Hacienda prepara una subida fija y otra variable para los funcionarios.
JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ MANUEL V. GÓMEZ.
Madrid.
La secretaria de Estado de Función Pública se reúne hoy con los sindicatos de función pública para tratar de alcanzar un pacto salarial para el periodo 2018-2020.
El Ministerio de Hacienda ha citado para hoy a las principales organizaciones sindicales de empleados públicos en busca de un pacto salarial para los próximos tres años 2018-2020. El ministro Cristóbal Montoro pretende ofrecerles una subida salarial con una parte fija y otra variable, ligada al crecimiento de la economía. El objetivo es que los empleados públicos recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. El Ejecutivo ha fijado un tope del 5% en los próximos tres años, algo que los sindicatos ven insuficiente. Las posturas están alejadas y el acuerdo entre las partes parece difícil.
Las principales organizaciones sindicales (UGT, CC OO y CSIF) y el Ministerio de Hacienda mantienen una dura negociación a cuenta de la subida salarial para los funcionarios que recogerán los próximos Presupuestos. La próxima reunión se producirá este jueves por la tarde entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los representantes sindicales. En ese encuentro, el Ejecutivo propondrá un aumento salarial con una parte fija y otra variable vinculada al crecimiento (PIB). Además, la subida estaría limitada a un máximo que rondaría el 5% en el periodo 2018-2020. En el Ejecutivo explican que buscan no azuzar el IPC ni entorpecer la creación de empleo en el ámbito privado por un efecto arrastre en las negociaciones en empresas.
La representante de Hacienda también se mostrará favorable a subir la tasa de reposición (sustitución de quienes se jubilan por nuevos funcionarios). Esta demanda sindical nace ante el envejecimiento de las plantillas. Por último, Collado no cerrará la puerta a bajar la jornada a las 35 horas, pero solo a determinados sectores y de forma progresiva.
Los sindicatos esgrimen que los empleados del sector público llegaron a perder hasta un 20% de capacidad de compra desde 2010, entre recortes y congelación del sueldo. Y señalan que el escenario actual no es el de años atrás, cuando la economía caía y se aplicaban ajustes. Además, recuerdan que su carga de trabajo se ha incrementado porque las plantillas públicas se han reducido de forma drástica.
Para los próximos años, sindicatos aceptarían una subida más modesta, siempre que ya el año próximo se empiece a ganar poder adquisitivo partiendo de la posición actual o que se recupere parte del recorte del 5% aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2010. Esto pasaría por recuperar ese porcentaje más la inflación que se acumule de 2018 a 2020. Esto se traduciría en un aumento de cerca de un 3% anual. Algo que Hacienda no parece aceptar.
Existe cierto pesimismo entre los representantes sindicales. Creen que el Gobierno está dando marcha atrás respecto a la oferta que les puso sobre la mesa la semana pasada cuando el ministro Montoro se reunió con los representantes sindicales. Fuentes de estas organizaciones cuentan que tras las primeras reuniones con la secretaría de Estado existió un escenario de recuperación de poder adquisitivo con una subida del 1,25% más otro porcentaje vinculado al IPC, lo que supondría una subida próxima al 2,5% anual. Esperaban recibir estos días un documento de Hacienda con una propuesta concreta para ir trabajando sobre ella. Pero el ministerio no les ha adelantado ninguna propuesta concreta.
Pepe Fernández, secretario general de los trabajadores públicos de CC OO, cree que "el Gobierno se está retractando. Había abierto un escenario de recuperación del poder adquisitivo que no se está materializando", apunta con decepción. "No estamos cerrados a que entre los criterios de revalorización salarial esté el PIB, pero no renunciamos que el coste de la vida forme parte también", apunta Frederic Monell, de UGT. "No tenemos margen para un acuerdo que no recoja una recuperación importante de poder adquisitivo", añade, sin olvidarse de la jornada semanal de 35 horas. Por su parte, Miguel Borra, presidente de CSIF, defiende que "los empleados públicos empiecen a participar de la reactivación de la economía. Y esto debe notarse en su nómina". Y añade: "Además, es fundamental recuperar la jornada de 35 horas".
JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ MANUEL V. GÓMEZ.
Madrid.
La secretaria de Estado de Función Pública se reúne hoy con los sindicatos de función pública para tratar de alcanzar un pacto salarial para el periodo 2018-2020.
El Ministerio de Hacienda ha citado para hoy a las principales organizaciones sindicales de empleados públicos en busca de un pacto salarial para los próximos tres años 2018-2020. El ministro Cristóbal Montoro pretende ofrecerles una subida salarial con una parte fija y otra variable, ligada al crecimiento de la economía. El objetivo es que los empleados públicos recuperen parte del poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. El Ejecutivo ha fijado un tope del 5% en los próximos tres años, algo que los sindicatos ven insuficiente. Las posturas están alejadas y el acuerdo entre las partes parece difícil.
Las principales organizaciones sindicales (UGT, CC OO y CSIF) y el Ministerio de Hacienda mantienen una dura negociación a cuenta de la subida salarial para los funcionarios que recogerán los próximos Presupuestos. La próxima reunión se producirá este jueves por la tarde entre la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, y los representantes sindicales. En ese encuentro, el Ejecutivo propondrá un aumento salarial con una parte fija y otra variable vinculada al crecimiento (PIB). Además, la subida estaría limitada a un máximo que rondaría el 5% en el periodo 2018-2020. En el Ejecutivo explican que buscan no azuzar el IPC ni entorpecer la creación de empleo en el ámbito privado por un efecto arrastre en las negociaciones en empresas.
La representante de Hacienda también se mostrará favorable a subir la tasa de reposición (sustitución de quienes se jubilan por nuevos funcionarios). Esta demanda sindical nace ante el envejecimiento de las plantillas. Por último, Collado no cerrará la puerta a bajar la jornada a las 35 horas, pero solo a determinados sectores y de forma progresiva.
Los sindicatos esgrimen que los empleados del sector público llegaron a perder hasta un 20% de capacidad de compra desde 2010, entre recortes y congelación del sueldo. Y señalan que el escenario actual no es el de años atrás, cuando la economía caía y se aplicaban ajustes. Además, recuerdan que su carga de trabajo se ha incrementado porque las plantillas públicas se han reducido de forma drástica.
Para los próximos años, sindicatos aceptarían una subida más modesta, siempre que ya el año próximo se empiece a ganar poder adquisitivo partiendo de la posición actual o que se recupere parte del recorte del 5% aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2010. Esto pasaría por recuperar ese porcentaje más la inflación que se acumule de 2018 a 2020. Esto se traduciría en un aumento de cerca de un 3% anual. Algo que Hacienda no parece aceptar.
Existe cierto pesimismo entre los representantes sindicales. Creen que el Gobierno está dando marcha atrás respecto a la oferta que les puso sobre la mesa la semana pasada cuando el ministro Montoro se reunió con los representantes sindicales. Fuentes de estas organizaciones cuentan que tras las primeras reuniones con la secretaría de Estado existió un escenario de recuperación de poder adquisitivo con una subida del 1,25% más otro porcentaje vinculado al IPC, lo que supondría una subida próxima al 2,5% anual. Esperaban recibir estos días un documento de Hacienda con una propuesta concreta para ir trabajando sobre ella. Pero el ministerio no les ha adelantado ninguna propuesta concreta.
Pepe Fernández, secretario general de los trabajadores públicos de CC OO, cree que "el Gobierno se está retractando. Había abierto un escenario de recuperación del poder adquisitivo que no se está materializando", apunta con decepción. "No estamos cerrados a que entre los criterios de revalorización salarial esté el PIB, pero no renunciamos que el coste de la vida forme parte también", apunta Frederic Monell, de UGT. "No tenemos margen para un acuerdo que no recoja una recuperación importante de poder adquisitivo", añade, sin olvidarse de la jornada semanal de 35 horas. Por su parte, Miguel Borra, presidente de CSIF, defiende que "los empleados públicos empiecen a participar de la reactivación de la economía. Y esto debe notarse en su nómina". Y añade: "Además, es fundamental recuperar la jornada de 35 horas".