La CUP se adueña del ‘procés’
La izquierda anticapitalista acapara el protagonismo en el tramo final del plan separatista, con anuncios sobre el censo y las urnas que corresponderían al 'Govern'. Tras lograr la renuncia de Mas, ha pedido también la cabeza de varios altos cargos.
DANI CORDERO.
Barcelona 15 AGO 2017 - 06:38.
La CUP intenta adueñarse del discurso que tiene como eje el proceso independentista catalán. Se ha erigido en portavoz del Govern en materias que la Generalitat evita —o simula querer evitar— hacer públicos, al afirmar, por ejemplo, que tanto el censo como las urnas para el referéndum del 1 de octubre están ya listos. Y no ha vacilado en cargar contra el Ejecutivo catalán y especialmente contra el PDeCAT, la antigua Convergència. El último episodio ha sido la petición de que el consejero de Empresa, Santi Vila, no continúe en el Gobierno autónomo tras el 1-O, después de que este criticara y decidiera denunciar judicialmente el ataque de Arran, grupo vinculado a la CUP, a un autobús turístico.
La estrategia de los anticapitalistas, que obliga a las respuestas críticas del Govern, les ha dado todo el protagonismo en unas fechas del verano que la Generalitat preveía de perfil bajo. Ayer el consejero de Territorio, Josep Rull, lamentó que esas “gesticulaciones” de la CUP dificultan ampliar la base independentista, y advirtió de que si mantienen ese discurso —en referencia al “acto vandálico” contra el turismo— serán “cuatro” en el movimiento secesionista.
El Gobierno catalán hace equilibrios para mantener el apoyo de los anticapitalistas y no resquebrajar la mayoría en la que se apoya la hoja de ruta del president Carles Puigdemont. Queda un mes y medio para la fecha señalada por este para celebrar un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que sería ilegal, y que el Gobierno de Mariano Rajoy ha afirmado que no se producirá. Los diez escaños de la CUP son indispensables para tener una mayoría que apoye las normas vinculadas al proceso separatista y no dejar caer la legislatura.
Ataques al PDeCAT
ERC ha optado por una posición silente. Lleva un año mostrándose como intermediario entre el PDeCAT y la CUP. Incluso ha evitado responder a las críticas de los anticapitalistas cuando estos reclamaban unos Presupuestos más sociales al líder de los republicanos y vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, al que acusaban de traicionar los principios de su partido.
Pero al PDeCAT le cuesta más quedarse callado ante las exigencias y los reproches procedentes de la CUP, si bien lo intenta. “Les gusta gesticular y nosotros no nos distraeremos”, afirmó ayer Rull en una entrevista en Catalunya Ràdio. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, evitó entrar al trapo el domingo. Pero sí que estalló David Bonvehí, responsable de organización de la nueva Convergència, cuando tildó de “miserable” la campaña que la izquierda anticapitalista ha lanzado para defender el sí en el referéndum. El cartel muestra a una mujer que barre sobre un mapa de lo que la CUP denomina Países Catalanes (que incluye a la Comunidad Valenciana y Baleares) y en el que aparecen, entre otros, Artur Mas —junto a una porra y unas tijeras en referencia a los recortes que afectaron a la sanidad y la educación— y Jordi Pujol —portando una maleta con el 3%, en referencia al supuesto cobro de mordidas por parte de Convergència—.
Mas, ahora presidente del PDeCAT, fue la primera víctima que se cobraron los anticapitalistas cuando, tras las elecciones autonómicas de 2015, condicionaron el apoyo a un Gobierno de Junts pel Sí a que el entonces president de la Generalitat y candidato a la reelección se retirara de la primera línea política. Y así fue. No ha sido el único caso. Desde la CUP también hubo intensas presiones para que Puigdemont destituyera a Jordi Jané cuando este era consejero de Interior por la actuación de los Mossos d’Esquadra como policía judicial. Le acusaban de estar detrás de las detenciones de miembros de la CUP que quemaron fotos del Rey durante la Diada. Jané fue uno de los consejeros destituidos en la segunda crisis de gobierno de julio. Y ahora la CUP ha situado en la misma posición a Santi Vila.
Hombre de confianza de Puigdemont, Vila es uno de los consejeros más moderados y siempre ha dicho que, si por él hubiera sido, no habría aceptado un Gobierno de Junts pel Sí dependiendo de la CUP.
Pese a haber forzado la prórroga de unos Presupuestos y una cuestión de confianza, la CUP no está logrando todos sus objetivos en lo que se refiere a la organización del referéndum. Junts pel Sí todavía no ha aprobado ninguna de las dos leyes con las que pretende amparar la consulta, como reclamaban los anticapitalistas con un discurso que reclama no postergar la desobediencia. Aunque la ley del referéndum se registró en el Parlament, la Mesa de la Cámara evitará previsiblemente darle trámite en su reunión de este miércoles para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional. Y todavía hay dudas sobre el calendario de la Ley de Transitoriedad Jurídica, que aún no se ha presentado y que la CUP quiere tener aprobada antes del referéndum, a lo que se resisten sus socios parlamentarios.
