El que fuera presidente de la Memoria Histórica Todos los nombres de Asturias ha sido condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 en Gijón por lucrarse desde su puesto gracias a la supuesta investigación de los crímenes del franquismo.
Según cuenta La Gaceta, el actual presidente en funciones, José Antonio Landera, presentó una demananda contra Luis Miguel Cuervo al sospechar que “se podría estar lucrando personalmente de la organización”. Cuervo fue uno de los convocantes de la marcha de apoyo al juez Garzón y uno de los firmantes contra el procesamiento del magistrado.
En el fallo judicial que todavía no es firme se dice que deberá restituir a la actual Junta Directiva “todos los objetos y elementos que obran en su poder” así como desbloquear la cuenta de la asociación.
Estos objetos reclamados son el libro de socios, la base de datos de 17.000 republicanos muertos o desaparecidos realizada por investigadores de la Universidad de Oviedo y que tuvo un coste de 300.000 euros, las llaves de la sede, dos teléfonos móviles además de la relación de facturas que forman parte de la contabilidad.
En este sentido, Cuervo, militante de CCOO, fundó en 2007 esta asociación junto a otras seis personas. Curiosamente, eligieron como sede social un local en Gijón de la inmobiliaria en la que trabajaba su mujer. Pero en 2009, los miembros de la junta se percataron de graves irregularidades en la gestión del presidente y “cuando se le pidieron cuentas, dimitió”.
Además, cuentan que “Cuervo solicitaba a los socios con los que tenía trato cercano que pidieran en los establecimientos que frecuentaban facturas a nombre de la sociedad”. Así, aparecen compra de ordenadores, cámaras de fotos y discos duros, e incluso dos facturas que solicitó en un restaurante por un valor de 1.050 euros, cada una, en concepto de 43 platos consumidos.
Incluso, Landera afirma que “Cuervo realizaba viajes de placer a costa de la asociación; gastaba sin mesura ni fiscalización. En cambio, al resto de los investigadores les restringía los gastos ocasionados por las vistas a distintos archivos”.
Según cuenta La Gaceta, el actual presidente en funciones, José Antonio Landera, presentó una demananda contra Luis Miguel Cuervo al sospechar que “se podría estar lucrando personalmente de la organización”. Cuervo fue uno de los convocantes de la marcha de apoyo al juez Garzón y uno de los firmantes contra el procesamiento del magistrado.
En el fallo judicial que todavía no es firme se dice que deberá restituir a la actual Junta Directiva “todos los objetos y elementos que obran en su poder” así como desbloquear la cuenta de la asociación.
Estos objetos reclamados son el libro de socios, la base de datos de 17.000 republicanos muertos o desaparecidos realizada por investigadores de la Universidad de Oviedo y que tuvo un coste de 300.000 euros, las llaves de la sede, dos teléfonos móviles además de la relación de facturas que forman parte de la contabilidad.
En este sentido, Cuervo, militante de CCOO, fundó en 2007 esta asociación junto a otras seis personas. Curiosamente, eligieron como sede social un local en Gijón de la inmobiliaria en la que trabajaba su mujer. Pero en 2009, los miembros de la junta se percataron de graves irregularidades en la gestión del presidente y “cuando se le pidieron cuentas, dimitió”.
Además, cuentan que “Cuervo solicitaba a los socios con los que tenía trato cercano que pidieran en los establecimientos que frecuentaban facturas a nombre de la sociedad”. Así, aparecen compra de ordenadores, cámaras de fotos y discos duros, e incluso dos facturas que solicitó en un restaurante por un valor de 1.050 euros, cada una, en concepto de 43 platos consumidos.
Incluso, Landera afirma que “Cuervo realizaba viajes de placer a costa de la asociación; gastaba sin mesura ni fiscalización. En cambio, al resto de los investigadores les restringía los gastos ocasionados por las vistas a distintos archivos”.