Los mismos bancos que dejaron sin casa a 60.000 familias prestaron a los partidos 44 millones de euros
En 2008, año en el que la crisis comenzaba a despuntar, los bancos españoles embargaron sus viviendas a 60.000 familias por falta de liquidez. Eso llevó a que 180.000 personas perdieran sus hogares y se quedaran sin techo.
Ese mismo año, las mismas entidades bancarias prestaron 44 millones de euros a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales. Mientras familias enteras se quedan en la calle, perdiendo todas sus propiedades por no poder afrontar la crisis, los partidos siguen debiendo alrededor de 145 millones de euros a los bancos por diferentes préstamos.
Mientras los partidos políticos siguen manteniendo deudas de millones de euros a los bancos, el número de desahucios sigue creciendo. El año pasado, España batió su cifra récord en embargos, alcanzando los 195.050. Un dato alarmante, más aún, cuando las estadísticas señalan que podría triplicarse a lo largo de 2011, ya que el crédito problemático de la construcción asciende hasta los 181 billones de euros.
Además de ver sus viviendas embargadas, tienen que seguir manteniendo a la clase política con sus impuestos, como el resto de ciudadanos españoles. Parte del sueldo logrado por el sudor de su frente, se va en impuestos dirigidos a mantener a 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Muchos de ellos con sueldos y prebendas de escándalo.
los sueldos astronómicos de algunos políticos, como el caso de Bono, que recibe 13.758 euros al mes y el de los diputados que viven fuera de Madrid, quienes ingresan 4.887 euros mensuales. En el caso de los miembros del Senado, la cifra es aún mayor, pueden llegar a cobrar 5.300 euros al mes. En el caso de estos últimos, es llamativo el despilfarro telefónico. Facturan casi 2 millones de euros en facturas telefónicas al año. Los teléfonos de todos los políticos que trabajan en Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos, Senado, Congreso de los Diputados y Gobierno Central alcanzan unas facturas millonarias. Entre los servicios que figuran en las facturas de algún que otro miembro de la política figuran descargas de juegos, llamadas al extranjero y varias líneas eróticas.
En 2008, año en el que la crisis comenzaba a despuntar, los bancos españoles embargaron sus viviendas a 60.000 familias por falta de liquidez. Eso llevó a que 180.000 personas perdieran sus hogares y se quedaran sin techo.
Ese mismo año, las mismas entidades bancarias prestaron 44 millones de euros a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales. Mientras familias enteras se quedan en la calle, perdiendo todas sus propiedades por no poder afrontar la crisis, los partidos siguen debiendo alrededor de 145 millones de euros a los bancos por diferentes préstamos.
Mientras los partidos políticos siguen manteniendo deudas de millones de euros a los bancos, el número de desahucios sigue creciendo. El año pasado, España batió su cifra récord en embargos, alcanzando los 195.050. Un dato alarmante, más aún, cuando las estadísticas señalan que podría triplicarse a lo largo de 2011, ya que el crédito problemático de la construcción asciende hasta los 181 billones de euros.
Además de ver sus viviendas embargadas, tienen que seguir manteniendo a la clase política con sus impuestos, como el resto de ciudadanos españoles. Parte del sueldo logrado por el sudor de su frente, se va en impuestos dirigidos a mantener a 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Muchos de ellos con sueldos y prebendas de escándalo.
los sueldos astronómicos de algunos políticos, como el caso de Bono, que recibe 13.758 euros al mes y el de los diputados que viven fuera de Madrid, quienes ingresan 4.887 euros mensuales. En el caso de los miembros del Senado, la cifra es aún mayor, pueden llegar a cobrar 5.300 euros al mes. En el caso de estos últimos, es llamativo el despilfarro telefónico. Facturan casi 2 millones de euros en facturas telefónicas al año. Los teléfonos de todos los políticos que trabajan en Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos, Senado, Congreso de los Diputados y Gobierno Central alcanzan unas facturas millonarias. Entre los servicios que figuran en las facturas de algún que otro miembro de la política figuran descargas de juegos, llamadas al extranjero y varias líneas eróticas.