La Justicia rechaza el último recurso de Ayuso y anula la venta de 3.000 pisos a un fondo buitre
La Comunidad de Madrid se ha aferrado a que los fallos judiciales que anulan la venta de 2.935 inmuebles en 2013 solo afectaban a la vivienda del demandante. Un juzgado de primera instancia rechaza esa interpretación y le da diez días para recuperarlos
La Justicia no da la razón a la Comunidad de Madrid y confirma que la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en 2013 afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante, como ha argumentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación de la operación realizada por el Ejecutivo de Ignacio Gónzalez (PP).
El fondo buitre al que la Comunidad de Madrid vendió 3.000 pisos sociales reclama una "indemnización de daños" tras la nulidad de la operación
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha emitido un auto que da la razón a los afectados, que llevan meses esperando a que el Ejecutivo autonómico acate el último fallo emitido en marzo por el Tribunal Supremo, que confirmaba la nulidad de la venta, y recupere las viviendas hasta ahora propiedad de Azora. En ese momento, el Gobierno de Díaz Ayuso se aferró a una interpretación de la sentencia, asegurando que la Justicia solo les obligaba a "indemnizar exclusivamente al [único] demandante", Rachid Bouikou.
La Comunidad defiende que la sentencia solo implica a una vivienda
Para la Comunidad de Madrid, "la sentencia se ejecuta plenamente mediante la recuperación" de la agencia autonómica de la vivienda del recurrente. En sus alegaciones, fechadas también el 1 de diciembre, el letrado autonómico llega a dar un tirón de orejas a la defensa de Rachid, al asegurar que pretende "desbordar su natural interés hasta alcanzar" la "anulación de la venta de las viviendas que le son totalmente ajenas". "Ignoramos por qué", apunta el abogado autonómico sobre la defensa del denunciante, a pesar de que que fue el Supremo el que estimó que la venta era nula en su totalidad.
"No cabe entender que el actor emprendiera ninguna suerte de acción pública contra la adjudicación del contrato que afectaba a más de 3.000 viviendas, sino que ejercía una acción trabada a su condición de arrendatario; una acción que no pretendía otra que el mantenimiento de su contrato con la Administración Pública", insiste en apuntar la Comunidad de Madrid.
Finalmente defienden que la agencia de la vivienda autonómica, "ha iniciado los trámites para proceder a recuperar la vivienda" de Rachid. “Cuando ello finalice, el recurrente volvería a tener una relación jurídica de arrendamiento con la AVS, en lugar de con la mercantil Azora".
A diferencia del Gobierno autonómico, el fondo buitre sostiene que la sentencia "anula ‘totalmente’ y deja ‘sin efecto alguno’ la decisión administrativa de transmitir todas y cada una de las 32 promociones". Por lo tanto, para revertir la venta, la compañía internacional defiende que junto a la Comunidad deberán "abordar aspectos tales como la liquidación de la enajenación, la restitución de prestaciones (devolución de las Viviendas –salvo las ya enajenadas a terceros adquirentes de buena fe, que no se ven afectadas– y del precio pagado por ellas, previa actualización de su valor), compensación de gastos, y daños y perjuicios".
Desde el fondo defienden que la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid en mayo de 2018 "anuló la resolución de adjudicación y no el contrato". Defienden que este acuerdo "contiene pactos autónomos y separables de los que regulan la transmisión de las viviendas", "competencia exclusiva de los tribunales del orden jurisdiccional civil".
La Comunidad de Madrid se ha aferrado a que los fallos judiciales que anulan la venta de 2.935 inmuebles en 2013 solo afectaban a la vivienda del demandante. Un juzgado de primera instancia rechaza esa interpretación y le da diez días para recuperarlos
La Justicia no da la razón a la Comunidad de Madrid y confirma que la nulidad de la venta de las 2.935 viviendas sociales en 2013 afecta a todos los inmuebles y no solo al del demandante, como ha argumentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación de la operación realizada por el Ejecutivo de Ignacio Gónzalez (PP).
El fondo buitre al que la Comunidad de Madrid vendió 3.000 pisos sociales reclama una "indemnización de daños" tras la nulidad de la operación
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid ha emitido un auto que da la razón a los afectados, que llevan meses esperando a que el Ejecutivo autonómico acate el último fallo emitido en marzo por el Tribunal Supremo, que confirmaba la nulidad de la venta, y recupere las viviendas hasta ahora propiedad de Azora. En ese momento, el Gobierno de Díaz Ayuso se aferró a una interpretación de la sentencia, asegurando que la Justicia solo les obligaba a "indemnizar exclusivamente al [único] demandante", Rachid Bouikou.
La Comunidad defiende que la sentencia solo implica a una vivienda
Para la Comunidad de Madrid, "la sentencia se ejecuta plenamente mediante la recuperación" de la agencia autonómica de la vivienda del recurrente. En sus alegaciones, fechadas también el 1 de diciembre, el letrado autonómico llega a dar un tirón de orejas a la defensa de Rachid, al asegurar que pretende "desbordar su natural interés hasta alcanzar" la "anulación de la venta de las viviendas que le son totalmente ajenas". "Ignoramos por qué", apunta el abogado autonómico sobre la defensa del denunciante, a pesar de que que fue el Supremo el que estimó que la venta era nula en su totalidad.
"No cabe entender que el actor emprendiera ninguna suerte de acción pública contra la adjudicación del contrato que afectaba a más de 3.000 viviendas, sino que ejercía una acción trabada a su condición de arrendatario; una acción que no pretendía otra que el mantenimiento de su contrato con la Administración Pública", insiste en apuntar la Comunidad de Madrid.
Finalmente defienden que la agencia de la vivienda autonómica, "ha iniciado los trámites para proceder a recuperar la vivienda" de Rachid. “Cuando ello finalice, el recurrente volvería a tener una relación jurídica de arrendamiento con la AVS, en lugar de con la mercantil Azora".
A diferencia del Gobierno autonómico, el fondo buitre sostiene que la sentencia "anula ‘totalmente’ y deja ‘sin efecto alguno’ la decisión administrativa de transmitir todas y cada una de las 32 promociones". Por lo tanto, para revertir la venta, la compañía internacional defiende que junto a la Comunidad deberán "abordar aspectos tales como la liquidación de la enajenación, la restitución de prestaciones (devolución de las Viviendas –salvo las ya enajenadas a terceros adquirentes de buena fe, que no se ven afectadas– y del precio pagado por ellas, previa actualización de su valor), compensación de gastos, y daños y perjuicios".
Desde el fondo defienden que la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid en mayo de 2018 "anuló la resolución de adjudicación y no el contrato". Defienden que este acuerdo "contiene pactos autónomos y separables de los que regulan la transmisión de las viviendas", "competencia exclusiva de los tribunales del orden jurisdiccional civil".