El «crimen de Cuenca» ni fue un crimen ni sucedió en Cuenca: Historia de un error judicial
Portada / Divulgación
Adelaida del Campo
Han pasado 40 años desde que Pilar Miró rodara una de sus películas más impactantes, «El Crimen de Cuenca», que además tuvo el dudoso honor de ser la única secuestrada por orden de la autoridad nada menos que en 1980, en plena democracia.
Ahora se conmemora con el documental «Regresa el Cepa», de Víctor Matellano, que se estrenará en el Festival de Cine de Málaga.
Pero más allá de las peripecias de la película subsiste uno de los mayores errores judiciales de la historia, que además provocó sustanciosos cambios legales, de investigación e instrucción de crímenes.
UN ASESINATO QUE NUNCA EXISTIÓ
El conocido como «crimen de Cuenca» o «caso Grimaldos» fue un asesinato que nunca existió.
El muerto resultó estar muy vivo al cabo de los años, los supuestos autores fueron torturados, cumplieron condena de cárcel y sus familias quedaron destrozadas y la justicia española acabó maltrecha y avergonzada.
EL «MUERTO» DESAPARECIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 1910
José María Grimaldos López, alias «el Cepa» desapareció el 21 de agosto de 1910 entre los pueblos conquenses de Tresjuncos y Osa de la Vega tras vender unas ovejas de su rebaño.
El mayoral León Sánchez Gascón y el guarda Gregorio Valero Contreras, que trabajaban con él en la misma finca, fueron acusados por la familia del «Cepa», y aunque el caso se archivó por falta de pruebas, en 1913 llegó al Juzgado de Belmonte, Cuenca, el juez Emilio de Isasa, que reabrió el caso y ordenó la detención de León y Gregorio.
Sánchez Gascón y Valero Contreras fueron interrogados y torturados brutalmente de tal forma que, para acabar con ello, confesaron el asesinato del «Cepa». Se inventaron, incluso, que lo habían descuartizado y que se habían deshecho del cadáver.
Los dos acusados fueron juzgados por un jurado popular, de aquel entonces. Tras sólo media hora de debate fueron declarados culpables y condenados a 18 años de cárcel.
Cumplieron 12 años, pero cuando salieron, sus vidas habían sido destrozadas. Sus familias fueron víctimas del estigma de ser carne de carne de asesinos.
Los actores Daniel Dicenta y José Manuel Cervino interpretando, en la película de Pilar Miró, a los falsos asesinos, Gregorio Valero y León Sánchez, en el momento en que fueron detenidos.
Los dos investigados -como se les llamaría hoy- fueron brutalmente interrogados y torturados; sobre estas líneas, Daniel Dicenta, como Gregorio Valero, en plena fase de tortura.
EL «MUERTO» APARECE
Tras un año en libertad, en 1925, Pedro Rufo Martínez Enciso, cura de Tresjuncos y uno de los mayores instigadores de la culpabilidad de los acusados, recibió una carta del párroco de Mira, pueblo situado al otro extremo de la provincia.
En la misiva, su compañero le solicitaba la partida bautismal de José María Grimaldos.
Porque «el Cepa» quería casarse.
El cura, aunque estupefacto, trató de ocultar la noticia durante meses por temor a un escándalo.
Sin embargo, el interesado, «el Cepa», se presentó un día en Tresjuncos, inquieto, por no saber nada de su partida de bautismo.
Su aparición, con toda lógica, generó un escándalo considerable.
EL «ASESINADO» NO SE HABÍA ENTERADO DEL CASO
«El Cepa» fue interrogado por la Guardia Civil. Declaró no saber nada de lo que había sucedido. Y añadió, para explicar su desaparición sin decirle nada a nadie: «Me dio un barrunto y me marché. Concretamente a tomar los baños medicinales de una localidad cercana.
Resuelto el caso, el padre Pedro Rufo Martínez Enciso, el sacerdote de Tresjuncos, se suicidó ahogándose en una cuba de vino. La culpa no le permitió seguir vivo.
El juez Isasa, por su parte, murió en su casa de Sevilla, según dijo su familia, por una angina de pecho.
El pueblo prefirió hablar de un suicidio.
CONSECUENCIAS LEGALES
El tremendo error judicial y policial cometido levantó una fuerte polémica.
Tras la indiscutible identificación de Grimaldos, el asunto fue utilizado en la prensa opositora a la dictadura del general Primo de Rivera.
El ministro de Gracia y Justicia del momento, Galo Ponte y Escartín, ordenó la revisión de la causa y mandó al fiscal del Tribunal Supremo interponer recurso de revisión contra la sentencia de la audiencia de Cuenca.
EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE QUE LA CONFESIÓN FUE EXTRAÍDA MEDIANTE TORTURA
En dicha orden se anotaba que «hay fundamentos suficientes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base esencial de sus condenas, fue arrancada mediante violencia continua inusitada».
