Yo pago, tú pagas, él paga... ¿Quién cobra?
Por Silvia on martes, 22 de mayo de 2012
Etiquetas: carbón, debate, energía, industria, minería, política
El cuento del carbón nacional sigue estando de moda. Lo último han sido los recortes a un sector que lleva 30 años en crisis y que no parece que la vaya a superar nunca.
Este pequeño apunte no tiene por objetivo ser una arenga política en contra de un partido u otro, tampoco lo es en contra de la minería, ni del sector del carbón. Solo pretende ser una crítica a las malas gestiones, al despilfarro y a la manipulación de los trabajadores.
Antes de 2004, las ayudas al carbón autóctono se concedían en base a lo establecido en la Decisión 3632/93/CECA, por la que se autorizaba a Alemania a conceder una ayuda al sector del carbón para el año 1994.
Pero en 2002, la Unión Europea establece el Reglamento 1407/2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón. En dicho Reglamento se establecen las normas sobre la concesión de ayudas estatales a la industria del carbón con la finalidad de contribuir a su reestructuración, teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales de la reestructuración del sector y la necesidad del mantenimiento, como medida de precaución, de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso a las reservas.
El Reglamento se adoptó en España a través de la Orden Ministerial ECO/239/2004, por la que se pasa a conceder ayudas de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento europeo.
El Reglamento estuvo en vigor hasta 2010, lo cual hizo revisar o, al menos, buscar una alternativa para que esas ayudas no se esfumasen de la noche a la mañana.
Si lo recuerdan, fue en 2010 también cuando muchas centrales térmicas que quemaban carbón nacional estuvieron paradas meses y con el carbón almacenándose en grandes montañas en sus parques. Por esta razón hubo que tomar medidas más o menos desesperadas, y de esa necesidad surgió el Real Decreto 134/2010, más tarde modificado por el 1221/2010 (supongo que por las prisas).
En estos ya no solo se modificó el régimen de ayudas al carbón, sino que también se modificó la regulación del mercado eléctrico.
Para que el carbón deje de almacenarse en los parques de las centrales, se obliga a diez de ellas a quemar carbón nacional, siempre que esta generación no supere el 15% de la energía primaria total del año.
Para que estas centrales puedan vender la energía que generan de esta forma, otras fuentes de producción deberán ser desplazadas, por tanto, una vez hecha la casación del mercado eléctrico semanal, el Operador del Sistema sustituye la cantidad equivalente de otras energías por la producida por estas diez centrales.
A esta sustitución se le dio el nombre de restricciones por garantía de suministro, y los compromisos de adquisición de carbón autóctono tienen validez hasta diciembre de este año (veremos qué pasa después).
Pero esto no acaba aquí: las centrales que hayan sufrido esta sustitución y, por tanto, que no hayan podido vender esa energía tendrán que ser retribuídas por ese perjuicio. Los megavatios casados que no pudieran vender se les van a retribuir al precio del mercado diario.
Por tanto, tenemos que un mismo megavatio producido con carbón nacional se paga dos veces: una al que realmente lo produce, a un precio estipulado y dependiente del precio del carbón en el mercado internacional; y una segunda al que deja de producirlo, como compensación por ese perjuicio, y al precio de casación del mercado diario.
Tenemos pues, dos tipos de ayudas: las directas al sector y las indirectas a la producción de energía con carbón autóctono. Podríamos decir, vulgarmente, que el mismo carbón se paga tres veces, si contamos que el mismo megavatio se paga dos veces, aunque producido solo una.
Pero aún pagando tres veces lo mismo, no es suficiente y el sector se desmorona: empresarios amenazan (y cumplen) con EREs, trabajadores se movilizan por la incertidumbre... Pero está claro que todo ese dinero tiene que ir a parar a alguna parte, ¿a dónde? No a los trabajadores, que llevan 30 años pendientes de un futuro incierto para ellos y sus familias.
Saquen sus propias conclusiones.
