¿No habrá salido corriendo la Aguirre temiendo esto?
“Nos ordenaron seguir a Gallardón; Ignacio González tenía especial interés”
El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”
Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas
José Oreja, uno de los tres guardias civiles imputados en el caso del presunto espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagado supuestamente con fondos públicos, ha entregado a la juez una declaración firmada en la que no solo admite los seguimientos ya conocidos a adversarios políticos de la expresidenta autonómica (Manuel Cobo y Alfredo Prada) sino que amplía la lista de afectados, entre los que incluye al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón.
“A principios del año 2008, los señores Gamón y Castaño (director y subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid) nos trasladan de forma verbal, tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles, una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos. De estas personas recuerdo los señores: Cobo, Prada, Gallardón, el presidente de Arpegio, la señora Cifuentes y los señores Cabezas y Fernández. A estos hay que sumar otros tres objetivos más de especial interés para Gamón y Castaño. Estos son los alcaldes [socialistas] de Getafe y Fuenlabrada, y el jefe de Policía Municipal de Fuenlabrada”, afirma el guardia civil en la declaración que ha entregado al juzgado su abogado Ramón González Bosch.
El agente cuenta que ya entonces él y sus compañeros consideraron esa petición “una locura”, porque “para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”. Por eso, según él, comunicaron sus reservas al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, quien supuestamente les invitó a no hacer “ni caso” a esas órdenes, pero no las denunció ante ningún juez.
El abogado Ramón González Bosch pide por ello la imputación de Granados (ahora senador y por tanto aforado en el Supremo) por “omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución”, y de Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid, por una supuesta malversación de fondos públicos al haber ordenado a los agentes contratados por la administración autónoma como personal de confianza esos seguimientos ilegales.
El guardia civil que ha confesado estos hechos señala que tuvo que hacer los seguimientos ante las presiones de sus jefes inmediatos, Gamón y Castaño, que jerárquicamente dependían de Granados pero que, según el agente, realmente solo obedecían a Ignacio González.
La investigación judicial del espionaje político solo cuenta hasta ahora, como pruebas para acreditar los delitos, con informes periciales sobre la localización de los agentes en función de sus llamadas telefónicas y con los partes de seguimiento a Cobo y Prada, que entonces eran vicealcalde de Madrid y consejero de Justicia, respectivamente. Ambos enfrentados a Esperanza Aguirre en su lucha por el poder del PP nacional. No se conocen hasta el momento partes de seguimiento a los otros políticos que cita el agente en su declaración.
Las notas donde dejaban constancia de los movimientos de Cobo y Prada fueron confeccionadas desde ordenadores de la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas (Madrid), según la declaración del guardia civil, quién añade que los tres policías nacionales a los que supuestamente se había encargado el mismo trabajo ilegal tenían a su disposición “cámaras ocultas de botón y teléfonos blindados de la empresa Indra”.
El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sostiene que el guardia civil que le acusa no tiene ninguna credibilidad pues antes de esta declaración hizo otras dos ante el juzgado donde negaba los hechos.
Oreja alega que ha ocultado esta información hasta ahora porque tenía miedo a represalias físicas contra él y su familia.
Seguimos con la reconquista desde el SUR le pese a quien le pese.
“Nos ordenaron seguir a Gallardón; Ignacio González tenía especial interés”
El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”
Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas
José Oreja, uno de los tres guardias civiles imputados en el caso del presunto espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagado supuestamente con fondos públicos, ha entregado a la juez una declaración firmada en la que no solo admite los seguimientos ya conocidos a adversarios políticos de la expresidenta autonómica (Manuel Cobo y Alfredo Prada) sino que amplía la lista de afectados, entre los que incluye al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón.
“A principios del año 2008, los señores Gamón y Castaño (director y subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid) nos trasladan de forma verbal, tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles, una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos. De estas personas recuerdo los señores: Cobo, Prada, Gallardón, el presidente de Arpegio, la señora Cifuentes y los señores Cabezas y Fernández. A estos hay que sumar otros tres objetivos más de especial interés para Gamón y Castaño. Estos son los alcaldes [socialistas] de Getafe y Fuenlabrada, y el jefe de Policía Municipal de Fuenlabrada”, afirma el guardia civil en la declaración que ha entregado al juzgado su abogado Ramón González Bosch.
El agente cuenta que ya entonces él y sus compañeros consideraron esa petición “una locura”, porque “para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”. Por eso, según él, comunicaron sus reservas al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, quien supuestamente les invitó a no hacer “ni caso” a esas órdenes, pero no las denunció ante ningún juez.
El abogado Ramón González Bosch pide por ello la imputación de Granados (ahora senador y por tanto aforado en el Supremo) por “omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución”, y de Ignacio González, actual presidente de la Comunidad de Madrid, por una supuesta malversación de fondos públicos al haber ordenado a los agentes contratados por la administración autónoma como personal de confianza esos seguimientos ilegales.
El guardia civil que ha confesado estos hechos señala que tuvo que hacer los seguimientos ante las presiones de sus jefes inmediatos, Gamón y Castaño, que jerárquicamente dependían de Granados pero que, según el agente, realmente solo obedecían a Ignacio González.
La investigación judicial del espionaje político solo cuenta hasta ahora, como pruebas para acreditar los delitos, con informes periciales sobre la localización de los agentes en función de sus llamadas telefónicas y con los partes de seguimiento a Cobo y Prada, que entonces eran vicealcalde de Madrid y consejero de Justicia, respectivamente. Ambos enfrentados a Esperanza Aguirre en su lucha por el poder del PP nacional. No se conocen hasta el momento partes de seguimiento a los otros políticos que cita el agente en su declaración.
Las notas donde dejaban constancia de los movimientos de Cobo y Prada fueron confeccionadas desde ordenadores de la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas (Madrid), según la declaración del guardia civil, quién añade que los tres policías nacionales a los que supuestamente se había encargado el mismo trabajo ilegal tenían a su disposición “cámaras ocultas de botón y teléfonos blindados de la empresa Indra”.
El actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sostiene que el guardia civil que le acusa no tiene ninguna credibilidad pues antes de esta declaración hizo otras dos ante el juzgado donde negaba los hechos.
Oreja alega que ha ocultado esta información hasta ahora porque tenía miedo a represalias físicas contra él y su familia.
Seguimos con la reconquista desde el SUR le pese a quien le pese.