Según el Tribunal Supremo: «en vista del error de hecho que motivó la sentencia, se declara la nulidad de la misma, por haberse castigado en ella delito que no se ha cometido, afirmándose así la inocencia de Gregorio Valero y León Sánchez» (Tribunal Supremo, sentencia del juicio de revisión de 10 de julio de 1926).
Diez años después, el 17 de mayo de 1935, se inició en la Audiencia provincial de Cuenca el juicio contra los responsables del error judicial.
El fiscal solicitó 8 años de prisión y multa de 25.000 pesetas por un delito de coacciones, mientras la acusación particular les acusó de coacción, amenaza y falsificación de documento público.
Todos ellos fueron absueltos.
EL FALSO CRIMEN DE CUENTA PROVOCÓ LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
A raíz de caso Gimaldos se modificó el Código Penal de manera que no se pudiera presentar una acusación de homicidio si no se encontraba un cadáver, recuerda del abogado José María Garzón.
Una modificación que «ha estado vigente hasta la reforma de 2015, cuando a raíz del caso de Marta del Castillo la aparición del cuerpo ha dejado de ser condición indispensable para la acusación”.
En cuanto a las torturas que arrancaron la confesión, el abogado puntualiza que no tenían apoyo legal, pero sí estaban aceptadas socialmente en aquella época.
“Actualmente, sin embargo esas prácticas se han atajado y de hecho la mayor parte de las expulsiones de la policía se refieren a casos de tortura o violencia”, explica el abogado.
El Tribunal Supremo reconoció que las confesiones se habían extraído mediante tortura y anuló la sentencia contra los dos condenados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
CONTINÚA LA POLÉMICA: ÚNICA PELÍCULA PROHIBIDA EN DEMOCRACIA
Pero el caso iba a seguir generando polémica décadas más tarde, cuando Pilar Miró decidió llevar el suceso al cine en 1979, con guión de Lola Salvador.
Su película, interpretada, entre otros, por Daniel Dicenta, José Manuel Cervino, Guillermo Montesinos y Héctor Alterio, fue la única prohibida durante la democracia.
Efectivamente, el 31 de enero de 1980 se ordenó la retirada del film en virtud del artículo 317 de Código de Justicia Militar y el 816 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la película no pudo estrenarse, -con gran éxito-, hasta 1981.
Portada / Divulgación
Adelaida del Campo
Han pasado 40 años desde que Pilar Miró rodara una de sus películas más impactantes, «El Crimen de Cuenca», que además tuvo el dudoso honor de ser la única secuestrada por orden de la autoridad nada menos que en 1980, en plena democracia.
Ahora se conmemora con el documental «Regresa el Cepa», de Víctor Matellano, que se estrenará en el Festival de Cine de Málaga.
Pero más allá de las peripecias de la película subsiste uno de los mayores errores judiciales de la historia, que además provocó sustanciosos cambios legales, de investigación e instrucción de crímenes.
UN ASESINATO QUE NUNCA EXISTIÓ
El conocido como «crimen de Cuenca» o «caso Grimaldos» fue un asesinato que nunca existió.
El muerto resultó estar muy vivo al cabo de los años, los supuestos autores fueron torturados, cumplieron condena de cárcel y sus familias quedaron destrozadas y la justicia española acabó maltrecha y avergonzada.
EL «MUERTO» DESAPARECIÓ EL 21 DE AGOSTO DE 1910
José María Grimaldos López, alias «el Cepa» desapareció el 21 de agosto de 1910 entre los pueblos conquenses de Tresjuncos y Osa de la Vega tras vender unas ovejas de su rebaño.
El mayoral León Sánchez Gascón y el guarda Gregorio Valero Contreras, que trabajaban con él en la misma finca, fueron acusados por la familia del «Cepa», y aunque el caso se archivó por falta de pruebas, en 1913 llegó al Juzgado de Belmonte, Cuenca, el juez Emilio de Isasa, que reabrió el caso y ordenó la detención de León y Gregorio.
Sánchez Gascón y Valero Contreras fueron interrogados y torturados brutalmente de tal forma que, para acabar con ello, confesaron el asesinato del «Cepa». Se inventaron, incluso, que lo habían descuartizado y que se habían deshecho del cadáver.
Los dos acusados fueron juzgados por un jurado popular, de aquel entonces. Tras sólo media hora de debate fueron declarados culpables y condenados a 18 años de cárcel.
Cumplieron 12 años, pero cuando salieron, sus vidas habían sido destrozadas. Sus familias fueron víctimas del estigma de ser carne de carne de asesinos.
Los actores Daniel Dicenta y José Manuel Cervino interpretando, en la película de Pilar Miró, a los falsos asesinos, Gregorio Valero y León Sánchez, en el momento en que fueron detenidos.
