El robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife
El robo de menores en España comenzó, según la antropóloga Neus Roig en su libro No llores que vas a ser feliz, en el año 1938 como consecuencia de la represión ideológica ejercida durante la Guerra Civil y la primera posguerra hacia la mujer “roja” y sus descendientes. Una práctica dilatada en el tiempo que poco a poco dejó de ser una forma de presión para convertirse en una red de negocio en la que se vieron envueltas instituciones públicas, prestigiosas clínicas privadas y la Iglesia Católica.
Aunque es muy común catalogar el robo de bebés como una de las atrocidades que ocurrieron durante la dictadura franquista, lo cierto es que esta práctica perduró hasta bastante avanzada la democracia. Tanto es así que el último caso registrado data del año 2001 en la provincia de Huelva. Es decir, hace tan solo 19 años.
En Canarias, la trama de bebés robados tuvo una especial relevancia por la situación periférica de las Islas. Esta condición las convirtió en parte de un triángulo de distribución por la ventaja que concedía la lejanía geográfica al disminuir las posibilidades de que los menores se reencontraran con sus familias biológicas. Y, aunque la trama de menores robados en Canarias tiene muchos hilos de los que tirar, nos centraremos en el negocio del robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife.
El negocio de la Casa Cuna de Tenerife
Las Casas Cuna eran hospicios públicos de menores repartidos por el país que fueron regentados por cargos eclesiásticos, en especial por monjas, hasta bien entrados los años 90. Estos orfanatos se colocaron en el punto de mira cuando en enero de 2011 se destapó públicamente la trama de los bebés robados después de que el abogado valenciano Enrique Vila presentara ante la Fiscalía General del Estado la primera denuncia conjunta por el robo de recién nacidos. El documento recopilaba 261 denuncias individuales de casos de bebés robados y adopciones ilegales que permitieron crear patrones y atar cabos. Entre los casos más sonados destaca el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife y la de Valencia.
La Casa Cuna de Tenerife era dependencia del Cabildo Insular. Se inauguró en 1936 en la capital tinerfeña y su función era dar acogida a las niñas y niños huérfanos o con familias incapaces de mantenerlos económicamente. Una labor social que ejerció durante toda su existencia, pero que se enturbió con las denuncias públicas de numerosos casos de robo, desaparición o intercambio de niños y niñas, especialmente en las edades más tempranas.
El torno: un elemento clave
Y tras conocer esta información cabe preguntarse: ¿cómo podría producirse el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife? Según varias fuentes personales, el factor que permitía que esto ocurriese radica en la forma en la que un menor podía llegar al hospicio.
En una primera opción, la madre biológica o algún familiar lo llevaba al hospicio alegando que no podía hacerse cargo de él pero manteniendo sus datos personales y orígenes y, por tanto, su identidad. Sin embargo, la segunda manera permitía desprenderse del menor a través del torno, una especie de puerta giratoria que comunicaba la edificación con el exterior y en la que cualquier persona podía dejar a una niña o un niño de manera anónima. Así, los menores que entraban a la Casa Cuna a través del torno lo hacían de forma anónima, sin identidad, y pasaban a adoptar un único apellido: Expósito.
Esta entrega anónima se podía producir de manera voluntaria y legal, pero en el contexto de las prácticas ilícitas de sustracción de menores, esta alternativa jugó un papel fundamental: El torno permitía justificar la llegada de un bebé a la Casa Cuna sin dar explicación alguna sobre su origen.
Modus operandi del robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife
Pero, ¿de dónde procedían los menores realmente? Esta pregunta se responde al conocer la vinculación directa que existía entre la Casa Cuna y el antiguo Hospital Civil, que estaban coordinados por el mismo personal.
Según varias fuentes especializadas en el tema, el método a través del que se producía el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife era muy similar al que se llevaba a cabo en otros centros, como la clínica San Ramón de Madrid. Esta era una conocida maternidad privada que perteneció al ya fallecido ginecólogo Eduardo Vela, quien fue el primer acusado por robo de menores en 2013.
