Las tramas urbanísticas salpican a más de una decena de municipios en los que gobiernan los socialistas
La campaña electoral del PSOE para las europeas no podía haber empezado peor. La formación política se ha empeñado tanto en sacar a la luz los trapos sucios de la oposición que se olvidó de tapar los propios. Así, en los últimos días han sido varios los escándalos de corrupción que han salpicado a los socialistas. El pasado lunes, la Guardia Civil destapó una trama urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en la que, presuntamente, estarían implicados dos miembros del PSOE: el jefe de la oficina técnica municipal, José Rafael Arrocha, y Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo Insular. Ambos fueron detenidos, junto a otras siete personas, y acusados de falsificación y concesión irregular de licencias de obra.
No ha sido el único escollo de los socialistas. Apenas un día después, era detenido el ex alcalde socialista del municipio murciano de Lorca, Miguel Navarro. El arresto está relacionado con la «operación Reciclaje» contra una trama de corrupción en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza de la localidad, Limusa, de la que presuntamente se podrían haber desviado fondos públicos para financiar a empresas privadas. Tras declarar ante el juez, Navarro quedó libre con cargos.
Y, por si esto fuera poco, otro ex alcalde socialista, Francisco Javier Raventós, ex regidor de Collbató, en Barcelona, iba a ser juzgado el martes, pero pactó en el último momento con la Fiscalía una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003. Raventós reconoció que había abusado de su cargo para obtener dinero del erario público que debía servir para pagar a proveedores municipales. Estos son los más recientes, pero no los únicos, ya que la corrupción en el PSOE ha sido una constante. Estos son algunos de los casos más destacados en la geografía española:
Andalucía
- «Operación Malaya»: Es, sin duda, la más conocida por su envergadura. Se destapó en marzo de 2006 y se saldó con la detención de buena parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa entonces, Marisol Yagüe, estuvo en prisión año y medio, así como su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), PSOE y Partido Andalucista. Por la misma causa, fueron encarcelados el anterior regidor del municipio, Julián Muñoz, y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la operación.
- Garrucha (Almería): Al alcalde socialista, Andrés Segura, le acusaron de firmar un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se comprometía a pagar al Consistorio 2,6 millones para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio.
Comunidad Valenciana
La comunidad donde más han puesto sus miras los socialistas para atacar al PP, es una de las que más casos de corrupción de su partido ha registrado:
- Elche: Hace un mes el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, declaraba como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según afirmó, todo se debía a un «error administrativo». El PP presentó varias denuncias por el presunto pago de inserciones publicitarias de actos electorales del PSPV-PSOE con dinero del ayuntamiento.
- Bigastro: Su alcalde, el socialista José Joaquín Moya, fue encarcelado por delitos contra la ordenación de territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación destapó operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.
- Zarra: Su alcalde, Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV, y su hijo, pagaron 18.000 euros para salir de prisión. Dio licencias de obra a su hijo para edificar en zona no urbanizable.
- Carral: Se produjo hace dos años. El entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado por un delito de ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. La denuncia la interpuso una asociación de consumidores que le acusaba de dar licencias para que se construyeran hasta 1.200 viviendas en el Parque Natural de El Hondo de Elche. La Generalitat retiró al Ayuntamiento las competencias urbanísticas.
- Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera.
Castilla-La Mancha
- «Las Higuericas» (Hellín): En 2006 se iniciaron las obras de la urbanización «Las Higuericas», con el visto bueno del alcalde, el socialista Diego García. Incluían 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, los cuales, según las denuncias tanto de ecologistas como del PP, están en un espacio declarado «Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves», perteneciente a la futura Red Natura 2000. Los populares denunciaron, además, sobornos para «comprar al pueblo».
- Seseña (Toledo): La urbanización de «El Pocero» ha sido uno de los casos más sonados. Francisco Hernando se propuso construir una «ciudad» de 13.500 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados de terreno rústico recalificado. Pese a que acumula casi tantas denuncias como las que presenta, anunció su intención de levantar un millón de viviendas en Madrid y se compró el yate más grande de España. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar seis millones de euros por varios delitos fiscales, y se investiga la recalificación de los terrenos y varios delitos de cohecho, fraude y prevaricación. Las pesquisas llegaron hasta varios miembros del PSOE y funcionarios municipales, que podrían haber recibido más de 800 millones de euros.
Aragón
- La Muela (Zaragoza): La alcaldesa socialista de esta localidad, María Victoria Pinilla, se encuentra encarcelada desde el pasado 23 de marzo y se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales, y blanqueo de capitales. La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas.
Galicia
- Puerto del Son: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusó al edil socialista Manuel Vázquez de comprar al menos cuatro fincas entre los años 2000 y 2006, que fueron declaradas no urbanizables, con la principal pretensión de recalificarlas con el objetivo de incrementar su valor.
Baleares
- Caso de «Eivissa Centre»: Además del presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés, que está imputado, el juez encargado del caso investiga si algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues. A cambio, habrían obtenido la adjudicación de la ejecución del proyecto urbanístico «Eivissa Centre», para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.
Canarias
- San Bartolomé de Tirajana: En junio de 2007 el Ayuntamiento, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE se registraba por orden judicial en el marco de una operación contra la corrupción política. Seis personas resultaban detenidas, entre ellas un concejal y el secretario del Consistorio. La Policía Judicial rastreó todos los rincones de varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Actas, Intervención de Fondos, Urbanismo y Vivienda. Uno de los arrestados fue el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él. La detención de «Pacuco», como se la conocía era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria.
