Persona sentada en el banco, Curiosidades

La Seguridad Social, a la caza del muerto.

La Policía destapa medio centenar de casos de familiares de fallecidos que cobran su pensión hasta 30 años después.

Cruz Morcillo.

Madrid.

Actualizado:

11/12/2017 03:31h.

«Hemos tenido de todo: desde una mujer que quería hacernos creer que su madre se había ido a Australia y había muerto allí poco antes, hasta otra cuyo argumento era que seguía cobrando la pensión porque no había asumido perder a su progenitora». Son palabras de un inspector de Policía, responsable de la operación Libitina (en honor a la diosa romana del inframundo), que ha logrado destapar ya un fraude de más de dos millones de euros a la Seguridad Social por cobros de pensiones de familiares fallecidos.

Cada semana siguen detectando nuevos casos por toda España, un agujero en el que los defraudadores tiran de imaginación, papeles falsos, viejas fotografías o empleados de bancos poco vigilantes para llevarse a casa un dinero extra. Las personas investigadas por la Policía se acercan ya al centenar, de las que casi la mitad han resultado implicadas tras poner sobre ellas el foco los investigadores. Diecinueve de estos implicados (hermanos, hijos y sobrinos de los fallecidos) defraudaron 1.932.211 euros al Instituto Nacional de la Seguridad Social, según informó la Policía Nacional hace tres semanas. Pero cada día surge un nuevo sospechoso. «La gente sabe que está cometiendo un delito, pero creen que no los van a pillar», sostiene el inspector.

Una madrileña, por ejemplo, estuvo cobrando su pensión 31 años después de fallecer, desde marzo de 1985 hasta octubre de 2016 (a esas alturas la pensionista se hubiera acercado a los 110 años de seguir vivia). Su hija defraudó 173.170 euros. La mujer cobraba en un banco el dinero de su madre; en esa cuenta tenía domiciliados recibos y sacaba dinero cuando lo necesitaba. Pidió y aportó a lo largo del tiempo varios certificados de fe de vida de la fallecida que entregaba tanto al banco como a la Seguridad Social. Cuando se le requería el DNI de la madre (por ejemplo para figurar como autorizada en la cuenta), lo aportaba junto con el suyo con una fotografía en blanco y negro en la que, increíblemente, ningún empleado de la entidad reparó.

Los bancos devuelven un millón de euros

Los bancos han tenido que devolver ya más de un millón de euros puesto que se les han reclamado todas las mensualidades que hayan pagado tras la muerte de las víctimas. El Reglamento de la Gestión Financiera de la Seguridad Social marca de forma clara que la entidad es la responsable de esta devolución, en concreto debe reintegrar cuatro años si ha pagado indebidamente, si no ha comprobado que el receptor de la pensión sigue con vida. «Cuando acaben las investigaciones y se resuelva el proceso penal, si se logra recuperar el dinero se devolvería a a los bancos», dicen los investigadores que han realizado un informe patrimonial de todos los implicados para que la Tesorería pueda embargarles los bienes que cubran el fraude, o en su caso actúe el Juzgado competente para cubrir responsabilidades.

«Uno de los detenidos nos confesó sin inmutarse que la vida está carísima y que no le llegaba con lo que él ganaba. Le parecía normal», explica a ABC uno de los jefes de grupo de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, una de las más antiguas de la Policía Nacional que acaba de cumplir cuarenta años y que trabaja codo con codo tanto con el Instituto de la Seguridad Social como con la Tesorería. Los agentes han detectado casos en Madrid, Alicante, Almería, Cantabria, Córdoba, Las Palmas, Lérida, Lugo, Málaga, Pontevedra y Valencia por delitos de fraude de prestaciones, estafa y falsedades documentales. «Muchos falsifican papeles para seguir disfrutando del dinero extra».

La pregunta es ¿y por qué ahora? El origen es un nuevo programa informático instalado hace poco más de un año en la Seguridad Social que de forma automática alerta de posibles fraudes, con el cotejo de la edad y los distintos certificados de vida o defunción. En la primera criba salieron más de 200 expedientes susceptibles de fraude. Tras ese primer cruce de datos, se los enviaron a la Sección especializada de la Policía que continuó el trabajo. «El caso del que hablamos antes -dice el inspector- la hija tenía 80 años, y la madre, la que cobraba 105, en teoría».