El 14 de abril de 1931 es proclamada en España la II República, que coge por sorpresa a todos empezando por los propios republicanos máxime cuando meses antes habían fracasado dos golpes militares para instaurarla por la fuerza, y nace como fruto de un confuso y azaroso desencadenamiento de hechos, más que del resultado de una imposible victoria republicana en elecciones, para colmo municipales. El 11 de mayo siguiente, sin que la joven República hubiese cumplido siquiera un mes, muchos católicos españoles que, al contrario de lo que tantos se esfuerzan por hacer creer, no se consideraban enemigos del nuevo régimen vieron cómo sus expectativas se convertían en cenizas a la par que sus templos, conventos y obras de arte. Ese día y los siguientes ardieron con todas sus joyas artísticas o fueron asaltados y saqueados sin otra razón que el más estéril sectarismo iconoclasta 41 inmuebles religiosos en Málaga (sólo una de sus parroquias quedó intacta; también se destruyen templos en municipios malagueños como Torremolinos, El Palo, Churriana, etc.), 11 en Madrid, 4 en Sevilla, otros 4 en Cádiz, 5 en Jerez, 2 en Algeciras, 2 en Sanlúcar, 21 en Valencia y provincia, 13 en Alicante, 4 en Murcia& Así hasta un centenar entre los que también se cuentan bibliotecas, centros de formación, escuelas para obreros, en apenas tres días; y en los meses siguientes no dejan de menudear las quemas.
Pero si surrealista e inexplicable parece hoy este hecho, todavía más desconcertante resulta para una sensibilidad educada en democracia la flagrante pasividad de un Gobierno provisional de la República empeñado en identificar demagógicamente la acción incendiaria con la voluntad popular (Presidente Alcalá Zamora: Sólo fogatas de virutas; ministro Azaña: Todos los conventos no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia civil, dimito. No se incoó proceso alguno y hasta se hizo recaer la responsabilidad de los desmanes sobre las propias víctimas, actitud que pronto veremos reproducida en la Alemania nazi tras los atropellos antisemitas de la Kristallnacht).
La escalada anticatólica prosigue en los meses siguientes: el 13 de junio, el cardenal primado de España don Pedro Segura, autor de una pastoral de gratitud y elogio hacia el autoexiliado rey y ausente a la sazón, es detenido a su regreso y conducido de nuevo a la frontera por orden gubernativa (el ministro responsable de esta medida, don Miguel Maura, católico por más señas, será quien decida también la injusta expulsión de España del obispo de Vitoria, mons. Múgica). El 4 de agosto se envía a la excedencia forzosa a todos los capellanes de prisiones.
El 21 del mismo mes sale un decreto del Gobierno suspendiendo la facultad de venta, enajenación y gravamen de los bienes muebles, inmuebles y derechos reales de la iglesia, órdenes, institutos y casas religiosas, y, en general, de aquellos bienes que de algún modo estén adscritos al cumplimiento de fines religiosos. (art. 1º) Los notarios no autorizarán ningún instrumento público sobre los bienes antedichos, y los registradores de la Propiedad denegarán la inscripción de los correspondientes títulos. Los agentes de Bolsa y corredores de Comercio no intervendrán... (art. 2º) Los Bancos nacionales y los Bancos extranjeros domiciliados en España no autorizarán la retirada de depósitos de cualquier naturaleza... (art. 3º)... El 13 de octubre, el ministro de la Guerra y a otro día presidente don Manuel Azaña pronuncia en el parlamento su célebre alocución conteniendo la desafortunada (Víctor Manuel Arbeloa) e imprudente (Hugh Thomas) afirmación: España ha dejado de ser católica, que, evidentemente, hay que entender en su contexto.
«Una Constitución que invitaba a la guerra civil»
La expulsión de los católicos de la República (en expresión de don Ángel Herrera, figura sobresaliente del catolicismo de la época y director del periódico El Debate) se consumó sin duda con la aprobación el 9 de diciembre de la Constitución de 1931. Cualquier juicio que se haga sobre esta Carta Magna no debe prescindir del autorizado dictamen que escasos años después emitió al respecto uno de los más conspicuos protagonistas del período constituyente, el presidente del Gobierno y luego de la República don Niceto Alcalá Zamora:
«Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España [&] Pero no fue sólo por imitación de textos o influencias doctrinales del extranjero. Entró por mucho, decisivamente, el espíritu sectario que quiso lograr y consolidar soluciones tendenciosas, imponiendo una fuerza parlamentaria pasajera, y no representativa de la total voluntad española. [&] ¡Y sin embargo se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes!». N. Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 (libro "pensado y escrito antes del 34", según confesión de su autor, y publicado en 1936).
Don Niceto, liberal y católico al fin y al cabo, calificaba como noche triste de su vida la del referido trece de octubre de 1931 en las Cortes Constituyentes, noche opaca de una semana trágica de la Iglesia (palabras del historiador V. M. Arbeloa) en la que entre espasmos de violencia verbal e incluso física se discutió hasta bien entrada la madrugada el famoso y aún hoy sorprendente artículo 26 de la Constitución:
«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [indisimulada alusión a la Compañía de Jesús]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2ª Inscripción de las que deben subsistir, en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.
3ª Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.
Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».
El acerbo sectarismo de éste y otros preceptos constitucionales, impropios de un régimen que a sí mismo se presentaba y todavía es presentado como la primera experiencia realmente democrática y garante de las libertades en España, mereció al punto la crítica implacable de figuras de la ejecutoria republicana de un José Ortega y Gasset&:
«Esa tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente en ella [&] El artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes».
