La minería del carbón echa de menos a Rodiezmo
Los millones de españoles en situación de desempleo, muchos de ellos en fase de alta precariedad, podrían sentirse ofendidos por la reacción de los trabajadores de la minería del carbón que guiados por una estética propia de las grandes reconversiones industriales del postfranquismo y con un cierto grado de matonismo, queman neumáticos, cortan autovías y vías férreas, se enfrentan a las fuerzas de seguridad, en nombre de lo que muchos consideran una situación de privilegio que al día de hoy ha costado a las arcas del Estado la nada despreciable cifra de 24.000 millones de euros, lo que convertido en pesetas viene a ser cuatro billones de pesetas que se han destinado, entre otras cosas, a prejubilar a más de 40.000 mineros desde 1990, aunque las movilizaciones hayan estado en hibernación en los últimos años.
Dentro del gran drama que vive este país, en donde la tasa de desempleo alcanza cotas de vértigo, los trabajadores del carbón y las empresas que los acogen, han recibido un trato singular que se ha traducido, entre otras cosas, en que la edad de jubilación ha podido anticiparse en algunos casos hasta los 40 años. De hecho, el 48 por ciento de los prejubilados lo hicieron con 44 años o menos con un coste medio por prejubilación cercano a los 435.000 euros para el periodo 2006-2010.
A las empresas mineras, tampoco les ha ido mal, aunque sus dueños se empeñen en dar una imagen de tragedia griega que difícilmente se puede conjugar con las jugosas ayudas directas que han venido recibiendo y que suman la bonita cifra de 5.492 millones de euros, que se han repartido entre el Grupo de Victorino Alonso (2.100 millones de euros); Hunosa (1.289); Grupo del Valle (625); G. Luengo (296); G. Villoria (154) y otros (1.018).
Desde la patronal del carbón se calientan los ánimos y se alientan reacciones poco saludables cuando al empresario minero se pone al frente de la manifestación para “velar” por los “intereses del trabajador”, impidiendo que el sector abra los ojos de una vez, aceptando que ni el carbón es una reserva estratégica, ni el único futuro posible para las cuencas mineras; que hay vida después del carbón y que hay multitud de ejemplos, alguno en España y muchos más en otros países, que demuestran que hay una vida mejor fuera del monocultivo minero.
El asunto no es un problema de España, sino del conjunto de la Unión Europea, cuya política irrevocable, tras haber concedido más de una prorroga, es poner fin a cualquier tipo de ayudas al carbón en el 2018, fecha en que las ayudas a este mineral, por parte de los gobiernos europeos, quedaran taxativamente prohibidas, aunque todos los mineros habrán asegurado su futuro de aquí al 2018 con prejubilaciones más que razonables.
En un contexto de cambio climático no parece que haya lugar a dudas de que las ayudas al carbón tienen que desaparecer en Europa y así lo pone de manifiesto la legislación europea o el G20, pese a la apuesta de Zapatero a favor de dar continuidad a los masivos subsidios a la no rentable y muy contaminante actividad minera del carbón para la producción de electricidad en España. Rodríguez Zapatero presionó a la Comisión Europea para que fuera más laxa en cuanto a los plazos, no en vano se había convertido en líder de Rodiezmo y comprometido con su grey en convencer a los políticos comunitarios.
No parece que tuvieran éxito los movimientos del líder socialista español que vio como incluso el potente sector carbonífero alemán asumía la política europea y aceptaba las tesis de los verdes, simples pero irrebatibles: la cuestión es si se debe seguir o no extrayendo carbón a un costo de 300 euros por tonelada, mientras en otros países cuesta sólo 5 euros.
A partir de ahí y a lo largo de toda la reestructuración del sector, los gobiernos del PSOE han asumido su responsabilidad cumpliendo con lo aprobado por Europa y poniendo en práctica las políticas de reconversión de la minería del carbón. Hoy, sin embargo, escuchando a los líderes socialistas, parece como si la historia no existiera y se alinean con disciplina prusiana con los mineros que cortan vías férreas.
La realidad es tozuda y los recortes presupuestarios son un hecho incontrovertible que tienen que tener su incidencia en la economía real y por lo tanto el 32 por ciento del tijeretazo sufrido por el Ministerio de Industria tiene que proyectarse hacia los sectores económicos que se mantienen a base de subvenciones, sin que, en ningún momento, se ponga en peligro las más que dignas prejubilaciones que reciben los mineros durante el periodo que va desde el abandono de la mina y el ingreso en el régimen general de la Seguridad Social.
Demasiada emotividad en torno a un sector que ha sido, incluso, carne de guión cinematográfico, aunque su destino sea el mismo que el de sectores como los altos hornos, el siderúrgico o el naval, que se han visto abocados al cierre y a la reestructuración sin que por ello se haya terminado el mundo, sino todo lo contrario.
Hoy, el debate no es posible porque la demagogia se impone y por ello lo fácil es rasgarse las vestiduras, acusar al gobierno de turno de haber sentenciado a muerte a la minería del carbón y de convertir a grandes comarcas en territorios fantasmas, lo que subyace es el mantenimiento de un gran negocio privado para unos cuantos empresarios mineros.
