JOSÉ YOLDI 19/04/2010
"Si se va de la Audiencia Nacional se arreglan todos sus problemas". Ese mensaje, en el que se vincula la salida del juez Baltasar Garzón del juzgado -desde el que ha investigado a ETA, a los GAL, a Pinochet y a tantos otros- con el archivo de las tres querellas contra él, sus correspondientes procesos en el Tribunal Supremo y la amenaza de que el Consejo del Poder Judicial le suspenda de sus funciones el día 22 ha llegado por muy distintas vías al entorno del magistrado.
• La Comisión Colombiana de Juristas se suma a la lista de apoyos a Garzón
Él, que nunca se ha arrugado frente a investigaciones difíciles o peligrosas, no se lo acaba de creer. Se lo han dicho a amigos, a gente de su confianza, pero nadie se lo ha dicho directamente a él. En todo caso, su postura es inequívoca: "Ahora, y así, no me puedo ir". Muchos interpretarían que huye y él es de los de un paso atrás ni para tomar impulso.
Se ha publicado que le han ofrecido ser juez de enlace con toda Iberoamérica, un puesto que no existe y que sería de creación exclusiva para él, que mantiene excelentes relaciones en la mayoría de los países del continente americano. Él sostiene que nadie le ha hecho semejante ofrecimiento ni le ha ofrecido un puesto en la Corte Penal Internacional, otro rumor que tomó cuerpo a principios de año, seguramente porque hace tiempo se dijo que iría de número dos del argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe en ese tribunal, lo que no veía con desagrado, pero que tampoco se produjo.
Está claro que a estos puestos internacionales no se llega exclusivamente por prestigio, sino como mínimo con el apoyo del Gobierno. Y el segundo Ejecutivo de Aznar, cuando se produjo la oportunidad de la Corte Penal Internacional, no confiaba en él -tampoco el PSOE- porque ha demostrado que es un tipo independiente, incontrolable desde el poder.
De los gobiernos, los únicos que le quieren, porque le necesitan, son los ministros del Interior. Sus investigaciones y procesos, no sólo contra los comandos y la dirección de ETA sino contra sus estructuras paralegales así como las desarticulaciones sucesivas de la cúpula de Batasuna, se han convertido en imprescindibles y han conducido a la banda terrorista a la situación de acoso y derribo en la que se encuentra. Pero ya está. Para lo demás, Garzón resulta incómodo.
Pudo salir del juzgado cuando se presentó a presidente de la Sala de lo Penal, y también de la Audiencia Nacional. Un juez con una biografía tan espectacular, que entre otros méritos ha sido candidato a Premio Nobel de la Paz, ni siquiera entró en la terna de uno de esos puestos. Había quien consideraba que con haberle concedido uno de ellos, se le habría neutralizado. Y es cierto que su poder, el que le confiere su capacidad de investigar los asuntos más espinosos desde su juzgado, habría acabado. A partir de ese momento sólo habría dispuesto de un voto de los tres que hay en un tribunal, o se habría hecho con un cargo más representativo que de poder efectivo. Es cierto que habría tenido otro tipo de poder, pero mucho más matizado, aunque también hay que tener en cuenta que la persona hace el cargo y Garzón no es alguien que se apunta a un puesto sólo para figurar.
Ahora, fuentes judiciales aseguran que el presidente del Gobierno habría dado instrucciones al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que es magistrado de la Sala Segunda del Supremo, para que el asunto se arregle, por el enorme descrédito que los procesos en el Supremo contra el juez está generando en instancias internacionales. El editorial de The New York Times titulado Una injusticia en España, en el que se describe a Garzón como un juez valiente y controvertido, y en el que se señala que los verdaderos delitos son las desapariciones y no la investigación que pretendía el juez; así como los de otros medios extranjeros (Le Monde, The Economist y The Guardian) reflejan lo que se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros cuando viajan por Europa y América. No es algo que Zapatero o Conde- Pumpido vayan a confirmar. Es dudoso que sea así, pero aunque fuera cierto, la Sala Penal del Supremo, de abrumadora mayoría conservadora, es en estos momentos impermeable a sugerencias del Ejecutivo. Los magistrados del Supremo, en su inmensa mayoría, están hartos de Garzón desde hace mucho tiempo. Le consideran vanidoso, mucho peor juez que ellos mismos y la más refulgente supernova en el firmamento de los jueces estrella. Ellos, que han llegado a la cumbre de su profesión y tienen el más elevado concepto de sí mismos, resulta que tienen mucha menos fama, lo que se traduce en un muy inferior caché en los cursos y conferencias que participan. Darle un escarmiento y ponerle en su sitio era algo que muchos veían con buenos ojos.
En varias ocasiones el juez de la Audiencia Nacional les ha robado el protagonismo, como cuando en agosto de 2002 suspendió de funciones a Batasuna, poco antes de que el Supremo se pronunciase en su proceso de ilegalización. Lo mismo ocurrió el 8 de febrero de 2008, cuando en una maniobra similar el juez suspendió las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) impidiendo de esa forma que pudiera concurrir a las elecciones. Aparte de que los titulares de los medios fueron para Garzón, los magistrados del Supremo resultaron humillados, y eso no se perdona.