Siguiendo este patrón que se repetía en hospitales, maternidades y centros de mujeres de toda España, en el Hospital Civil de Tenerife antes de que la criatura naciera ya había sido asignada a un matrimonio católico. Fuentes del Colectivo Sin Identidad, formado por mujeres y hombres que crecieron en la Casa Cuna, también afirmaron para RTVE haber visto cómo los militares de origen alemán venían a por niños rubios de ojos azules o cómo desde Argentina venían a por niños morenos.
Aunque no existía una tarifa establecida, estas familias adoptantes ilegales pagaban por el recién nacido una compensación económica que podía ir desde las 200.000 pesetas hasta superar el millón de pesetas, dependiendo de la capacidad económica de la familia y de las características del bebé, siendo los más caros los de ojos claros y pelo rubio. También en algunas ocasiones se entregaban los menores como un regalo u obsequio a militares, familias “de bien” y, durante el franquismo, a aquellas que fueran relevantes para el Régimen.
El perfil de madre biológica susceptible de ser víctima de una sustracción ilegal eran mujeres jóvenes, a menudo solteras, que hubieran acudido solas a dar a luz y pudieran considerarse vulnerables. Tras el parto, una enfermera se llevaba al neonato y luego le comunicaban a la madre que el bebé había nacido muerto o que había fallecido durante sus primeros momentos de vida a causa de una complicación o deformidad. Esta noticia iba acompañada de una recomendación: “mejor no veas el cuerpo, no te hará ningún bien. Nosotros nos encargamos de todo”. En el caso de que la madre insistiera en verlo, les enseñaban un cuerpo embalsamado y luego les entregaban una caja vacía. Así, las mismas monjas que habían asistido el parto trasladaban a los bebés recién nacidos a la Casa Cuna sin levantar sospechas.
Aunque no ha habido una investigación policial que lo corrobore, hay indicios documentales que respaldan a las víctimas. Uno de ellos es la posible falsificación de los expedientes médicos que el personal de la Casa Cuna debía ir rellenando progresivamente durante la estancia de los menores allí. En ellos se registraban datos como el peso, la altura o si los menores habían pasado la varicela o el sarampión.
Según los testimonios de varias personas que sospechan haber sido robadas en este centro, al comparar sus expedientes han comprobado que parecen rellenados el mismo día, con el mismo bolígrafo y por la misma persona. Esto les hace pensar que estos informes no se rellenaron a lo largo de la estancia, sino que se realizaron de manera ficticia para entregarlos a los adoptantes. Otra curiosidad es que los nombres de los testigos y del secretario del Registro Civil que hacían las partidas de nacimiento son siempre los mismos, indiferentemente del año de registro.
A pesar de estas sospechas, muchas de las personas que han sido privadas de su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes aún no han podido confirmar cuál es su procedencia por carecer de los recursos necesarios para recurrir a la vía judicial. No obstante, acudir a esta vía tampoco garantiza nada.
Escaso respaldo jurídico para las víctimas
Las familias víctimas de estas sustracciones ilegales de recién nacidos han encontrado durante sus búsquedas serias dificultades, por lo que denuncian la ausencia de respaldo jurídico. Hasta ahora, lo que se conoce sobre estas prácticas en la Casa Cuna parte de las investigaciones llevadas a cabo por las propias personas afectadas a través de asociaciones o de los testimonios de las personas involucradas en estas adopciones irregulares, como padres adoptivos ilegales o incluso las monjas que trabajaban allí.
Además, al querer denunciar un caso se debe seguir un procedimiento largo y tedioso. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan quienes denuncian es el archivo inmediato de su caso por falta de pruebas. Para intentar traspasar esta barrera tendrían que contratar a un abogado que interponga una querella e investigue el caso. Una alta inversión que muchas personas no se pueden permitir y provoca que terminen abandonando esta vía.
Ante esta situación de desprotección, los colectivos como SOS Bebés Robados y Sin Identidad reclaman una legislación específica que proporcione las herramientas necesarias para la búsqueda, como un banco de ADN nacional y la apertura de los archivos privados de la Iglesia Católica.
