecho, muy críticos—, que se niegan a que Bruselas tenga capacidad de imponer a los Estados miembros algo que consideran un asunto nacional.

La comisaria Reding lleva más de un año tratando de sacar adelante su plan, que ha quedado algo descafeinado por el camino: ahora afectará solo a grandes empresas cotizadas en Bolsa, que tendrán de plazo hasta 2020 para tener consejos de administración paritarios. El objetivo es que ningún sexo tenga una participación inferior al 40%. La directiva, que tras mucha lucha de la titular europea de Justicia, logro el visto bueno de la Comisión el 13 de noviembre debe pasar ahora por el Parlamento Europeo y por el Consejo Europeo. Será en este órgano, del que forman parte los ministros de los Estados miembros, donde tenga mayores dificultades.

La comisaria Reding quiere un 40% de mujeres en cúpulas directivas
A las ya existentes, sumó una más la semana pasada con el rechazo del PP al dictamen de la senadora de Convergència i Unió Eva Parera que se mostraba favorable a que Bruselas regule este asunto. Parera incidía en el escaso porcentaje —apenas un 13,7%, de media— de mujeres en las cúpulas directivas empresariales europeas, y en la necesidad de iniciar medidas para corregir ese desequilibrio. “Solamente con una acción coordinada a través de la Unión Europea puede lograrse el objetivo perseguido”, afirmó Parera en la Comisión. El documento, del que actuó como ponente y que apoyaban todos los partidos excepto el del Gobierno, defendía que la propuesta de directiva de Reding respetaba el principio de subsidiariedad —es decir, que Bruselas es competente para legislar—. También el de proporcionalidad ya que “solo se limita a fijar unos objetivos comunes con carácter temporal y deja a los Estados miembros la libertad suficiente para determinar cómo deben alcanzarlo a nivel nacional”.

El PP, sin embargo, como afirmó la senadora Irene Moreno, no cree necesaria la directiva comunitaria. Considera que la ley de igualdad y las acciones para fomentar la participación femenina que lleva a cabo el Gobierno, que anima a las empresas a autorregularse, son suficientes.

La ley de Igualdad española daba en 2007 un plazo de ocho años para que las empresas incluyeran en sus cúpulas un número de mujeres suficientes para alcanzar el equilibrio. “La norma decía, no obstante, que las empresas ‘procurarán’ contar con ese equilibrio. No es obligatoria ni contempla sanciones”, recuerda la diputada socialista Carmen Montón