En su resolución, el juez clausuró las sedes de ANV, congeló sus cuentas bancarias y embargó sus subvenciones. Pero además, Garzón añadió el corte del agua, de la luz y del teléfono. El juez no se percató de los daños colaterales de su decisión: su auto era tan drástico que dejaba sin contenido las medidas cautelares que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado en el proceso de ilegalización de ANV que se desarrollaba paralelamente en el Supremo. La vista se celebraba esa misma tarde en el alto tribunal, pero la dirección de ANV ordenó a su abogado, Iñigo Iruin, que no compareciera.
¿Lo imaginan? Todo el tribunal reunido, dispuesto para la vista, un viernes por la tarde, y el abogado recurrente les deja plantados. Y los magistrados del Supremo no culparon al letrado, sino al que con su auto, esa misma mañana, había provocado esa situación: Garzón.
Por si no fuera suficiente, el Supremo considera que el juez es el responsable del desprestigio que la Sala Segunda está acumulando por los tres procesos contra él, especialmente el relativo a los crímenes del franquismo, aunque en los tres casos el fiscal esté en contra de la querella y no aprecie la existencia de delito por ningún sitio. Por todo eso, llega un segundo tipo de mensajes a Garzón y su entorno: "Detén inmediatamente la presión mediática contra el Supremo. Eso no hace sino perjudicarte". Como si el magistrado tuviera una varita mágica con la que pudiera mover a su antojo a periódicos, radios y televisiones e incluso a toda la corte de defensores y admiradores que han surgido a raíz de los tres procesos, pero especialmente las asociaciones de la Memoria Histórica que consideran tremendamente injusto que Garzón tenga que sentarse en el banquillo por tratar de investigar los crímenes del franquismo.
El caso es que lo que en un principio no iba a ser más que un tirón de orejas para Garzón -visto con buenos ojos desde algunos sectores del Gobierno y la propia Fiscalía por haber ninguneado la Ley de Memoria Histórica y haber tratado de construir un proceso penal sobre lo que para ellos sólo debe ser un tema administrativo-, tras el posterior e inequívoco respaldo de la derecha política y judicial a ese revolcón al juez después de reventar el caso Gürtel, ha derivado hacia una vorágine de ominoso final.
"Si se va de la Audiencia Nacional se arreglan todos sus problemas". Ese mensaje, en el que se vincula la salida del juez Baltasar Garzón del juzgado -desde el que ha investigado a ETA, a los GAL, a Pinochet y a tantos otros- con el archivo de las tres querellas contra él, sus correspondientes procesos en el Tribunal Supremo y la amenaza de que el Consejo del Poder Judicial le suspenda de sus funciones el día 22 ha llegado por muy distintas vías al entorno del magistrado.
• La Comisión Colombiana de Juristas se suma a la lista de apoyos a Garzón
Él, que nunca se ha arrugado frente a investigaciones difíciles o peligrosas, no se lo acaba de creer. Se lo han dicho a amigos, a gente de su confianza, pero nadie se lo ha dicho directamente a él. En todo caso, su postura es inequívoca: "Ahora, y así, no me puedo ir". Muchos interpretarían que huye y él es de los de un paso atrás ni para tomar impulso.
Se ha publicado que le han ofrecido ser juez de enlace con toda Iberoamérica, un puesto que no existe y que sería de creación exclusiva para él, que mantiene excelentes relaciones en la mayoría de los países del continente americano. Él sostiene que nadie le ha hecho semejante ofrecimiento ni le ha ofrecido un puesto en la Corte Penal Internacional, otro rumor que tomó cuerpo a principios de año, seguramente porque hace tiempo se dijo que iría de número dos del argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe en ese tribunal, lo que no veía con desagrado, pero que tampoco se produjo.
Está claro que a estos puestos internacionales no se llega exclusivamente por prestigio, sino como mínimo con el apoyo del Gobierno. Y el segundo Ejecutivo de Aznar, cuando se produjo la oportunidad de la Corte Penal Internacional, no confiaba en él -tampoco el PSOE- porque ha demostrado que es un tipo independiente, incontrolable desde el poder.
De los gobiernos, los únicos que le quieren, porque le necesitan, son los ministros del Interior. Sus investigaciones y procesos, no sólo contra los comandos y la dirección de ETA sino contra sus estructuras paralegales así como las desarticulaciones sucesivas de la cúpula de Batasuna, se han convertido en imprescindibles y han conducido a la banda terrorista a la situación de acoso y derribo en la que se encuentra. Pero ya está. Para lo demás, Garzón resulta incómodo.