El robo de menores en España comenzó, según la antropóloga Neus Roig en su libro No llores que vas a ser feliz, en el año 1938 como consecuencia de la represión ideológica ejercida durante la Guerra Civil y la primera posguerra hacia la mujer “roja” y sus descendientes. Una práctica dilatada en el tiempo que poco a poco dejó de ser una forma de presión para convertirse en una red de negocio en la que se vieron envueltas instituciones públicas, prestigiosas clínicas privadas y la Iglesia Católica.
Aunque es muy común catalogar el robo de bebés como una de las atrocidades que ocurrieron durante la dictadura franquista, lo cierto es que esta práctica perduró hasta bastante avanzada la democracia. Tanto es así que el último caso registrado data del año 2001 en la provincia de Huelva. Es decir, hace tan solo 19 años.
En Canarias, la trama de bebés robados tuvo una especial relevancia por la situación periférica de las Islas. Esta condición las convirtió en parte de un triángulo de distribución por la ventaja que concedía la lejanía geográfica al disminuir las posibilidades de que los menores se reencontraran con sus familias biológicas. Y, aunque la trama de menores robados en Canarias tiene muchos hilos de los que tirar, nos centraremos en el negocio del robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife.
El negocio de la Casa Cuna de Tenerife
Las Casas Cuna eran hospicios públicos de menores repartidos por el país que fueron regentados por cargos eclesiásticos, en especial por monjas, hasta bien entrados los años 90. Estos orfanatos se colocaron en el punto de mira cuando en enero de 2011 se destapó públicamente la trama de los bebés robados después de que el abogado valenciano Enrique Vila presentara ante la Fiscalía General del Estado la primera denuncia conjunta por el robo de recién nacidos. El documento recopilaba 261 denuncias individuales de casos de bebés robados y adopciones ilegales que permitieron crear patrones y atar cabos. Entre los casos más sonados destaca el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife y la de Valencia.
La Casa Cuna de Tenerife era dependencia del Cabildo Insular. Se inauguró en 1936 en la capital tinerfeña y su función era dar acogida a las niñas y niños huérfanos o con familias incapaces de mantenerlos económicamente. Una labor social que ejerció durante toda su existencia, pero que se enturbió con las denuncias públicas de numerosos casos de robo, desaparición o intercambio de niños y niñas, especialmente en las edades más tempranas.
El torno: un elemento clave
Y tras conocer esta información cabe preguntarse: ¿cómo podría producirse el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife? Según varias fuentes personales, el factor que permitía que esto ocurriese radica en la forma en la que un menor podía llegar al hospicio.
En una primera opción, la madre biológica o algún familiar lo llevaba al hospicio alegando que no podía hacerse cargo de él pero manteniendo sus datos personales y orígenes y, por tanto, su identidad. Sin embargo, la segunda manera permitía desprenderse del menor a través del torno, una especie de puerta giratoria que comunicaba la edificación con el exterior y en la que cualquier persona podía dejar a una niña o un niño de manera anónima. Así, los menores que entraban a la Casa Cuna a través del torno lo hacían de forma anónima, sin identidad, y pasaban a adoptar un único apellido: Expósito.
Esta entrega anónima se podía producir de manera voluntaria y legal, pero en el contexto de las prácticas ilícitas de sustracción de menores, esta alternativa jugó un papel fundamental: El torno permitía justificar la llegada de un bebé a la Casa Cuna sin dar explicación alguna sobre su origen.
Modus operandi del robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife
Pero, ¿de dónde procedían los menores realmente? Esta pregunta se responde al conocer la vinculación directa que existía entre la Casa Cuna y el antiguo Hospital Civil, que estaban coordinados por el mismo personal.
Según varias fuentes especializadas en el tema, el método a través del que se producía el robo de bebés en la Casa Cuna de Tenerife era muy similar al que se llevaba a cabo en otros centros, como la clínica San Ramón de Madrid. Esta era una conocida maternidad privada que perteneció al ya fallecido ginecólogo Eduardo Vela, quien fue el primer acusado por robo de menores en 2013.