LA RAZON. ES
La campaña electoral del PSOE para las europeas no podía haber empezado peor. La formación política se ha empeñado tanto en sacar a la luz los trapos sucios de la oposición que se olvidó de tapar los propios. Así, en los últimos días han sido varios los escándalos de corrupción que han salpicado a los socialistas. El pasado lunes, la Guardia Civil destapó una trama urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en la que, presuntamente, estarían implicados dos miembros del PSOE: el jefe de la oficina técnica municipal, José Rafael Arrocha, y Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo Insular. Ambos fueron detenidos, junto a otras siete personas, y acusados de falsificación y concesión irregular de licencias de obra.
No ha sido el único escollo de los socialistas. Apenas un día después, era detenido el ex alcalde socialista del municipio murciano de Lorca, Miguel Navarro. El arresto está relacionado con la «operación Reciclaje» contra una trama de corrupción en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza de la localidad, Limusa, de la que presuntamente se podrían haber desviado fondos públicos para financiar a empresas privadas. Tras declarar ante el juez, Navarro quedó libre con cargos.
Y, por si esto fuera poco, otro ex alcalde socialista, Francisco Javier Raventós, ex regidor de Collbató, en Barcelona, iba a ser juzgado el martes, pero pactó en el último momento con la Fiscalía una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003. Raventós reconoció que había abusado de su cargo para obtener dinero del erario público que debía servir para pagar a proveedores municipales. Estos son los más recientes, pero no los únicos, ya que la corrupción en el PSOE ha sido una constante. Estos son algunos de los casos más destacados en la geografía española:
Andalucía
- «Operación Malaya»: Es, sin duda, la más conocida por su envergadura. Se destapó en marzo de 2006 y se saldó con la detención de buena parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa entonces, Marisol Yagüe, estuvo en prisión año y medio, así como su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), PSOE y Partido Andalucista. Por la misma causa, fueron encarcelados el anterior regidor del municipio, Julián Muñoz, y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la operación.
- Garrucha (Almería): Al alcalde socialista, Andrés Segura, le acusaron de firmar un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se comprometía a pagar al Consistorio 2,6 millones para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio.
Comunidad Valenciana
La comunidad donde más han puesto sus miras los socialistas para atacar al PP, es una de las que más casos de corrupción de su partido ha registrado:
- Elche: Hace un mes el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, declaraba como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según afirmó, todo se debía a un «error administrativo». El PP presentó varias denuncias por el presunto pago de inserciones publicitarias de actos electorales del PSPV-PSOE con dinero del ayuntamiento.
- Bigastro: Su alcalde, el socialista José Joaquín Moya, fue encarcelado por delitos contra la ordenación de territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación destapó operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.
- Zarra: Su alcalde, Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV, y su hijo, pagaron 18.000 euros para salir de prisión. Dio licencias de obra a su hijo para edificar en zona no urbanizable.
- Carral: Se produjo hace dos años. El entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado por un delito de ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. La denuncia la interpuso una asociación de consumidores que le acusaba de dar licencias para que se construyeran hasta 1.200 viviendas en el Parque Natural de El Hondo de Elche. La Generalitat retiró al Ayuntamiento las competencias urbanísticas.
- Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera.
Castilla-La Mancha
- «Las Higuericas» (Hellín): En 2006 se iniciaron las obras de la urbanización «Las Higuericas», con el visto bueno del alcalde, el socialista Diego García. Incluían 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, los cuales, según las denuncias tanto de ecologistas como del PP, están en un espacio declarado «Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves», perteneciente a la futura Red Natura 2000. Los populares denunciaron, además, sobornos para «comprar al pueblo».
- Seseña (Toledo): La urbanización de «El Pocero» ha sido uno de los casos más sonados. Francisco Hernando se propuso construir una «ciudad» de 13.500 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados de terreno rústico recalificado. Pese a que acumula casi tantas denuncias como las que presenta, anunció su intención de levantar un millón de viviendas en Madrid y se compró el yate más grande de España. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar seis millones de euros por varios delitos fiscales, y se investiga la recalificación de los terrenos y varios delitos de cohecho, fraude y prevaricación. Las pesquisas llegaron hasta varios miembros del PSOE y funcionarios municipales, que podrían haber recibido más de 800 millones de euros.
Aragón
- La Muela (Zaragoza): La alcaldesa socialista de esta localidad, María Victoria Pinilla, se encuentra encarcelada desde el pasado 23 de marzo y se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales, y blanqueo de capitales. La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas.
Galicia
- Puerto del Son: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusó al edil socialista Manuel Vázquez de comprar al menos cuatro fincas entre los años 2000 y 2006, que fueron declaradas no urbanizables, con la principal pretensión de recalificarlas con el objetivo de incrementar su valor.
Baleares
- Caso de «Eivissa Centre»: Además del presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés, que está imputado, el juez encargado del caso investiga si algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues. A cambio, habrían obtenido la adjudicación de la ejecución del proyecto urbanístico «Eivissa Centre», para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.
Canarias
- San Bartolomé de Tirajana: En junio de 2007 el Ayuntamiento, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE se registraba por orden judicial en el marco de una operación contra la corrupción política. Seis personas resultaban detenidas, entre ellas un concejal y el secretario del Consistorio. La Policía Judicial rastreó todos los rincones de varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Actas, Intervención de Fondos, Urbanismo y Vivienda. Uno de los arrestados fue el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él. La detención de «Pacuco», como se la conocía era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria.
LA RAZON. ES