Los dos investigados -como se les llamaría hoy- fueron brutalmente interrogados y torturados; sobre estas líneas, Daniel Dicenta, como Gregorio Valero, en plena fase de tortura.
EL «MUERTO» APARECE
Tras un año en libertad, en 1925, Pedro Rufo Martínez Enciso, cura de Tresjuncos y uno de los mayores instigadores de la culpabilidad de los acusados, recibió una carta del párroco de Mira, pueblo situado al otro extremo de la provincia.
En la misiva, su compañero le solicitaba la partida bautismal de José María Grimaldos.
Porque «el Cepa» quería casarse.
El cura, aunque estupefacto, trató de ocultar la noticia durante meses por temor a un escándalo.
Sin embargo, el interesado, «el Cepa», se presentó un día en Tresjuncos, inquieto, por no saber nada de su partida de bautismo.
Su aparición, con toda lógica, generó un escándalo considerable.
EL «ASESINADO» NO SE HABÍA ENTERADO DEL CASO
«El Cepa» fue interrogado por la Guardia Civil. Declaró no saber nada de lo que había sucedido. Y añadió, para explicar su desaparición sin decirle nada a nadie: «Me dio un barrunto y me marché. Concretamente a tomar los baños medicinales de una localidad cercana.
Resuelto el caso, el padre Pedro Rufo Martínez Enciso, el sacerdote de Tresjuncos, se suicidó ahogándose en una cuba de vino. La culpa no le permitió seguir vivo.
El juez Isasa, por su parte, murió en su casa de Sevilla, según dijo su familia, por una angina de pecho.
El pueblo prefirió hablar de un suicidio.
CONSECUENCIAS LEGALES
El tremendo error judicial y policial cometido levantó una fuerte polémica.
Tras la indiscutible identificación de Grimaldos, el asunto fue utilizado en la prensa opositora a la dictadura del general Primo de Rivera.
El ministro de Gracia y Justicia del momento, Galo Ponte y Escartín, ordenó la revisión de la causa y mandó al fiscal del Tribunal Supremo interponer recurso de revisión contra la sentencia de la audiencia de Cuenca.
EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE QUE LA CONFESIÓN FUE EXTRAÍDA MEDIANTE TORTURA
En dicha orden se anotaba que «hay fundamentos suficientes para estimar que la confesión de los reos Valero y Sánchez, base esencial de sus condenas, fue arrancada mediante violencia continua inusitada».
Según el Tribunal Supremo: «en vista del error de hecho que motivó la sentencia, se declara la nulidad de la misma, por haberse castigado en ella delito que no se ha cometido, afirmándose así la inocencia de Gregorio Valero y León Sánchez» (Tribunal Supremo, sentencia del juicio de revisión de 10 de julio de 1926).
Diez años después, el 17 de mayo de 1935, se inició en la Audiencia provincial de Cuenca el juicio contra los responsables del error judicial.
El fiscal solicitó 8 años de prisión y multa de 25.000 pesetas por un delito de coacciones, mientras la acusación particular les acusó de coacción, amenaza y falsificación de documento público.
Todos ellos fueron absueltos.
EL FALSO CRIMEN DE CUENTA PROVOCÓ LA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
A raíz de caso Gimaldos se modificó el Código Penal de manera que no se pudiera presentar una acusación de homicidio si no se encontraba un cadáver, recuerda del abogado José María Garzón.
Una modificación que «ha estado vigente hasta la reforma de 2015, cuando a raíz del caso de Marta del Castillo la aparición del cuerpo ha dejado de ser condición indispensable para la acusación”.
En cuanto a las torturas que arrancaron la confesión, el abogado puntualiza que no tenían apoyo legal, pero sí estaban aceptadas socialmente en aquella época.
“Actualmente, sin embargo esas prácticas se han atajado y de hecho la mayor parte de las expulsiones de la policía se refieren a casos de tortura o violencia”, explica el abogado.
El Tribunal Supremo reconoció que las confesiones se habían extraído mediante tortura y anuló la sentencia contra los dos condenados. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
CONTINÚA LA POLÉMICA: ÚNICA PELÍCULA PROHIBIDA EN DEMOCRACIA
Pero el caso iba a seguir generando polémica décadas más tarde, cuando Pilar Miró decidió llevar el suceso al cine en 1979, con guión de Lola Salvador.
Su película, interpretada, entre otros, por Daniel Dicenta, José Manuel Cervino, Guillermo Montesinos y Héctor Alterio, fue la única prohibida durante la democracia.
Efectivamente, el 31 de enero de 1980 se ordenó la retirada del film en virtud del artículo 317 de Código de Justicia Militar y el 816 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la película no pudo estrenarse, -con gran éxito-, hasta 1981.