PSOE y Podemos tienen lista la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que servirá para sortear el veto del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. La intención es registrarla y presentarla este martes en el Congreso como una proposición de ley, esto es, a iniciativa de los grupos y no del Gobierno, lo que garantiza además una tramitación más rápida. La reforma, que ahora deberá buscar el apoyo de otros grupos hasta alcanzar la mayoría absoluta del Congreso ―se trata de una ley orgánica― tiene dos elementos centrales. Por un lado, la norma restringirá las funciones y por tanto el poder del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano para que no pueda nombrar cargos judiciales. Por el otro, se cambiará la norma de elección actual de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora se necesita para renovarlos 3/5 del Congreso. Con la nueva norma bastaría con mayoría absoluta. Los portavoces de los grupos parlamentarios Adriana Lastra, del PSOE, y Pablo Echenique, de Unidas Podemos, comparecerán juntos para presentar la norma una vez que termine la reunión de la junta de portavoces. Al elegir la via del Congreso y no la del Gobierno, los dos grupos aceleran los trámites, facilitan la negociación con los otros socios de la mayoría y además evitan tener que solicitar el informe del propio Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace dos años.
Se eliminaría así el derecho de veto de la oposición y se permitiría el desbloqueo que lleva casi dos años, aunque eso sí a cambio de sentar un precedente que puede perjudicar a la izquierda cuando la derecha llegue al poder y sobre todo de una formidable polémica política y judicial que ya ha comenzado antes incluso de que se presentara la ley.
Se eliminaría así el derecho de veto de la oposición y se permitiría el desbloqueo que lleva casi dos años, aunque eso sí a cambio de sentar un precedente que puede perjudicar a la izquierda cuando la derecha llegue al poder y sobre todo de una formidable polémica política y judicial que ya ha comenzado antes incluso de que se presentara la ley.