La izquierda anticapitalista acapara el protagonismo en el tramo final del plan separatista, con anuncios sobre el censo y las urnas que corresponderían al 'Govern'. Tras lograr la renuncia de Mas, ha pedido también la cabeza de varios altos cargos.
DANI CORDERO.
Barcelona 15 AGO 2017 - 06:38.
La CUP intenta adueñarse del discurso que tiene como eje el proceso independentista catalán. Se ha erigido en portavoz del Govern en materias que la Generalitat evita —o simula querer evitar— hacer públicos, al afirmar, por ejemplo, que tanto el censo como las urnas para el referéndum del 1 de octubre están ya listos. Y no ha vacilado en cargar contra el Ejecutivo catalán y especialmente contra el PDeCAT, la antigua Convergència. El último episodio ha sido la petición de que el consejero de Empresa, Santi Vila, no continúe en el Gobierno autónomo tras el 1-O, después de que este criticara y decidiera denunciar judicialmente el ataque de Arran, grupo vinculado a la CUP, a un autobús turístico.
La estrategia de los anticapitalistas, que obliga a las respuestas críticas del Govern, les ha dado todo el protagonismo en unas fechas del verano que la Generalitat preveía de perfil bajo. Ayer el consejero de Territorio, Josep Rull, lamentó que esas “gesticulaciones” de la CUP dificultan ampliar la base independentista, y advirtió de que si mantienen ese discurso —en referencia al “acto vandálico” contra el turismo— serán “cuatro” en el movimiento secesionista.
El Gobierno catalán hace equilibrios para mantener el apoyo de los anticapitalistas y no resquebrajar la mayoría en la que se apoya la hoja de ruta del president Carles Puigdemont. Queda un mes y medio para la fecha señalada por este para celebrar un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que sería ilegal, y que el Gobierno de Mariano Rajoy ha afirmado que no se producirá. Los diez escaños de la CUP son indispensables para tener una mayoría que apoye las normas vinculadas al proceso separatista y no dejar caer la legislatura.
Ataques al PDeCAT
ERC ha optado por una posición silente. Lleva un año mostrándose como intermediario entre el PDeCAT y la CUP. Incluso ha evitado responder a las críticas de los anticapitalistas cuando estos reclamaban unos Presupuestos más sociales al líder de los republicanos y vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, al que acusaban de traicionar los principios de su partido.
Pero al PDeCAT le cuesta más quedarse callado ante las exigencias y los reproches procedentes de la CUP, si bien lo intenta. “Les gusta gesticular y nosotros no nos distraeremos”, afirmó ayer Rull en una entrevista en Catalunya Ràdio. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, evitó entrar al trapo el domingo. Pero sí que estalló David Bonvehí, responsable de organización de la nueva Convergència, cuando tildó de “miserable” la campaña que la izquierda anticapitalista ha lanzado para defender el sí en el referéndum. El cartel muestra a una mujer que barre sobre un mapa de lo que la CUP denomina Países Catalanes (que incluye a la Comunidad Valenciana y Baleares) y en el que aparecen, entre otros, Artur Mas —junto a una porra y unas tijeras en referencia a los recortes que afectaron a la sanidad y la educación— y Jordi Pujol —portando una maleta con el 3%, en referencia al supuesto cobro de mordidas por parte de Convergència—.
Mas, ahora presidente del PDeCAT, fue la primera víctima que se cobraron los anticapitalistas cuando, tras las elecciones autonómicas de 2015, condicionaron el apoyo a un Gobierno de Junts pel Sí a que el entonces president de la Generalitat y candidato a la reelección se retirara de la primera línea política. Y así fue. No ha sido el único caso. Desde la CUP también hubo intensas presiones para que Puigdemont destituyera a Jordi Jané cuando este era consejero de Interior por la actuación de los Mossos d’Esquadra como policía judicial. Le acusaban de estar detrás de las detenciones de miembros de la CUP que quemaron fotos del Rey durante la Diada. Jané fue uno de los consejeros destituidos en la segunda crisis de gobierno de julio. Y ahora la CUP ha situado en la misma posición a Santi Vila.
Hombre de confianza de Puigdemont, Vila es uno de los consejeros más moderados y siempre ha dicho que, si por él hubiera sido, no habría aceptado un Gobierno de Junts pel Sí dependiendo de la CUP.
Pese a haber forzado la prórroga de unos Presupuestos y una cuestión de confianza, la CUP no está logrando todos sus objetivos en lo que se refiere a la organización del referéndum. Junts pel Sí todavía no ha aprobado ninguna de las dos leyes con las que pretende amparar la consulta, como reclamaban los anticapitalistas con un discurso que reclama no postergar la desobediencia. Aunque la ley del referéndum se registró en el Parlament, la Mesa de la Cámara evitará previsiblemente darle trámite en su reunión de este miércoles para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional. Y todavía hay dudas sobre el calendario de la Ley de Transitoriedad Jurídica, que aún no se ha presentado y que la CUP quiere tener aprobada antes del referéndum, a lo que se resisten sus socios parlamentarios.