Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.
En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas
La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas
Los trámites del recurso del fiscal contra Camps ya están terminados
Las decisiones sobre Bárcenas pueden afectar al PP en época electoral
Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.
Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.
En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas
La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas
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Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.
Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.