Siguiendo este patrón que se repetía en hospitales, maternidades y centros de mujeres de toda España, en el Hospital Civil de Tenerife antes de que la criatura naciera ya había sido asignada a un matrimonio católico. Fuentes del Colectivo Sin Identidad, formado por mujeres y hombres que crecieron en la Casa Cuna, también afirmaron para RTVE haber visto cómo los militares de origen alemán venían a por niños rubios de ojos azules o cómo desde Argentina venían a por niños morenos.
Aunque no existía una tarifa establecida, estas familias adoptantes ilegales pagaban por el recién nacido una compensación económica que podía ir desde las 200.000 pesetas hasta superar el millón de pesetas, dependiendo de la capacidad económica de la familia y de las características del bebé, siendo los más caros los de ojos claros y pelo rubio. También en algunas ocasiones se entregaban los menores como un regalo u obsequio a militares, familias “de bien” y, durante el franquismo, a aquellas que fueran relevantes para el Régimen.
El perfil de madre biológica susceptible de ser víctima de una sustracción ilegal eran mujeres jóvenes, a menudo solteras, que hubieran acudido solas a dar a luz y pudieran considerarse vulnerables. Tras el parto, una enfermera se llevaba al neonato y luego le comunicaban a la madre que el bebé había nacido muerto o que había fallecido durante sus primeros momentos de vida a causa de una complicación o deformidad. Esta noticia iba acompañada de una recomendación: “mejor no veas el cuerpo, no te hará ningún bien. Nosotros nos encargamos de todo”. En el caso de que la madre insistiera en verlo, les enseñaban un cuerpo embalsamado y luego les entregaban una caja vacía. Así, las mismas monjas que habían asistido el parto trasladaban a los bebés recién nacidos a la Casa Cuna sin levantar sospechas.
Aunque no ha habido una investigación policial que lo corrobore, hay indicios documentales que respaldan a las víctimas. Uno de ellos es la posible falsificación de los expedientes médicos que el personal de la Casa Cuna debía ir rellenando progresivamente durante la estancia de los menores allí. En ellos se registraban datos como el peso, la altura o si los menores habían pasado la varicela o el sarampión.
Según los testimonios de varias personas que sospechan haber sido robadas en este centro, al comparar sus expedientes han comprobado que parecen rellenados el mismo día, con el mismo bolígrafo y por la misma persona. Esto les hace pensar que estos informes no se rellenaron a lo largo de la estancia, sino que se realizaron de manera ficticia para entregarlos a los adoptantes. Otra curiosidad es que los nombres de los testigos y del secretario del Registro Civil que hacían las partidas de nacimiento son siempre los mismos, indiferentemente del año de registro.
A pesar de estas sospechas, muchas de las personas que han sido privadas de su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes aún no han podido confirmar cuál es su procedencia por carecer de los recursos necesarios para recurrir a la vía judicial. No obstante, acudir a esta vía tampoco garantiza nada.
Escaso respaldo jurídico para las víctimas
Las familias víctimas de estas sustracciones ilegales de recién nacidos han encontrado durante sus búsquedas serias dificultades, por lo que denuncian la ausencia de respaldo jurídico. Hasta ahora, lo que se conoce sobre estas prácticas en la Casa Cuna parte de las investigaciones llevadas a cabo por las propias personas afectadas a través de asociaciones o de los testimonios de las personas involucradas en estas adopciones irregulares, como padres adoptivos ilegales o incluso las monjas que trabajaban allí.
Además, al querer denunciar un caso se debe seguir un procedimiento largo y tedioso. Una de las principales dificultades a las que se enfrentan quienes denuncian es el archivo inmediato de su caso por falta de pruebas. Para intentar traspasar esta barrera tendrían que contratar a un abogado que interponga una querella e investigue el caso. Una alta inversión que muchas personas no se pueden permitir y provoca que terminen abandonando esta vía.
Ante esta situación de desprotección, los colectivos como SOS Bebés Robados y Sin Identidad reclaman una legislación específica que proporcione las herramientas necesarias para la búsqueda, como un banco de ADN nacional y la apertura de los archivos privados de la Iglesia Católica.