Madrid multará el mal uso de fondos formativos con el triple de lo defraudado
Madrid, 6 mar (EFE).- La Comunidad de Madrid abrirá expedientes sancionadores por el mal uso de las subvenciones para la formación continua de trabajadores que conllevarán, no solamente el reintegro de las ayudas, sino sanciones por el triple del importe del dinero mal justificado.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que el presidente regional, Ignacio González, ha dicho que el sistema de formación de los trabajadores en España "está agotado" y ha abogado por una "modificación total" de éste.
En este sentido, González ha defendido una reforma que garantice que el dinero de la formación llegue directamente a los trabajadores, sin "intermediarios", y no a "financiar las estructuras ni de los sindicatos ni de las patronales".
En esta misma línea y durante su intervención, la consejera Mariño ha apuntado que la Comunidad de Madrid sugerirá al Ministerio de Empleo cambiar el sistema de formación para que el control y seguimiento de los cursos se haga sobre el total de estos, e impedir que se cobre dinero sin aval y antes de hacer los cursos.
La consejera ha sostenido que ha sido su departamento el que ha "destapado" los fraudes denunciándolos a la policía, mientras en otras comunidades "es la policía la que va a los despachos a detener" a los altos cargos.
Mariño ha respondido así a la diputada socialista Maru Menéndez, quien ha acusado a la Consejería de "connivencia" y de llevar "años intentando ocultar delitos gravísimos" en relación con las subvenciones que se daban a las empresas para los cursos de formación.
Menéndez ha arremetido contra la consejera por los 4,4 millones de euros de subvenciones "que se concedieron a la patronal, a las asociaciones empresariales", quienes buscaron como gestor de los cursos "a una persona que hoy está en la cárcel", en referencia al empresario José Luis Aneri.
La diputada del PSM ha pedido la dimisión de Mariño, así como la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid en la que comparezcan "todas las personas que han tenido responsabilidad", tanto en la concesión de subvenciones como en la vigilancia de los cursos.
El portavoz de IU en la Cámara autonómica, Gregorio Gordo, ha reclamado también una comisión de investigación sobre este caso, ya que, en su opinión, se trata de una presunta "financiación irregular" de la patronal madrileña.
En su intervención, el diputado de UPyD Ramón Marcos ha pedido a Mariño que explique "sin retórica" cuándo conoció la Consejería de Empleo el presunto fraude y qué es lo que hicieron para poder evaluar "si han actuado bien o mal".
En este sentido, Marcos ha apuntado que "quizá" en la Consejería de Empleo se ha podido "cometer un delito de encubrimiento, de fraude a subvenciones, de estafa y de falsificación".
Ante esta acusación, Mariño ha asegurado sentirse "indignada" y ha defendido la actuación de su departamento, que, en su opinión, ha actuado en este caso con "rapidez y rigor".
Por su parte, CCOO y UGT han acusado a la Consejería de Empleo de extender sobre ellos la "sospecha" del fraude y han negado irregularidades en los cursos que ellos han gestionado.
Según el diario El Mundo, Empleo ha encontrado indicios de presuntas irregularidades en cursos on line realizados en 2012 por los sindicatos con fondos estatales que el Gobierno regional concedió.
A este respecto, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha acusado a los sindicatos de mostrar "resistencia" en la entrega de información sobre este presunto fraude