Los documentos secretos revelan que uno de los magistrados con mayor marcaje era el español Baltasar Garzón, sobre todo ante la posibilidad de que iniciara procedimientos contra autoridades estadounidenses por torturas a presos en Guantánamo
Garzón está hoy suspendido de funciones en tanto se le investiga por presunta prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En los últimos 20 años ha sido el azote de etarras, narcos e implicados en la guerra sucia de los GAL. Pasó fugazmente por la política al concurrir en 1993 al Congreso como número dos en la lista por Madrid que encabezaba Felipe González. Se hizo mundialmente famoso tras promover en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La preocupación de Washington se desató a raíz de que la policía española, por orden de Garzón, tramitara en 2004 una solicitud para interrogar a dos presos en Guantánamo (el libio Omar Amer Deghayes y el palestino Jamil Abdul Latif El Banna). Esta petición estaba relacionada con su investigación sobre Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, arrestado en España en noviembre de 2001. Abu Dahdah fue el presunto reclutador de ambos individuos y es muy importante dentro del terrorismo islamista, según uno de los cables. Garzón tenía abierto un proceso por pertenencia a Al Qaeda contra los dos presos mencionados, así como contra Hamed Abderrahman Ahmed, El talibán español, y Lahcen Ikassrien, a los que policías españoles habían ido a interrogar en Guantánamo.
El 13 de febrero de 2004, el Consejo de Ministros había aprobado el requerimiento de Garzón para extraditar a Deghayes y El Banna. Esta decisión coincidió con la entrega por Estados Unidos de El talibán español a la justicia española.
El limbo jurídico de Guantánamo
La actuación del magistrado intentando hurgar en el limbo jurídico de Guantánamo generó gran nerviosismo. No obstante, el Ejecutivo estadounidense le facilitó en esa misma época información que le permitió detener en octubre de 2004 a ocho supuestos islamistas que planeaban volar con explosivos la Audiencia Nacional. "Las detenciones estaban basadas en parte en información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos", recalca el cable confidencial 21797.
El comentario con el que concluía esta nota diplomática señalaba que "estas detenciones han supuesto un significativo éxito tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para Garzón", sobre el que remachaba que es "un juez particularmente agresivo al que le gusta el brillo". Esa redada fue el inicio de la Operación Nova, que concluyó en 2008 con la absolución por el Supremo de 14 de los 20 encausados.
Como el asunto de Deghayes y El Banna aún no estaba resuelto en septiembre de 2007, la embajada contactó con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien explicó que tenía dudas sobre las pruebas que había contra los ex presos de Guantánamo que reclamaba Garzón. El informe de la embajada recuerda que este era el juez instructor de la causa en la que también habían sido procesados El talibán español y Lahcen Ikassrien.
Ambos habían sido absueltos en 2006 porque, a pesar del interés de Garzón, ninguna prueba obtenida en Guantánamo tenía valor jurídico. Según la embajada, Garzón tuvo entonces "un día de protagonismo en la prensa criticando la existencia de Guantánamo" y opinaba que probablemente "no se lo pensaría dos veces para volver a obtener un éxito similar".
No parece casual que el embajador Eduardo Aguirre se viese en la Navidad de 2007 con el magistrado, quien admitió que "no siempre estaba de acuerdo" con los métodos antiterroristas de Estados Unidos. Garzón reflexionó sobre el caso del traficante de armas Monzer Al Kassar, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Garzón opinó con acidez que Al Kassar "empezaría a cantar como un canario cuando estuviese bajo custodia norteamericana para alcanzar un acuerdo".
"No nos hacemos ilusiones con Garzón"
El comentario que la reunión con Garzón mereció al redactor del informe (firmado por el embajador Aguirre) fue: "Tiene una postura claramente antiamericana (como evidencian sus artículos de prensa criticando la existencia de la prisión de Guantánamo) y ciertamente no nos hacemos ilusiones con él".
Los recelos sobre Garzón alcanzaron su punto álgido en 2009, cuando pretendió entablar proceso contra seis altos cargos de la era Bush en relación con seis presos de Guantánamo españoles o residentes en España (entre ellos, El talibán español). Ante este nuevo embrollo, la embajada volvió a pedir colaboración al fiscal Zaragoza.