Pudo salir del juzgado cuando se presentó a presidente de la Sala de lo Penal, y también de la Audiencia Nacional. Un juez con una biografía tan espectacular, que entre otros méritos ha sido candidato a Premio Nobel de la Paz, ni siquiera entró en la terna de uno de esos puestos. Había quien consideraba que con haberle concedido uno de ellos, se le habría neutralizado. Y es cierto que su poder, el que le confiere su capacidad de investigar los asuntos más espinosos desde su juzgado, habría acabado. A partir de ese momento sólo habría dispuesto de un voto de los tres que hay en un tribunal, o se habría hecho con un cargo más representativo que de poder efectivo. Es cierto que habría tenido otro tipo de poder, pero mucho más matizado, aunque también hay que tener en cuenta que la persona hace el cargo y Garzón no es alguien que se apunta a un puesto sólo para figurar.
Ahora, fuentes judiciales aseguran que el presidente del Gobierno habría dado instrucciones al fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que es magistrado de la Sala Segunda del Supremo, para que el asunto se arregle, por el enorme descrédito que los procesos en el Supremo contra el juez está generando en instancias internacionales. El editorial de The New York Times titulado Una injusticia en España, en el que se describe a Garzón como un juez valiente y controvertido, y en el que se señala que los verdaderos delitos son las desapariciones y no la investigación que pretendía el juez; así como los de otros medios extranjeros (Le Monde, The Economist y The Guardian) reflejan lo que se encuentran José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros cuando viajan por Europa y América. No es algo que Zapatero o Conde- Pumpido vayan a confirmar. Es dudoso que sea así, pero aunque fuera cierto, la Sala Penal del Supremo, de abrumadora mayoría conservadora, es en estos momentos impermeable a sugerencias del Ejecutivo. Los magistrados del Supremo, en su inmensa mayoría, están hartos de Garzón desde hace mucho tiempo. Le consideran vanidoso, mucho peor juez que ellos mismos y la más refulgente supernova en el firmamento de los jueces estrella. Ellos, que han llegado a la cumbre de su profesión y tienen el más elevado concepto de sí mismos, resulta que tienen mucha menos fama, lo que se traduce en un muy inferior caché en los cursos y conferencias que participan. Darle un escarmiento y ponerle en su sitio era algo que muchos veían con buenos ojos.
En varias ocasiones el juez de la Audiencia Nacional les ha robado el protagonismo, como cuando en agosto de 2002 suspendió de funciones a Batasuna, poco antes de que el Supremo se pronunciase en su proceso de ilegalización. Lo mismo ocurrió el 8 de febrero de 2008, cuando en una maniobra similar el juez suspendió las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) impidiendo de esa forma que pudiera concurrir a las elecciones. Aparte de que los titulares de los medios fueron para Garzón, los magistrados del Supremo resultaron humillados, y eso no se perdona.
En su resolución, el juez clausuró las sedes de ANV, congeló sus cuentas bancarias y embargó sus subvenciones. Pero además, Garzón añadió el corte del agua, de la luz y del teléfono. El juez no se percató de los daños colaterales de su decisión: su auto era tan drástico que dejaba sin contenido las medidas cautelares que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían solicitado en el proceso de ilegalización de ANV que se desarrollaba paralelamente en el Supremo. La vista se celebraba esa misma tarde en el alto tribunal, pero la dirección de ANV ordenó a su abogado, Iñigo Iruin, que no compareciera.
¿Lo imaginan? Todo el tribunal reunido, dispuesto para la vista, un viernes por la tarde, y el abogado recurrente les deja plantados. Y los magistrados del Supremo no culparon al letrado, sino al que con su auto, esa misma mañana, había provocado esa situación: Garzón.
Por si no fuera suficiente, el Supremo considera que el juez es el responsable del desprestigio que la Sala Segunda está acumulando por los tres procesos contra él, especialmente el relativo a los crímenes del franquismo, aunque en los tres casos el fiscal esté en contra de la querella y no aprecie la existencia de delito por ningún sitio. Por todo eso, llega un segundo tipo de mensajes a Garzón y su entorno: "Detén inmediatamente la presión mediática contra el Supremo. Eso no hace sino perjudicarte". Como si el magistrado tuviera una varita mágica con la que pudiera mover a su antojo a periódicos, radios y televisiones e incluso a toda la corte de defensores y admiradores que han surgido a raíz de los tres procesos, pero especialmente las asociaciones de la Memoria Histórica que consideran tremendamente injusto que Garzón tenga que sentarse en el banquillo por tratar de investigar los crímenes del franquismo.
El caso es que lo que en un principio no iba a ser más que un tirón de orejas para Garzón -visto con buenos ojos desde algunos sectores del Gobierno y la propia Fiscalía por haber ninguneado la Ley de Memoria Histórica y haber tratado de construir un proceso penal sobre lo que para ellos sólo debe ser un tema administrativo-, tras el posterior e inequívoco respaldo de la derecha política y judicial a ese revolcón al juez después de reventar el caso Gürtel, ha derivado hacia una vorágine de ominoso final.