... o de un Alejandro Lerroux:
«Negación de un derecho de gentes y de la condición de ciudadanos a todos los que no profesan nuestras ideas».
A las alturas de octubre de 1976, 45 años después, y casi uno de la muerte de Franco, un autor republicano de izquierdas rememorará el hecho sentenciando:
«Y en la misma noche histórica, 13-14 de octubre, se votó el artículo 26 de la Constitución, jugándose aquí y creo que no es mucho decir todo el futuro de la República».
Pero si surrealista e inexplicable parece hoy este hecho, todavía más desconcertante resulta para una sensibilidad educada en democracia la flagrante pasividad de un Gobierno provisional de la República empeñado en identificar demagógicamente la acción incendiaria con la voluntad popular (Presidente Alcalá Zamora: Sólo fogatas de virutas; ministro Azaña: Todos los conventos no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia civil, dimito. No se incoó proceso alguno y hasta se hizo recaer la responsabilidad de los desmanes sobre las propias víctimas, actitud que pronto veremos reproducida en la Alemania nazi tras los atropellos antisemitas de la Kristallnacht).
La escalada anticatólica prosigue en los meses siguientes: el 13 de junio, el cardenal primado de España don Pedro Segura, autor de una pastoral de gratitud y elogio hacia el autoexiliado rey y ausente a la sazón, es detenido a su regreso y conducido de nuevo a la frontera por orden gubernativa (el ministro responsable de esta medida, don Miguel Maura, católico por más señas, será quien decida también la injusta expulsión de España del obispo de Vitoria, mons. Múgica). El 4 de agosto se envía a la excedencia forzosa a todos los capellanes de prisiones.
El 21 del mismo mes sale un decreto del Gobierno suspendiendo la facultad de venta, enajenación y gravamen de los bienes muebles, inmuebles y derechos reales de la iglesia, órdenes, institutos y casas religiosas, y, en general, de aquellos bienes que de algún modo estén adscritos al cumplimiento de fines religiosos. (art. 1º) Los notarios no autorizarán ningún instrumento público sobre los bienes antedichos, y los registradores de la Propiedad denegarán la inscripción de los correspondientes títulos. Los agentes de Bolsa y corredores de Comercio no intervendrán... (art. 2º) Los Bancos nacionales y los Bancos extranjeros domiciliados en España no autorizarán la retirada de depósitos de cualquier naturaleza... (art. 3º)... El 13 de octubre, el ministro de la Guerra y a otro día presidente don Manuel Azaña pronuncia en el parlamento su célebre alocución conteniendo la desafortunada (Víctor Manuel Arbeloa) e imprudente (Hugh Thomas) afirmación: España ha dejado de ser católica, que, evidentemente, hay que entender en su contexto.
«Una Constitución que invitaba a la guerra civil»
La expulsión de los católicos de la República (en expresión de don Ángel Herrera, figura sobresaliente del catolicismo de la época y director del periódico El Debate) se consumó sin duda con la aprobación el 9 de diciembre de la Constitución de 1931. Cualquier juicio que se haga sobre esta Carta Magna no debe prescindir del autorizado dictamen que escasos años después emitió al respecto uno de los más conspicuos protagonistas del período constituyente, el presidente del Gobierno y luego de la República don Niceto Alcalá Zamora:
«Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España [&] Pero no fue sólo por imitación de textos o influencias doctrinales del extranjero. Entró por mucho, decisivamente, el espíritu sectario que quiso lograr y consolidar soluciones tendenciosas, imponiendo una fuerza parlamentaria pasajera, y no representativa de la total voluntad española. [&] ¡Y sin embargo se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil, desde lo dogmático, en que impera la pasión sobre la serenidad justiciera, a lo orgánico, en que la improvisación, el equilibrio inestable, sustituyen a la experiencia y a la construcción sólida de los poderes!». N. Alcalá Zamora, Los defectos de la Constitución de 1931 (libro "pensado y escrito antes del 34", según confesión de su autor, y publicado en 1936).
Don Niceto, liberal y católico al fin y al cabo, calificaba como noche triste de su vida la del referido trece de octubre de 1931 en las Cortes Constituyentes, noche opaca de una semana trágica de la Iglesia (palabras del historiador V. M. Arbeloa) en la que entre espasmos de violencia verbal e incluso física se discutió hasta bien entrada la madrugada el famoso y aún hoy sorprendente artículo 26 de la Constitución:
«Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [indisimulada alusión a la Compañía de Jesús]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.
2ª Inscripción de las que deben subsistir, en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.
3ª Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.
Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».
El acerbo sectarismo de éste y otros preceptos constitucionales, impropios de un régimen que a sí mismo se presentaba y todavía es presentado como la primera experiencia realmente democrática y garante de las libertades en España, mereció al punto la crítica implacable de figuras de la ejecutoria republicana de un José Ortega y Gasset&:
«Esa tan certera Constitución ha sido mechada con unos cuantos cartuchos detonantes introducidos arbitrariamente en ella [&] El artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes».
... o de un Alejandro Lerroux:
«Negación de un derecho de gentes y de la condición de ciudadanos a todos los que no profesan nuestras ideas».
A las alturas de octubre de 1976, 45 años después, y casi uno de la muerte de Franco, un autor republicano de izquierdas rememorará el hecho sentenciando:
«Y en la misma noche histórica, 13-14 de octubre, se votó el artículo 26 de la Constitución, jugándose aquí y creo que no es mucho decir todo el futuro de la República».