En mayo de 2009, el juez abrió otra investigación por presuntas torturas a detenidos en Guantánamo. Y de nuevo la Embajada acudió a Zaragoza en busca de consejo. Este tranquilizó a sus interlocutores y planteó usar un ardid para cortocircuitar y avergonzar a Garzón: recordando que este había enviado años atrás a policías españoles para tomar declaración a unos presos en Guantánamo, sin tener en consideración las especiales circunstancias de su encarcelamiento y sin hacer nada cuando los presos llegaron a España y le hablaron de torturas (cable 205579).
En otros informes, la embajada recuerda artículos de prensa publicados por Garzón en los que fustiga al ex presidente José María Aznar, al ex primer ministro británico Tony Blair y al ex presidente George W. Bush, así como intervenciones en un documental en el que arremete contra la política de Estados Unidos y la existencia del limbo de Guantánamo.
Los papeles de la embajada revelan un curioso episodio relacionado con el magistrado: la negativa de Washington a asignar dos agentes secretos para darle escolta. Ocurrió en 2005, cuando fue a Nueva York para dar clases durante nueve meses sobre terrorismo. El Ejecutivo español le adjudicó dos guardaespaldas y solicitó otros dos al de Estados Unidos. Pero este rechazó tal solicitud escudándose en que carecía de personal porque tenía una "extrema demanda" de este tipo de agentes.
Garzón y otros compañeros han sido el objetivo de otra tenaz batalla diplomática para acabar con su "irritante" empeño en aplicar la jurisdicción universal. Sobre todo, ante los intentos de procesar a altos funcionarios de la Administración Bush. El Ejecutivo estadounidense dedicó muchos esfuerzos desde el año 2006 para impedir que España se convirtiera en "el guardián del mundo".
La jurisdicción universal que blandía la Audiencia Nacional era una pesadilla para Washington. Un informe sobre los vuelos de la CIA, que instruía el juez Ismael Moreno, alertaba: "Hemos comprobado que en casos similares los jueces españoles han protegido ferozmente su independencia y están dispuestos a abrir nuevos caminos sobre cuestiones de jurisdicción".
La embajada aconsejaba a mediados de 2009 que se presionara al influyente ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con el asunto de Guantánamo haciéndole notar que "no es útil" para las buenas relaciones bilaterales. Por fin, el Parlamento español, tras las presiones israelíes por la apertura de un caso por crímenes en Gaza, aprobó en 2009 una ley que recortaba la jurisdicción universal
Garzón está hoy suspendido de funciones en tanto se le investiga por presunta prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. En los últimos 20 años ha sido el azote de etarras, narcos e implicados en la guerra sucia de los GAL. Pasó fugazmente por la política al concurrir en 1993 al Congreso como número dos en la lista por Madrid que encabezaba Felipe González. Se hizo mundialmente famoso tras promover en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La preocupación de Washington se desató a raíz de que la policía española, por orden de Garzón, tramitara en 2004 una solicitud para interrogar a dos presos en Guantánamo (el libio Omar Amer Deghayes y el palestino Jamil Abdul Latif El Banna). Esta petición estaba relacionada con su investigación sobre Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, arrestado en España en noviembre de 2001. Abu Dahdah fue el presunto reclutador de ambos individuos y es muy importante dentro del terrorismo islamista, según uno de los cables. Garzón tenía abierto un proceso por pertenencia a Al Qaeda contra los dos presos mencionados, así como contra Hamed Abderrahman Ahmed, El talibán español, y Lahcen Ikassrien, a los que policías españoles habían ido a interrogar en Guantánamo.
El 13 de febrero de 2004, el Consejo de Ministros había aprobado el requerimiento de Garzón para extraditar a Deghayes y El Banna. Esta decisión coincidió con la entrega por Estados Unidos de El talibán español a la justicia española.
El limbo jurídico de Guantánamo
La actuación del magistrado intentando hurgar en el limbo jurídico de Guantánamo generó gran nerviosismo. No obstante, el Ejecutivo estadounidense le facilitó en esa misma época información que le permitió detener en octubre de 2004 a ocho supuestos islamistas que planeaban volar con explosivos la Audiencia Nacional. "Las detenciones estaban basadas en parte en información proporcionada por el Gobierno de Estados Unidos", recalca el cable confidencial 21797.
El comentario con el que concluía esta nota diplomática señalaba que "estas detenciones han supuesto un significativo éxito tanto para el Gobierno de Estados Unidos como para Garzón", sobre el que remachaba que es "un juez particularmente agresivo al que le gusta el brillo". Esa redada fue el inicio de la Operación Nova, que concluyó en 2008 con la absolución por el Supremo de 14 de los 20 encausados.
