SIGUE DEL ANTERIOR...................
Imponer una nueva mayoría en el CGPJ
Nada es casual en la hoja de ruta del Gobierno. Y menos aún, su amenazante compromiso de reformar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial para reformar a capricho la institución y proceder a la renovación de buena parte de sus cargos sin el consenso de 3/5 partes del Congreso que exige la Constitución. El Gobierno ultima malabarismos jurídicos para puentear la Carta Magna, aparcar al PP en la negociación y reunir con el separatismo la mayoría parlamentaria necesaria para domeñar al Consejo y al Tribunal Supremo. Hasta en dos ocasiones, noviembre de 2018 y julio de 2020, el PP se avino a pactar la renovación del CGPJ. Pero en ambas ocasiones, las discrepancias internas tanto en el PSOE como en el PP dinamitaron la operación. Por eso, culpar en exclusiva al PP del bloqueo institucional es, cuanto menos, una media verdad que deliberadamente deja en el olvido las ocasiones en que el PSOE, con el ahora ministro Juan Carlos Campo como cómplice de esa estrategia, vetó durante meses y meses renovaciones determinantes del propio Consejo y del TC.
«Nuevo periodo constituyente»
Entre los jueces, tanto de extracción conservadora como progresista, no se olvidará fácilmente la expresión utilizada por Campo cuando se refirió al «periodo constituyente» que aborda su Gobierno. Los ataques a la separación de poderes desde Moncloa ni siquiera necesitan la contundencia de la hemeroteca. El intento de control total de la Fiscalía a través de Dolores Delgado sin haber dado solución de continuidad a su salida como ministra de Justicia, la guerra civil abierta en el Ministerio Público, el sometimiento de la Abogacía del Estado a las órdenes de Moncloa y, en estos días, los ataques ridiculizantes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra la pandemia han sido solo los antecedentes de una estigmatización directa del juez García Castellón.
Aparte quedan dos episodios relevantes: la indignación generada en la judicatura con la deliberada marginación del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona –«se han pasado tres montañas», dijo Campo cuando esos jueces protestaron-; y la réplica del Consejo del Poder Judicial a esta ofensiva acordando cubrir seis plazas relevantes del Tribunal Supremo pese a que Moncloa había tratado de vetar esa votación. Son suficientes actos de acoso que acreditan una estrategia del Gobierno predeterminada: sojuzgar al poder judicial es la pata pendiente del trípode que necesita Sánchez para asumir el poder total del Estado.
Imponer una nueva mayoría en el CGPJ
Nada es casual en la hoja de ruta del Gobierno. Y menos aún, su amenazante compromiso de reformar unilateralmente la ley orgánica del Poder Judicial para reformar a capricho la institución y proceder a la renovación de buena parte de sus cargos sin el consenso de 3/5 partes del Congreso que exige la Constitución. El Gobierno ultima malabarismos jurídicos para puentear la Carta Magna, aparcar al PP en la negociación y reunir con el separatismo la mayoría parlamentaria necesaria para domeñar al Consejo y al Tribunal Supremo. Hasta en dos ocasiones, noviembre de 2018 y julio de 2020, el PP se avino a pactar la renovación del CGPJ. Pero en ambas ocasiones, las discrepancias internas tanto en el PSOE como en el PP dinamitaron la operación. Por eso, culpar en exclusiva al PP del bloqueo institucional es, cuanto menos, una media verdad que deliberadamente deja en el olvido las ocasiones en que el PSOE, con el ahora ministro Juan Carlos Campo como cómplice de esa estrategia, vetó durante meses y meses renovaciones determinantes del propio Consejo y del TC.
«Nuevo periodo constituyente»
Entre los jueces, tanto de extracción conservadora como progresista, no se olvidará fácilmente la expresión utilizada por Campo cuando se refirió al «periodo constituyente» que aborda su Gobierno. Los ataques a la separación de poderes desde Moncloa ni siquiera necesitan la contundencia de la hemeroteca. El intento de control total de la Fiscalía a través de Dolores Delgado sin haber dado solución de continuidad a su salida como ministra de Justicia, la guerra civil abierta en el Ministerio Público, el sometimiento de la Abogacía del Estado a las órdenes de Moncloa y, en estos días, los ataques ridiculizantes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por haber puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en la lucha contra la pandemia han sido solo los antecedentes de una estigmatización directa del juez García Castellón.
Aparte quedan dos episodios relevantes: la indignación generada en la judicatura con la deliberada marginación del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona –«se han pasado tres montañas», dijo Campo cuando esos jueces protestaron-; y la réplica del Consejo del Poder Judicial a esta ofensiva acordando cubrir seis plazas relevantes del Tribunal Supremo pese a que Moncloa había tratado de vetar esa votación. Son suficientes actos de acoso que acreditan una estrategia del Gobierno predeterminada: sojuzgar al poder judicial es la pata pendiente del trípode que necesita Sánchez para asumir el poder total del Estado.