Compañías eléctricas y puertas giratorias en la democracia

Estamos en presencia de un oligopolio eléctrico organizado desde el franquismo, que se ha perpetuado en el tiempo y encontrado su mecanismo de persistencia en la corrupción de las puertas giratorias.

Uno de los espectáculos más repugnante que pone de manifiesto la realidad del «libre mercado» bajo el capitalismo, es el de «las puertas giratorias», mediante el cual se evidencia, en general, la supeditación de la actividad política institucional al dictado de las grandes empresas, que premian a los gobernantes que les son propicios, o actúan a su dictado, con puestos en sus consejos de administración retribuidos con cientos de miles de euros al año.

Las empresas del oligopolio eléctrico son las principales ejecutoras, que no las únicas, de este corrupto comportamiento que prostituye la democracia en España.

Según puede observarse en cualquier revista económica, el salario de estos supuestos «asesores» en las compañías mercantiles que conforman el oligopolio eléctrico, oscila entre los doscientos y los trescientos mil euros anuales. Pendientes de obtener tan jugoso estipendio, es más que previsible que muchos cargos públicos estén ocupados en satisfacer todos los deseos de aquellos grupos empresariales, para obtener posteriormente el consiguiente desmesurado beneficio.

De los siete presidentes de gobierno que hemos tenido desde que se estableció el régimen del 78, tres de ellos han trabajado posteriormente para las eléctricas: Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar, así como más de veinte ministros, y muchísimos ex secretarios de estado.

Felipe González, para Gas Natural Fenosa, José María Aznar, para Endesa y Calvo Sotelo, para Unión Fenosa.

Tres de cada diez ministros de González, Aznar y Zapatero, encontraron su acomodo en empresas privadas saltando del Consejo de Ministros a sus consejos de administración.

Merece ser destacado que este ha sido el destino de todos los considerados «grandes timoneles» de la economía: Miguel Boyer (Red Eléctrica), Solbes (Enel), Guindos, (Endesa), Elena Salgado (Endesa) y Rato, si bien este último, más original, en lugar de disfrutar plaza en alguno de estos consejos, facturó a Endesa 25.8 millones de euros.

Ocuparía todo el artículo la exposición de los nombres y apellidos de estos individuos que tras ocupar cargo público, directa o indirectamente relacionados con la energía, posteriormente obtuvieron puesto remunerado en estas compañías eléctricas. Destaquemos algunos de ellos, por sus importantes responsabilidades públicas, como Ramón Pérez Simarro, Secretario General de Energía en el gobierno de Felipe González, que en 1993 ascendió a la cúpula de Repsol y desde 2009 pasó a ser consejero de Enagás o Narcís Serra, Cristina Garmendía, Angel Acebes, Juan M. Atutxa, Javier Solana, Ana Palacio, Alberto Lafuente Fernández, Víctor Pérez Pita, Pedro Mejía Gómez, Guillermo de la Dehesa Romero, Paulina Beato Blanco, Antonio Llardón, Manuel Marín, Manuel Amigo, Braulio Medel, Juan Pedro Hdez Moltó… y un largo etc.

En la misma situación podemos encontrar a las ex ministras del PP, Isabel García Tejerina y Fátima Báñez, ambas fichadas por filiales de Iberdrola.

El paso decisivo para la llamada liberalización del sector eléctrico lo dio Felipe González mediante la Ley 54/97, que renunciaba abiertamente al concepto de servicio público para este sector, y destacaba que la fijación del precio del suministro se dejaría «en manos de la oferta y la demanda». A partir de ahí se han ido sucediendo las medidas neoliberales, que dejaban en manos del oligopolio eléctrico el absoluto control del suministro de energía en nuestro país.

Como medida especialmente regresiva, destaquemos la Reforma del Mercado Eléctrico llevada a cabo por el gobierno de M. Rajoy, mediante Ley 24/13, que establecía el llamado «impuesto al sol» y recortaba los subsidios a las renovables, dando plena satisfacción al oligopolio.

Dos de los altos cargos ejecutores de esta medida rápidamente (en menos de un año) estaban colocados en las eléctricas: Ignacio Grangel, ex director del gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, que aterrizó en Red Eléctrica de España, para desempeñar unas competencias que no habían existido hasta la fecha y Luis Valero Artola, fichado por Enagas.

El Observatorio de la Deuda de la Globalización, «que elabora análisis críticos de procesos complejos y/o estructurales… frente a las desigualdades sociales, económicas, ambientales y de género», calcula que los llamados beneficios caídos del cielo, supuestos costes de transición a la apertura de una mayor competencia para el oligopolio, han logrado para este la recepción de unas ayudas públicas de 7.327 millones de euros. Efectúa, además, un cálculo entre los años 1998 a 2013, y cuantifica entre 70.000 y 80.000 millones de euros lo que se habría abonado graciosamente al oligopolio eléctrico por aquel concepto. En todas las facturas de la luz se abona un cargo que cobra a los consumidores el supuesto coste por la emisión de CO2 de gases de efecto invernadero. El problema reside en que existen ciertos productores de la energía, como las centrales nucleares o las de energías renovables, que son retribuidas también por el coste de esta emisión, cuando en realidad estas compañías no emiten CO2 para generar electricidad. ¿Por qué cobran este cargo a los consumidores? De ahí, precisamente, el nombre de beneficios caídos del cielo.

En fin, el cúmulo de actividades realizadas por estos personajes sin escrúpulos, desde las más altas instancias del aparato del estado, para satisfacer el lucro continuo y desaforado de estas compañías eléctricas, que utilizan lo público en su provecho, generador en consecuencia de enormes beneficios, pone de manifiesto, de manera descarada y que precisa de pocas demostraciones, como aquellos utilizan sus facultades institucionales para trazar políticas, no en beneficio del bien común, o de los ciudadanos en general, sino para atender los intereses del oligopolio eléctrico, que los retribuye más tarde, mediante nombramientos para cargos en los consejos de administración en sus distintas corporaciones mercantiles. No cabe espectáculo más obsceno.

Sin embargo, es de tal magnitud el botín, que no parece que se propongan decisiones eficaces para acabar con este mercadeo. El actual gobierno de coalición, que sepamos, no ha adoptado ni una medida para combatir estas prácticas fraudulentas, ni parece que tenga intención de hacerlo.

En definitiva, estamos en presencia de un oligopolio eléctrico que produce beneficios millonarios, organizado desde el franquismo en su día para beneficiar a los Juan March, Barrié de la Maza, Oriol y Urquijo, y demás prebostes que fueron decisivos para el triunfo del alzamiento militar, que se ha perpetuado en el tiempo y encontrado su mecanismo de persistencia en la corrupción de las puertas giratorias, que permite comprar a responsables políticos del más diverso signo con cargos pingüemente retribuidos, siempre que aseguren una política diseñada para el sostenimiento e incremento del beneficio de sus verdaderos jefes, que son, no quepa ninguna duda, quienes les pagan. Creo evidente que solo la nacionalización de estas actividades productivas que se desarrollan sobre servicios públicos esenciales, podrá acabar con semejante corrupción, y conseguir una energía más limpia y más barata en beneficio, no lo olvidemos, no solo de los ciudadanos en general de este país, sino también y en particular, de muchas actividades productivas que se ven lastradas por la manipulación de precios favorable al oligopolio.