Por Silvia on martes, 22 de mayo de 2012
Etiquetas: carbón, debate, energía, industria, minería, política
El cuento del carbón nacional sigue estando de moda. Lo último han sido los recortes a un sector que lleva 30 años en crisis y que no parece que la vaya a superar nunca.
Este pequeño apunte no tiene por objetivo ser una arenga política en contra de un partido u otro, tampoco lo es en contra de la minería, ni del sector del carbón. Solo pretende ser una crítica a las malas gestiones, al despilfarro y a la manipulación de los trabajadores.
Antes de 2004, las ayudas al carbón autóctono se concedían en base a lo establecido en la Decisión 3632/93/CECA, por la que se autorizaba a Alemania a conceder una ayuda al sector del carbón para el año 1994.
Pero en 2002, la Unión Europea establece el Reglamento 1407/2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón. En dicho Reglamento se establecen las normas sobre la concesión de ayudas estatales a la industria del carbón con la finalidad de contribuir a su reestructuración, teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales de la reestructuración del sector y la necesidad del mantenimiento, como medida de precaución, de una cantidad mínima de producción de carbón autóctono que permita garantizar el acceso a las reservas.
El Reglamento se adoptó en España a través de la Orden Ministerial ECO/239/2004, por la que se pasa a conceder ayudas de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento europeo.
El Reglamento estuvo en vigor hasta 2010, lo cual hizo revisar o, al menos, buscar una alternativa para que esas ayudas no se esfumasen de la noche a la mañana.
Si lo recuerdan, fue en 2010 también cuando muchas centrales térmicas que quemaban carbón nacional estuvieron paradas meses y con el carbón almacenándose en grandes montañas en sus parques. Por esta razón hubo que tomar medidas más o menos desesperadas, y de esa necesidad surgió el Real Decreto 134/2010, más tarde modificado por el 1221/2010 (supongo que por las prisas).
En estos ya no solo se modificó el régimen de ayudas al carbón, sino que también se modificó la regulación del mercado eléctrico.
Para que el carbón deje de almacenarse en los parques de las centrales, se obliga a diez de ellas a quemar carbón nacional, siempre que esta generación no supere el 15% de la energía primaria total del año.
Para que estas centrales puedan vender la energía que generan de esta forma, otras fuentes de producción deberán ser desplazadas, por tanto, una vez hecha la casación del mercado eléctrico semanal, el Operador del Sistema sustituye la cantidad equivalente de otras energías por la producida por estas diez centrales.
A esta sustitución se le dio el nombre de restricciones por garantía de suministro, y los compromisos de adquisición de carbón autóctono tienen validez hasta diciembre de este año (veremos qué pasa después).
Pero esto no acaba aquí: las centrales que hayan sufrido esta sustitución y, por tanto, que no hayan podido vender esa energía tendrán que ser retribuídas por ese perjuicio. Los megavatios casados que no pudieran vender se les van a retribuir al precio del mercado diario.
Por tanto, tenemos que un mismo megavatio producido con carbón nacional se paga dos veces: una al que realmente lo produce, a un precio estipulado y dependiente del precio del carbón en el mercado internacional; y una segunda al que deja de producirlo, como compensación por ese perjuicio, y al precio de casación del mercado diario.
Tenemos pues, dos tipos de ayudas: las directas al sector y las indirectas a la producción de energía con carbón autóctono. Podríamos decir, vulgarmente, que el mismo carbón se paga tres veces, si contamos que el mismo megavatio se paga dos veces, aunque producido solo una.
Pero aún pagando tres veces lo mismo, no es suficiente y el sector se desmorona: empresarios amenazan (y cumplen) con EREs, trabajadores se movilizan por la incertidumbre... Pero está claro que todo ese dinero tiene que ir a parar a alguna parte, ¿a dónde? No a los trabajadores, que llevan 30 años pendientes de un futuro incierto para ellos y sus familias.
Saquen sus propias conclusiones.