LOS CONTRATOS RUINOSOS DE NUESTROS POLITICOS
Negligencia ruinosa. Un convenio perjudicial para el Estado firmado personalmente en 2006 por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, va a terminar costando al menos 1.494 millones al erario. Ésta es la cifra que espera el grupo líder de concesiones de autopitas Abertis tras lograr una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En esta sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO aflora que el Consejo de Estado advirtió el 30 de marzo de 2006 al Ministerio de Fomento que el convenio que iba a firmar con Acesa, filial de Abertis, incluía una peligrosa cláusula de compensación que implicaba «la desaparición del riesgo» para la empresa concesionaria. Si caía el tráfico en el tramo concedido en la autopista de peaje AP-7, sería el Estado el que asumiría la pérdida de ingresos. El Consejo de Estado no llegó a considerar ilegal tal cláusula, pero sí alertó a Álvarez de que se apartaba del «principio rector» que regulaba las concesiones de autopistas desde 1972. La ministra desoyó estas advertencias.
Pese a la señal de alarma del Consejo de Estado, Álvarez firmó el convenio con la filial de Abertis y lo formalizó elevando una propuesta de Real Decreto al Consejo de Ministros. El Gobierno de Zapatero lo aprobó el 7 de abril de ese año.
La socialista andaluza apostó que el tráfico en el tramo entre Tarragona y La Junquera aumentaría todos los años ininterrumpidamente cerca del 2% hasta el fin de la concesión en 2021 y se comprometió a compensar a Abertis si esto no sucedía. Estalló la crisis año y medio después y la caída del tráfico ha provocado que la cuenta a compensar haya ido creciendo hasta los, al menos, 1.494 millones citados, según recoge Abertis en su último informe contable.
En 2012, la nueva ministra del PP, Ana Pastor, intentó evitar el golpe e instó a Abertis a contabilizar la deuda como un inmovilizado intangible, en vez de como un activo financiero «de derecho incondicional de cobro» como defendía la empresa. Pidió también un informe a la Abogacía del Estado, pero ésta resaltó que era demasiado tarde para declarar el convenio de Álvarez lesivo para el Estado, porque ésta posibilidad caducaba a los cuatro años de la firma. También encargó otro dictamen al Consejo de Estado y este organismo sí informó de que veía margen para no pagar, alegando que Abertis, entre otras concesionarias, ha recibido dinero público con posterioridad a través de los llamados préstamos participativos.
Fomento impidió entonces que Abertis siguiera contabilizando la deuda como si fuera irreversible, pero la concesionaria plantó cara y ayer anunció una seria victoria legal en el Tribunal de Justicia de Madrid. En la sentencia, los jueces aseguran que deben dar la razón a Abertis, pero deslizan la negligencia del Gobierno de la época. Señalan que, aunque no es objeto de la causa judicial, «el propio Consejo de Estado ya avisó, en su dictamen de 30 de marzo de 2006, sobre la desaparición del riesgo y ventura para la concesionaria y el desequilibrio entre concedente y concesionaria, avisando en su punto nueve que dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la ley 8/1972, de 10 de mayo». Según el fallo judicial, el convenio que firmó Álvarez con el actual presidente de Abertis, Salvador Alemany, suponía que «era de facto el Estado quien había asumido en su día los riesgos de mercado derivados de la concesión».
Resalta que «el convenio, en los términos en que fue redactado y suscrito por las partes, suprime de facto la existencia de riesgo de demanda para la concesionaria, pues, aun cuando estrictamente no garantiza la existencia de ganancias para la recurrente [el Estado], lo cierto e innegable es que de su clausulado resulta inequívoco que lo que sí garantiza es la inexistencia de pérdidas para la concesionaria a través del saldo de compensación».
El actual ministro, Íñigo de la Serna, decidió ayer recurrir la sentencia para evitar el pago, previsto para 2021 cuando concluya la concesión. Aseguró que no comparte el fallo y destacó que el método que se fijó para calcular la compensación está pendiente de sentencia del Supremo.
Abertis, por su parte, sostiene que sólo cumple su deber de defender a sus accionistas, que ayer festejaron la sentencia con una subida del 3,08%, la mejor del Ibex 35.
Abertis alega que al aceptar aquel convenio de 2006 hizo importantes concesiones. «Con ello, la Administración obtuvo el compromiso de la concesionaria de realizar unas obras de ampliación no previstas en el contrato de concesión, de renunciar a la indemnización que pudiera corresponderle por unas vías paralelas y de conceder determinadas bonificaciones y descuentos», afirma en su último informe anual.
La factura pública final en este tramo de la AP-7 superará los 2.200 millones, puesto que el Estado deberá abonar además más de 700 millones por las obras que Abertis se comprometió a realizar. En el comunicado oficial de la época de Álvarez resaltó que modificaba la concesión para lograr «una mejora significativa del servicio a los usuarios» entre Salou y La Junquera. Abertis construiría más carriles y se suavizaría el peaje. «El Ministerio de Fomento hará un riguroso seguimiento», aseguró.