Miles de españoles pasan frío hoy por culpa de Felipe González y Aznar
El proceso privatizador de Endesa, un fiasco para el país, solo ha servido para la especulación y la puerta giratoria de algunos
Endesa siempre fue una empresa estratégica para el funcionamiento del Estado. Desde su creación no solo ha abastecido de luz eléctrica a las familias españolas, sino que también proporcionó el combustible necesario a empresas punteras, como los astilleros Bazán, Iberia o Seat. Desde que inició sus actividades en 1944, Endesa fue ampliando su distribución y venta de electricidad hasta convertirse en la mayor compañía del sector energético español. Incluso conoció una notable expansión internacional en Iberoamérica. En su día, la Empresa Nacional de Electricidad fue una apuesta de Estado que añadía valor a la marca España y dotaba de cierta autonomía energética a nuestro país a la hora de fijar las tarifas y precios por el consumo de la luz. Pero llegaron los años ochenta y noventa y con ellos los nuevos aires neoliberales y privatizadores. Entonces se impuso el discurso dogmático de que las grandes empresas del Estado –transportes, minería, astilleros, grandes hornos metalúrgicos− perdían demasiado dinero, de modo que era necesario venderlas al mejor postor. Mejorar la gestión para que fuesen más rentables jamás se barajó como una alternativa. Tocaba hacer caja.
En 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, Endesa comenzó la privatización de la compañía con un lanzamiento inicial en Bolsa del 18 por ciento. Ya no se trataba solo de llevarle luz al pueblo en buenas condiciones económicas, sino de hacer negocio, de jugar a la gran ruleta del capitalismo, de especular sin pudor con un bien de primera necesidad. Así se inauguró la era del nuevo socialismo liberal, un tocomocho al pueblo español, especialmente a las clases más humildes, tal como se está comprobando hoy, cuando cientos de familias españolas se han quedado sin luz al no poder afrontar el coste de la factura mensual.
Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de 80 operaciones de privatización, que dejaron en las arcas públicas 13.200 millones de euros. Un negocio redondo para muchos que hicieron fortuna en aquellos años de Expos y Olimpíadas; una auténtica ruina para el país. Así fue como se vendieron no solo pequeñas y medianas empresas que no tenían tamaño suficiente para competir en el mercado sino también las grandes firmas y compañías nacionales.
El felipismo abrió la veda de la venta de España por parcelas, el aznarismo iba a completar la faena. Durante los años siguientes Endesa, el gran buque insignia de la energía española, sufrió tres OPV (ofertas públicas de venta en el mercado bursátil): en 1994 (todavía con los socialistas en el poder); en 1997 y en 1998 (estas dos últimas ya bajo el mandato de José María Aznar). La salida a Bolsa se completó con el inicio de la privatización total de la compañía. El PSOE le puso al PP en bandeja de plata el suculento negocio de la energía. Ya se sabe que Aznar soñaba con privatizarlo todo, la sanidad, el suelo, el mercado de la vivienda, las autopistas, los transportes… Así se consumó la demolición total del Estado de bienestar que había comenzado con la gran traición del felipismo. Aznar no hizo más que aplicar la segunda fase del plan privatizador al desprenderse de las joyas de la corona: Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural.
En el año 1998 se creó Endesa Energía, la comercializadora de Endesa que gestiona los clientes en el mercado de electricidad y gas natural. Ese mismo año se consumó la OPV por el 33 por ciento del capital de la empresa energética, con lo que esta pasó a ser una de las múltiples empresas privadas con capital público en España. Por descontado, el negocio se cerró con el visto bueno de Bruselas, ya que una directiva europea establecía que para el año 2000 todos los miembros de la UE debían tener como mínimo un 30 por ciento de su mercado liberalizado. A menudo el expolio suele acompañarse de un papel oficial que le da apariencia de legalidad y carta de naturaleza. En todo caso, aquello fue el certificado de defunción de la Empresa Nacional de Electricidad como sociedad estatal y pasó a ser de una corporación semiestatal a una empresa privada bajo la marca mucho más corta de Endesa. Hasta el nombre le recortaron los ideólogos del capitalismo salvaje.
En 2003 se concluyó la privatización completa de la compañía. Desde 2009 y tras sucesivos intentos de OPAS de diferentes compañías, el 70 por ciento de su capital pasó a manos de la empresa energética estatal italiana Enel. Hoy, cuando muchos españoles tiritan de frío porque no pueden pagar facturas desorbitadas por el consumo de la luz, nos preguntamos por qué el Estado no hace nada, por qué no puede intervenir para frenar los abusos de las grandes compañías energéticas. No lo hace porque no puede; no toma cartas en el asunto sencillamente porque la sartén está en manos de unos señores con monóculo y manguitos a los que ni siquiera conocemos y que habitan flamantes despachos en Nueva York, Londres o París. Resulta triste comprobar cómo el bipartidismo ha ido liquidando lo mejor de nuestro tejido empresarial público para sacar un rédito efímero y preparar la dorada jubilación de las élites políticas, que con frecuencia terminan sus carreras profesionales en estas grandes compañías nacionales privatizadas hoy reducidas a la categoría de simples puertas giratorias. Teníamos una gran infraestructura empresarial pública que constituía la espina dorsal del Estado de bienestar y nos la cargamos para venderla por trozos. Conviene pensar en ello cuando pulsemos el interruptor de la luz.