Los millones de españoles en situación de desempleo, muchos de ellos en fase de alta precariedad, podrían sentirse ofendidos por la reacción de los trabajadores de la minería del carbón que guiados por una estética propia de las grandes reconversiones industriales del postfranquismo y con un cierto grado de matonismo, queman neumáticos, cortan autovías y vías férreas, se enfrentan a las fuerzas de seguridad, en nombre de lo que muchos consideran una situación de privilegio que al día de hoy ha costado a las arcas del Estado la nada despreciable cifra de 24.000 millones de euros, lo que convertido en pesetas viene a ser cuatro billones de pesetas que se han destinado, entre otras cosas, a prejubilar a más de 40.000 mineros desde 1990, aunque las movilizaciones hayan estado en hibernación en los últimos años.
Dentro del gran drama que vive este país, en donde la tasa de desempleo alcanza cotas de vértigo, los trabajadores del carbón y las empresas que los acogen, han recibido un trato singular que se ha traducido, entre otras cosas, en que la edad de jubilación ha podido anticiparse en algunos casos hasta los 40 años. De hecho, el 48 por ciento de los prejubilados lo hicieron con 44 años o menos con un coste medio por prejubilación cercano a los 435.000 euros para el periodo 2006-2010.
A las empresas mineras, tampoco les ha ido mal, aunque sus dueños se empeñen en dar una imagen de tragedia griega que difícilmente se puede conjugar con las jugosas ayudas directas que han venido recibiendo y que suman la bonita cifra de 5.492 millones de euros, que se han repartido entre el Grupo de Victorino Alonso (2.100 millones de euros); Hunosa (1.289); Grupo del Valle (625); G. Luengo (296); G. Villoria (154) y otros (1.018).
Desde la patronal del carbón se calientan los ánimos y se alientan reacciones poco saludables cuando al empresario minero se pone al frente de la manifestación para “velar” por los “intereses del trabajador”, impidiendo que el sector abra los ojos de una vez, aceptando que ni el carbón es una reserva estratégica, ni el único futuro posible para las cuencas mineras; que hay vida después del carbón y que hay multitud de ejemplos, alguno en España y muchos más en otros países, que demuestran que hay una vida mejor fuera del monocultivo minero.
El asunto no es un problema de España, sino del conjunto de la Unión Europea, cuya política irrevocable, tras haber concedido más de una prorroga, es poner fin a cualquier tipo de ayudas al carbón en el 2018, fecha en que las ayudas a este mineral, por parte de los gobiernos europeos, quedaran taxativamente prohibidas, aunque todos los mineros habrán asegurado su futuro de aquí al 2018 con prejubilaciones más que razonables.
En un contexto de cambio climático no parece que haya lugar a dudas de que las ayudas al carbón tienen que desaparecer en Europa y así lo pone de manifiesto la legislación europea o el G20, pese a la apuesta de Zapatero a favor de dar continuidad a los masivos subsidios a la no rentable y muy contaminante actividad minera del carbón para la producción de electricidad en España. Rodríguez Zapatero presionó a la Comisión Europea para que fuera más laxa en cuanto a los plazos, no en vano se había convertido en líder de Rodiezmo y comprometido con su grey en convencer a los políticos comunitarios.
No parece que tuvieran éxito los movimientos del líder socialista español que vio como incluso el potente sector carbonífero alemán asumía la política europea y aceptaba las tesis de los verdes, simples pero irrebatibles: la cuestión es si se debe seguir o no extrayendo carbón a un costo de 300 euros por tonelada, mientras en otros países cuesta sólo 5 euros.
A partir de ahí y a lo largo de toda la reestructuración del sector, los gobiernos del PSOE han asumido su responsabilidad cumpliendo con lo aprobado por Europa y poniendo en práctica las políticas de reconversión de la minería del carbón. Hoy, sin embargo, escuchando a los líderes socialistas, parece como si la historia no existiera y se alinean con disciplina prusiana con los mineros que cortan vías férreas.
La realidad es tozuda y los recortes presupuestarios son un hecho incontrovertible que tienen que tener su incidencia en la economía real y por lo tanto el 32 por ciento del tijeretazo sufrido por el Ministerio de Industria tiene que proyectarse hacia los sectores económicos que se mantienen a base de subvenciones, sin que, en ningún momento, se ponga en peligro las más que dignas prejubilaciones que reciben los mineros durante el periodo que va desde el abandono de la mina y el ingreso en el régimen general de la Seguridad Social.
Demasiada emotividad en torno a un sector que ha sido, incluso, carne de guión cinematográfico, aunque su destino sea el mismo que el de sectores como los altos hornos, el siderúrgico o el naval, que se han visto abocados al cierre y a la reestructuración sin que por ello se haya terminado el mundo, sino todo lo contrario.
Hoy, el debate no es posible porque la demagogia se impone y por ello lo fácil es rasgarse las vestiduras, acusar al gobierno de turno de haber sentenciado a muerte a la minería del carbón y de convertir a grandes comarcas en territorios fantasmas, lo que subyace es el mantenimiento de un gran negocio privado para unos cuantos empresarios mineros.