Un país que cada vez fabrica menos
El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador que muestra lo que fabrica un país en un periodo determinado. La raquítica actividad económica española ha hecho que este índice se desplome mes tras mes desde hace más de cuatro año
Tras tocar fondo a mediados del año 2009, cuando se produjo el reventón de la burbuja inmobiliaria y su correspondiente ajuste, es decir, cuando se dejaron de construir viviendas, el índice se recuperó ligeramente a lo largo de 2010. Pero fue una falsa recuperación. Los planes E aprobados por Zapatero y el bombeo continuo de liquidez por parte del BCE obraron ese milagro minúsculo que fue flor de un día. España cada vez fabrica menos porque hay menos demanda, y para que ésta aumente lo único que está en manos del Gobierno es, como en el caso del empleo, dejar espacio para que la iniciativa privada florezca.
El gran crack de 2008-2012
Hoy tal vez nos parezca una cifra increible, pero el selectivo de la Bolsa de Madrid hace cinco años superaba con creces los 14.000 puntos. Hoy pelea por no bajar de los 6.000. La Bolsa, es decir, las empresas que en ella cotizan han perdido valor durante estos años, mucho valor, más del que sus directivos hubiesen nunca imaginado.
Mirándolo en retrospectiva encontramos, de nuevo, la forma de W que ya habíamos visto en el apartado relativo al IPI. Tras un desplome pronunciadísimo en 2008 y el primer trimestre de 2009 el Ibex 35 se recuperó hasta tocar de nuevo los 12.000 puntos a principios de 2010. Desde entonces, hace ya dos años y medio, ha ido trazando un diente de sierra con tendencia descendente. En abril de este año se produjo la traca final que ha dejado el parqué en niveles de 1997.
La batalla del déficit
El Acta Única europea era clara al respecto: ningún país podía superar más del 3% de déficit presupuestario. España, que había cumplido escrupulosamente con los requisitos del déficit desde su entrada en el euro (gracias, cierto es, a las fabulosas recaudaciones fiscales provenientes de la burbuja inmobiliaria), empezó a incumplir de manera sistemática desde 2009.
En 2009 el déficit se fue ya más allá del 4%, cifra casi triplicada en el ejercicio 2010 y que lleva dos años estabilizada en torno al 9%. Eso significan muchos miles de millones, unos 100.000 al año que, como no se recaudan en casa, tienen que pedirse fuera. Este déficit permanente es lo que ha ido engrosando una deuda cada vez más insostenible y que es la que pende ahora como una espada de Damocles sobre la cabeza del Gobierno.
El déficit es el origen de todo el problema
La Unión Europea sabe que el déficit es el origen de todo el problema, de ahí su empeño en que Rajoy lo reduzca a cualquier coste. Pero los gastos corrientes del Estado son muy rígidos. Tiene, por ejemplo, un capítulo de personal extraordinariamente gravoso -3,2 millones de empleados públicos- y difícil de recortar. No obstante, si la crisis persevera, no quedará más remedio que afrontar este problema, que está íntimamente ligado al desaforado gasto de las comunidades autónomas, que, tal y como están concebidas, gastan pero no recaudan.
El Índice de Producción Industrial (IPI) es un indicador que muestra lo que fabrica un país en un periodo determinado. La raquítica actividad económica española ha hecho que este índice se desplome mes tras mes desde hace más de cuatro año
Tras tocar fondo a mediados del año 2009, cuando se produjo el reventón de la burbuja inmobiliaria y su correspondiente ajuste, es decir, cuando se dejaron de construir viviendas, el índice se recuperó ligeramente a lo largo de 2010. Pero fue una falsa recuperación. Los planes E aprobados por Zapatero y el bombeo continuo de liquidez por parte del BCE obraron ese milagro minúsculo que fue flor de un día. España cada vez fabrica menos porque hay menos demanda, y para que ésta aumente lo único que está en manos del Gobierno es, como en el caso del empleo, dejar espacio para que la iniciativa privada florezca.
El gran crack de 2008-2012
Hoy tal vez nos parezca una cifra increible, pero el selectivo de la Bolsa de Madrid hace cinco años superaba con creces los 14.000 puntos. Hoy pelea por no bajar de los 6.000. La Bolsa, es decir, las empresas que en ella cotizan han perdido valor durante estos años, mucho valor, más del que sus directivos hubiesen nunca imaginado.
Mirándolo en retrospectiva encontramos, de nuevo, la forma de W que ya habíamos visto en el apartado relativo al IPI. Tras un desplome pronunciadísimo en 2008 y el primer trimestre de 2009 el Ibex 35 se recuperó hasta tocar de nuevo los 12.000 puntos a principios de 2010. Desde entonces, hace ya dos años y medio, ha ido trazando un diente de sierra con tendencia descendente. En abril de este año se produjo la traca final que ha dejado el parqué en niveles de 1997.
La batalla del déficit
El Acta Única europea era clara al respecto: ningún país podía superar más del 3% de déficit presupuestario. España, que había cumplido escrupulosamente con los requisitos del déficit desde su entrada en el euro (gracias, cierto es, a las fabulosas recaudaciones fiscales provenientes de la burbuja inmobiliaria), empezó a incumplir de manera sistemática desde 2009.
En 2009 el déficit se fue ya más allá del 4%, cifra casi triplicada en el ejercicio 2010 y que lleva dos años estabilizada en torno al 9%. Eso significan muchos miles de millones, unos 100.000 al año que, como no se recaudan en casa, tienen que pedirse fuera. Este déficit permanente es lo que ha ido engrosando una deuda cada vez más insostenible y que es la que pende ahora como una espada de Damocles sobre la cabeza del Gobierno.
El déficit es el origen de todo el problema
La Unión Europea sabe que el déficit es el origen de todo el problema, de ahí su empeño en que Rajoy lo reduzca a cualquier coste. Pero los gastos corrientes del Estado son muy rígidos. Tiene, por ejemplo, un capítulo de personal extraordinariamente gravoso -3,2 millones de empleados públicos- y difícil de recortar. No obstante, si la crisis persevera, no quedará más remedio que afrontar este problema, que está íntimamente ligado al desaforado gasto de las comunidades autónomas, que, tal y como están concebidas, gastan pero no recaudan.