Ahora sí, la carta de la que te hablaba
DIARIO DE BURGOS Opinión09/08/2011
El alcalde de Poyales
RAFAEL TORRES
El alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, del PP, cree que puede exhumar cadáveres sin el consentimiento de los familiares, remover la lápida que les sirve de cobertor y perpetúa su memoria, y arrojar sus restos mortales a una fosa común innominada, y como lo cree, lo hace, pero la comisión de esa cadena de delitos sólo podría generarse desde una creencia anterior, la de que esos cadáveres, al ser de rojos, no pertenecen exactamente a personas. Se trataría de una creencia en sintonía con la que animó a quienes les arrebataron la vida y dejaron sus cuerpos esparcidos por las cunetas: la fe que formaba parte de su ideario, tan meticulosa en lo tocante a la liturgia funeraria, desde la extremaunción al enterramiento en sagrado, no pareció rezar, y nunca mejor dicho, con los miles y miles de españoles a los que, para exterminarlos tranquilamente y en cualquier parte, se despojó de su condición de seres humanos.
El 29 de diciembre de 1936, tres mujeres, Virtudes de la Puente, Pilar Espinosa y Valeriana Granada, vecinas de Poyales, fueron asesinadas en una revuelta de la carretera de Candeleda por los que en la retaguardia de los sublevados se ocupaban de la limpieza de desafectos. Allí quedaron, al albur de las alimañas y de la intemperie, hasta que 66 años después, en 2002, se pudieron recoger sus restos y darles digna sepultura en el cementerio, bajo una lápida con una paloma cincelada y en la compañía de otras siete víctimas. So capa de que la nieta de una de las mujeres asesinadas se ha empecinado en trasladar los restos de su abuela a otra tumba, el alcalde Cerro, que nunca vio con buenos ojos, ni él ni su partido, esa restitución de la dignidad a los represaliados del franquismo, aprovechó la ocasión para, conculcando probablemente todas les leyes habidas y por haber, y seguro las del civismo y la piedad, sacar los cuerpos del sepulcro donde parecía que ya iban a descansar eternamente, y echarlos a una fosa común de un rincón del cementerio.
A los ciudadanos que fueron a manifestarse contra la infame alcaldada, hubo de protegerlos la Guardia Civil de las iras del pueblo. ¿De qué pueblo? Los pueblos entierran a sus muertos, a todos sus muertos.
DIARIO DE BURGOS Opinión09/08/2011
El alcalde de Poyales
RAFAEL TORRES
El alcalde de Poyales del Hoyo, Antonio Cerro, del PP, cree que puede exhumar cadáveres sin el consentimiento de los familiares, remover la lápida que les sirve de cobertor y perpetúa su memoria, y arrojar sus restos mortales a una fosa común innominada, y como lo cree, lo hace, pero la comisión de esa cadena de delitos sólo podría generarse desde una creencia anterior, la de que esos cadáveres, al ser de rojos, no pertenecen exactamente a personas. Se trataría de una creencia en sintonía con la que animó a quienes les arrebataron la vida y dejaron sus cuerpos esparcidos por las cunetas: la fe que formaba parte de su ideario, tan meticulosa en lo tocante a la liturgia funeraria, desde la extremaunción al enterramiento en sagrado, no pareció rezar, y nunca mejor dicho, con los miles y miles de españoles a los que, para exterminarlos tranquilamente y en cualquier parte, se despojó de su condición de seres humanos.
El 29 de diciembre de 1936, tres mujeres, Virtudes de la Puente, Pilar Espinosa y Valeriana Granada, vecinas de Poyales, fueron asesinadas en una revuelta de la carretera de Candeleda por los que en la retaguardia de los sublevados se ocupaban de la limpieza de desafectos. Allí quedaron, al albur de las alimañas y de la intemperie, hasta que 66 años después, en 2002, se pudieron recoger sus restos y darles digna sepultura en el cementerio, bajo una lápida con una paloma cincelada y en la compañía de otras siete víctimas. So capa de que la nieta de una de las mujeres asesinadas se ha empecinado en trasladar los restos de su abuela a otra tumba, el alcalde Cerro, que nunca vio con buenos ojos, ni él ni su partido, esa restitución de la dignidad a los represaliados del franquismo, aprovechó la ocasión para, conculcando probablemente todas les leyes habidas y por haber, y seguro las del civismo y la piedad, sacar los cuerpos del sepulcro donde parecía que ya iban a descansar eternamente, y echarlos a una fosa común de un rincón del cementerio.
A los ciudadanos que fueron a manifestarse contra la infame alcaldada, hubo de protegerlos la Guardia Civil de las iras del pueblo. ¿De qué pueblo? Los pueblos entierran a sus muertos, a todos sus muertos.