El proceso privatizador de Endesa, un fiasco para el país, solo ha servido para la especulación y la puerta giratoria de algunos
Endesa siempre fue una empresa estratégica para el funcionamiento del Estado. Desde su creación no solo ha abastecido de luz eléctrica a las familias españolas, sino que también proporcionó el combustible necesario a empresas punteras, como los astilleros Bazán, Iberia o Seat. Desde que inició sus actividades en 1944, Endesa fue ampliando su distribución y venta de electricidad hasta convertirse en la mayor compañía del sector energético español. Incluso conoció una notable expansión internacional en Iberoamérica. En su día, la Empresa Nacional de Electricidad fue una apuesta de Estado que añadía valor a la marca España y dotaba de cierta autonomía energética a nuestro país a la hora de fijar las tarifas y precios por el consumo de la luz. Pero llegaron los años ochenta y noventa y con ellos los nuevos aires neoliberales y privatizadores. Entonces se impuso el discurso dogmático de que las grandes empresas del Estado –transportes, minería, astilleros, grandes hornos metalúrgicos− perdían demasiado dinero, de modo que era necesario venderlas al mejor postor. Mejorar la gestión para que fuesen más rentables jamás se barajó como una alternativa. Tocaba hacer caja.
En 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, Endesa comenzó la privatización de la compañía con un lanzamiento inicial en Bolsa del 18 por ciento. Ya no se trataba solo de llevarle luz al pueblo en buenas condiciones económicas, sino de hacer negocio, de jugar a la gran ruleta del capitalismo, de especular sin pudor con un bien de primera necesidad. Así se inauguró la era del nuevo socialismo liberal, un tocomocho al pueblo español, especialmente a las clases más humildes, tal como se está comprobando hoy, cuando cientos de familias españolas se han quedado sin luz al no poder afrontar el coste de la factura mensual.
Bajo el mandato de González, el Estado llevó a cabo cerca de 80 operaciones de privatización, que dejaron en las arcas públicas 13.200 millones de euros. Un negocio redondo para muchos que hicieron fortuna en aquellos años de Expos y Olimpíadas; una auténtica ruina para el país. Así fue como se vendieron no solo pequeñas y medianas empresas que no tenían tamaño suficiente para competir en el mercado sino también las grandes firmas y compañías nacionales.
El felipismo abrió la veda de la venta de España por parcelas, el aznarismo iba a completar la faena. Durante los años siguientes Endesa, el gran buque insignia de la energía española, sufrió tres OPV (ofertas públicas de venta en el mercado bursátil): en 1994 (todavía con los socialistas en el poder); en 1997 y en 1998 (estas dos últimas ya bajo el mandato de José María Aznar). La salida a Bolsa se completó con el inicio de la privatización total de la compañía. El PSOE le puso al PP en bandeja de plata el suculento negocio de la energía. Ya se sabe que Aznar soñaba con privatizarlo todo, la sanidad, el suelo, el mercado de la vivienda, las autopistas, los transportes… Así se consumó la demolición total del Estado de bienestar que había comenzado con la gran traición del felipismo. Aznar no hizo más que aplicar la segunda fase del plan privatizador al desprenderse de las joyas de la corona: Tabacalera, Repsol, Telefónica, Argentaria o Gas Natural.
En el año 1998 se creó Endesa Energía, la comercializadora de Endesa que gestiona los clientes en el mercado de electricidad y gas natural. Ese mismo año se consumó la OPV por el 33 por ciento del capital de la empresa energética, con lo que esta pasó a ser una de las múltiples empresas privadas con capital público en España. Por descontado, el negocio se cerró con el visto bueno de Bruselas, ya que una directiva europea establecía que para el año 2000 todos los miembros de la UE debían tener como mínimo un 30 por ciento de su mercado liberalizado. A menudo el expolio suele acompañarse de un papel oficial que le da apariencia de legalidad y carta de naturaleza. En todo caso, aquello fue el certificado de defunción de la Empresa Nacional de Electricidad como sociedad estatal y pasó a ser de una corporación semiestatal a una empresa privada bajo la marca mucho más corta de Endesa. Hasta el nombre le recortaron los ideólogos del capitalismo salvaje.
En 2003 se concluyó la privatización completa de la compañía. Desde 2009 y tras sucesivos intentos de OPAS de diferentes compañías, el 70 por ciento de su capital pasó a manos de la empresa energética estatal italiana Enel. Hoy, cuando muchos españoles tiritan de frío porque no pueden pagar facturas desorbitadas por el consumo de la luz, nos preguntamos por qué el Estado no hace nada, por qué no puede intervenir para frenar los abusos de las grandes compañías energéticas. No lo hace porque no puede; no toma cartas en el asunto sencillamente porque la sartén está en manos de unos señores con monóculo y manguitos a los que ni siquiera conocemos y que habitan flamantes despachos en Nueva York, Londres o París. Resulta triste comprobar cómo el bipartidismo ha ido liquidando lo mejor de nuestro tejido empresarial público para sacar un rédito efímero y preparar la dorada jubilación de las élites políticas, que con frecuencia terminan sus carreras profesionales en estas grandes compañías nacionales privatizadas hoy reducidas a la categoría de simples puertas giratorias. Teníamos una gran infraestructura empresarial pública que constituía la espina dorsal del Estado de bienestar y nos la cargamos para venderla por trozos. Conviene pensar en ello cuando pulsemos el interruptor de la luz.
Es lo que hacen los socialcomunistas, echar la culpa de sus desastres y de sus promesas incumplidas, a los anteriores, incluido Felipe González