El poder judicial belga reprocha al Tribunal Supremo español que se declare competente para juzgar a todos los implicados en el asunto 1-O sin una base jurídica "explícita".
"Sin un texto jurídico explícito en este sentido, el Tribunal Supremo no puede ser considerado como el órgano judicial establecido por la ley", afirma la sentencia final que niega la extradición del ex asesor Lluís Puig a España y al que la ACN ha tenido acceso. Así, Bélgica cuestiona abiertamente al alto tribunal español por violar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio justo. Como segundo argumento de peso para denegar la entrega, los tres magistrados belgas de alto rango advierten del riesgo de "violación de la presunción de inocencia".
"Las conclusiones ampliamente documentadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (...) en relación con las declaraciones de altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de los involucrados antes de que la sentencia sea válida", concluye el fallo de 18 páginas. A continuación añade que estos también se aplican en el caso de Lluís Puig.
Por lo tanto, a pesar de aceptar que el delito de malversación por parte de la organización del referéndum 1-O, para el que el Tribunal Supremo reclamó Puig, permite la aceptación del Euroorder, la justicia belga se niega a extraditarlo porque confirma dos violaciones de los derechos fundamentales (derecho a un juicio justo y presunción de inocencia) en la causa del proceso previamente corroborado por la agencia anteriormente corroborada por la agencia previamente corroborada por la agencia
Estrasburgo considera que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias es una instancia internacional que es valorable a la suya propia.
Violación del derecho a un juicio justo
El poder judicial belga recoge los argumentos aportados por el Tribunal Supremo en marzo de 2020, donde defiende su poder de juzgar a Puig por malversación "ya que se trata de un delito estrechamente vinculado al delito de sedición", que estarían dentro de sus facultades para afectar al Estado en su conjunto. Sin embargo, Bélgica rechaza esta justificación.
"La prórroga hecha por el Tribunal Supremo a los demandados que no eran parlamentarios debido a la estrecha relación con los delitos imputados al acusado de que estarían bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo parece basarse en la jurisprudencia del propio Supremo español, sin que ello tenga fundamento en una disposición legal explícita", señala la resolución belga.
Para los magistrados de apelación, esto se opone frontalmente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. Concretamente, el Tribunal de Apelación de Bruselas recuerda que Estrasburgo considera una violación del derecho a un juicio justo para juzgar a una persona en un tribunal que no pertenece sólo porque en la causa hay otros demandados que son competencia de dicho tribunal sin que "la ley lo autorice explícitamente".
Por el contrario, los magistrados belgas no ven "convincente" las críticas de Puig al sistema judicial español en general ni que argumenta que el nombramiento de jueces por "razones políticas" implica la falta de garantías para un juicio justo.
Rechazar otros tipos de infracciones
Además de apelar al derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la defensa del ex asesor también alegó otras violaciones de los derechos fundamentales a negar al Euroorder el derecho a acceder a un abogado, a no ser juzgado por sus opiniones políticas o por una sanción prevista, entre otras. La apelación descarta que existe algún riesgo de violación de todos estos otros derechos en su caso.
"Sin un texto jurídico explícito en este sentido, el Tribunal Supremo no puede ser considerado como el órgano judicial establecido por la ley", afirma la sentencia final que niega la extradición del ex asesor Lluís Puig a España y al que la ACN ha tenido acceso. Así, Bélgica cuestiona abiertamente al alto tribunal español por violar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio justo. Como segundo argumento de peso para denegar la entrega, los tres magistrados belgas de alto rango advierten del riesgo de "violación de la presunción de inocencia".
"Las conclusiones ampliamente documentadas por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (...) en relación con las declaraciones de altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de los involucrados antes de que la sentencia sea válida", concluye el fallo de 18 páginas. A continuación añade que estos también se aplican en el caso de Lluís Puig.
Por lo tanto, a pesar de aceptar que el delito de malversación por parte de la organización del referéndum 1-O, para el que el Tribunal Supremo reclamó Puig, permite la aceptación del Euroorder, la justicia belga se niega a extraditarlo porque confirma dos violaciones de los derechos fundamentales (derecho a un juicio justo y presunción de inocencia) en la causa del proceso previamente corroborado por la agencia anteriormente corroborada por la agencia previamente corroborada por la agencia
Estrasburgo considera que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias es una instancia internacional que es valorable a la suya propia.
Violación del derecho a un juicio justo
El poder judicial belga recoge los argumentos aportados por el Tribunal Supremo en marzo de 2020, donde defiende su poder de juzgar a Puig por malversación "ya que se trata de un delito estrechamente vinculado al delito de sedición", que estarían dentro de sus facultades para afectar al Estado en su conjunto. Sin embargo, Bélgica rechaza esta justificación.
"La prórroga hecha por el Tribunal Supremo a los demandados que no eran parlamentarios debido a la estrecha relación con los delitos imputados al acusado de que estarían bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo parece basarse en la jurisprudencia del propio Supremo español, sin que ello tenga fundamento en una disposición legal explícita", señala la resolución belga.
Para los magistrados de apelación, esto se opone frontalmente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. Concretamente, el Tribunal de Apelación de Bruselas recuerda que Estrasburgo considera una violación del derecho a un juicio justo para juzgar a una persona en un tribunal que no pertenece sólo porque en la causa hay otros demandados que son competencia de dicho tribunal sin que "la ley lo autorice explícitamente".
Por el contrario, los magistrados belgas no ven "convincente" las críticas de Puig al sistema judicial español en general ni que argumenta que el nombramiento de jueces por "razones políticas" implica la falta de garantías para un juicio justo.
Rechazar otros tipos de infracciones
Además de apelar al derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia, la defensa del ex asesor también alegó otras violaciones de los derechos fundamentales a negar al Euroorder el derecho a acceder a un abogado, a no ser juzgado por sus opiniones políticas o por una sanción prevista, entre otras. La apelación descarta que existe algún riesgo de violación de todos estos otros derechos en su caso.