Como el asunto de Deghayes y El Banna aún no estaba resuelto en septiembre de 2007, la embajada contactó con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, quien explicó que tenía dudas sobre las pruebas que había contra los ex presos de Guantánamo que reclamaba Garzón. El informe de la embajada recuerda que este era el juez instructor de la causa en la que también habían sido procesados El talibán español y Lahcen Ikassrien.
Ambos habían sido absueltos en 2006 porque, a pesar del interés de Garzón, ninguna prueba obtenida en Guantánamo tenía valor jurídico. Según la embajada, Garzón tuvo entonces "un día de protagonismo en la prensa criticando la existencia de Guantánamo" y opinaba que probablemente "no se lo pensaría dos veces para volver a obtener un éxito similar".
No parece casual que el embajador Eduardo Aguirre se viese en la Navidad de 2007 con el magistrado, quien admitió que "no siempre estaba de acuerdo" con los métodos antiterroristas de Estados Unidos. Garzón reflexionó sobre el caso del traficante de armas Monzer Al Kassar, pendiente de ser extraditado a Estados Unidos. Garzón opinó con acidez que Al Kassar "empezaría a cantar como un canario cuando estuviese bajo custodia norteamericana para alcanzar un acuerdo".
"No nos hacemos ilusiones con Garzón"
El comentario que la reunión con Garzón mereció al redactor del informe (firmado por el embajador Aguirre) fue: "Tiene una postura claramente antiamericana (como evidencian sus artículos de prensa criticando la existencia de la prisión de Guantánamo) y ciertamente no nos hacemos ilusiones con él".
Los recelos sobre Garzón alcanzaron su punto álgido en 2009, cuando pretendió entablar proceso contra seis altos cargos de la era Bush en relación con seis presos de Guantánamo españoles o residentes en España (entre ellos, El talibán español). Ante este nuevo embrollo, la embajada volvió a pedir colaboración al fiscal Zaragoza.
En mayo de 2009, el juez abrió otra investigación por presuntas torturas a detenidos en Guantánamo. Y de nuevo la Embajada acudió a Zaragoza en busca de consejo. Este tranquilizó a sus interlocutores y planteó usar un ardid para cortocircuitar y avergonzar a Garzón: recordando que este había enviado años atrás a policías españoles para tomar declaración a unos presos en Guantánamo, sin tener en consideración las especiales circunstancias de su encarcelamiento y sin hacer nada cuando los presos llegaron a España y le hablaron de torturas (cable 205579).
En otros informes, la embajada recuerda artículos de prensa publicados por Garzón en los que fustiga al ex presidente José María Aznar, al ex primer ministro británico Tony Blair y al ex presidente George W. Bush, así como intervenciones en un documental en el que arremete contra la política de Estados Unidos y la existencia del limbo de Guantánamo.
Los papeles de la embajada revelan un curioso episodio relacionado con el magistrado: la negativa de Washington a asignar dos agentes secretos para darle escolta. Ocurrió en 2005, cuando fue a Nueva York para dar clases durante nueve meses sobre terrorismo. El Ejecutivo español le adjudicó dos guardaespaldas y solicitó otros dos al de Estados Unidos. Pero este rechazó tal solicitud escudándose en que carecía de personal porque tenía una "extrema demanda" de este tipo de agentes.
Garzón y otros compañeros han sido el objetivo de otra tenaz batalla diplomática para acabar con su "irritante" empeño en aplicar la jurisdicción universal. Sobre todo, ante los intentos de procesar a altos funcionarios de la Administración Bush. El Ejecutivo estadounidense dedicó muchos esfuerzos desde el año 2006 para impedir que España se convirtiera en "el guardián del mundo".
La jurisdicción universal que blandía la Audiencia Nacional era una pesadilla para Washington. Un informe sobre los vuelos de la CIA, que instruía el juez Ismael Moreno, alertaba: "Hemos comprobado que en casos similares los jueces españoles han protegido ferozmente su independencia y están dispuestos a abrir nuevos caminos sobre cuestiones de jurisdicción".
La embajada aconsejaba a mediados de 2009 que se presionara al influyente ministro Alfredo Pérez Rubalcaba con el asunto de Guantánamo haciéndole notar que "no es útil" para las buenas relaciones bilaterales. Por fin, el Parlamento español, tras las presiones israelíes por la apertura de un caso por crímenes en Gaza, aprobó en 2009 una ley que recortaba la jurisdicción universal
se te ve el plumero colinas