La nueva Caja B del PP salpica a la Junta de Andalucía
Según la investigación de la UDEF, el dinero que la constructora Hispano Almería pagó a cambio de concesiones en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pudo haber sido utilizado para el pago de campañas electorales de Javier Arenas
Tal y como publicamos en Diario16 en diciembre de 2019, la Junta de Andalucía nombró a José Cara, ex alcalde de La Mojonera (Almería), como presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Hasta aquí todo hubiera sido normal, salvo por el hecho de que el señor Cara ya estaba siendo investigado por la Justicia por el caso Hispano Almería, es decir, por presuntos delitos relacionados con la corrupción. José Cara fue también diputado en el Parlamento de Andalucía y es uno de los hombres de confianza de Gabriel Amat, el pluriimputado alcalde de Roquetas de Mar. Hispano Almería es la constructora que un informe de la UDEF menciona como responsable del pago de dinero para la concesión de obras.
En total, se trata de una investigación que señala supuestas irregularidades en 62 obras que ejecutó Hispano Almería, que según la UDEF, queda probada la entrega de 7,3 millones de euros al Partido Popular para conseguir estas licitaciones. Estos contratos sumaron un total de 77,5 millones y fueron adjudicados en el periodo 200-2010. La Policía es clara respecto a uno de los proyectos: «la adjudicación estaba asignada de antemano». José Cara vuelve a aparecer en informes policiales.
Por otro lado, las pesquisas policiales también salpican a Javier Arenas ya que el informe señala que ese dinero pudo haber sido utilizado para financiar las campañas electorales de las municipales de 2003 y de las elecciones andaluzas de 2008, en las que el candidato era Javier Arenas. En los recibos arriba indicados, que fueron publicados por Diario16 en el año 2019, se pueden ver las anotaciones que señalan las campañas y las localidades. Dos de esos recibos están fechados en 2008, año de las andaluzas.
Javier Arenas y Gabriel Amat viene de lejos. Incluso, el que fuera ministro con José María Aznar, afirmó en más de una ocasión que el alcalde de Roquetas de Mar era su «hermano mayor».
La realidad es que la vida política del ex presidente del PP andaluz llegó a su final, sobre todo después de la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, tal y como se pudo comprobar en las conversaciones entre Villarejo e Ignacio López del Hierro, era alguien temido dentro del partido, sobre todo porque, a diferencia de muchos de sus compañeros dirigentes, se le conocen pocas controversias o casos de presunta corrupción en los que estuviese implicado, más allá de su conocimiento de la contabilidad B del PP nacional. Esta, quizá, fuera la razón por la que el marido de María Dolores de Cospedal encargara una investigación al excomisario: necesitaban sacar trapos sucios del sevillano.
Sin embargo, la vinculación entre Arenas y la corrupción quizá no venga por su acción directa sino por la que se está investigando en la actualidad de las personas más cercanas que tienen responsabilidad política. El principal, Gabriel Amat.
La Trama Amat responde a los mismos patrones que hemos visto en los grandes casos de corrupción en el PP valenciano o madrileño. Los juzgados de Roquetas de Mar, tal y como hemos informado en Diario16, llevan instruyendo el caso desde el año 2012, con los problemas judiciales que se han encontrado los denunciantes, sobre todo por el constante relevo de jueces o por las maniobras destinadas al archivo de las diferentes piezas separadas.
En Almería sorprende el pacto de silencio existente frente a la presunta corrupción de Gabriel Amat y las diferentes causas en las que el presidente del PP almeriense está involucrado. En el partido conservador, tanto en Andalucía como en Madrid (tal vez por la influencia de Javier Arenas), siempre se ha mirado hacia otro lado y no se ha dado ningún valor a los documentos de la investigación.
Al igual que con la Gürtel, desde el Partido Popular almeriense se ha defendido la tesis de que, tanto la Trama Amat como el caso de La Fabriquilla o el de Las Salinas, se trata de una conspiración contra el líder porque, de momento, no ha sido condenado. Sin embargo, los papeles y los informes que obran en los Juzgados son claros, tal y como hemos publicado en este medio.
Arenas no puede haberse mantenido al margen de la protección judicial que Amat tiene en Almería. No porque haya influido, cosa que, de momento, no se puede demostrar, sino porque un hecho que está a la orden del día no puede pasar desapercibido a alguien como él.
No hay más que recordar cómo política y judicialmente, a la vista de todas las demoras procesales que se vienen dando en los procedimientos judiciales instados contra Gabriel Amat, se puede pensar que nada es producto de la casualidad. Más bien todo podría indicar todo lo contrario. Otro ejemplo más de este supuesto entramado de favores, compromisos y manipulaciones para controlar los procedimientos judiciales en los que Amat se halla señalado, lo hallamos en el hecho de que el funcionario encargado de la guarda y custodia del expediente de la Trama Amat, en el mismo Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, es primo carnal de Miguel Ángel Morales Duarte. La familia Morales es propietaria de la mercantil Hispano Almería, la misma que aparece en el último informe policial de la UDEF y que aparece como el foco de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Almería y que ya cuenta con más de 30 tomos de procedimiento. ¿No parecen demasiadas casualidades?
Sin embargo, aquí no acaba la historia. La concejala del Área de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Roquetas, María Teresa Fernández Borja, es esposa de José Cara González, el alto cargo de la Junta de Andalucía, quien es socio de los Morales en la empresa Gesponiente, junto al ex concejal de Agricultura de Roquetas, Nicolás Manuel Manzano López.
Tampoco se puede olvidar la visita del entonces ministro Rafael Catalá a Almería, en plena campaña electoral y estando imputado Gabriel Amat, que, casualmente, coincidió con el archivo, pocos días después, de la causa por el Caso La Fabriquilla, tal y como informó Diario16. En este caso el informe del fiscal era demoledor ya que, entre otras cosas, afirmaba que «no se creía nada de lo declarado por el señor Amat en sede judicial». A pesar de ello, el sobreseimiento provisional fue declarado firme por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. El ponente fue el Magistrado José María Contreras Aparicio.
Estas vinculaciones están siendo investigadas y judicializadas en el ámbito de las mismas Diligencias Previas donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Almería.
Ante todas estas evidencias de las presuntas «correrías» del «hermano mayor» de Javier Arenas, que son sólo una muestra de todo lo que disponen los juzgados, ¿cómo es posible que quien se presentó ante el pueblo andaluz como el paladín contra la corrupción cuando salió a la luz el caso de los ERE desconozca lo que sus amigos más íntimos presuntamente han cometido? Es realmente inverosímil que lo desconociera.
Según la investigación de la UDEF, el dinero que la constructora Hispano Almería pagó a cambio de concesiones en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pudo haber sido utilizado para el pago de campañas electorales de Javier Arenas
Tal y como publicamos en Diario16 en diciembre de 2019, la Junta de Andalucía nombró a José Cara, ex alcalde de La Mojonera (Almería), como presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Hasta aquí todo hubiera sido normal, salvo por el hecho de que el señor Cara ya estaba siendo investigado por la Justicia por el caso Hispano Almería, es decir, por presuntos delitos relacionados con la corrupción. José Cara fue también diputado en el Parlamento de Andalucía y es uno de los hombres de confianza de Gabriel Amat, el pluriimputado alcalde de Roquetas de Mar. Hispano Almería es la constructora que un informe de la UDEF menciona como responsable del pago de dinero para la concesión de obras.
En total, se trata de una investigación que señala supuestas irregularidades en 62 obras que ejecutó Hispano Almería, que según la UDEF, queda probada la entrega de 7,3 millones de euros al Partido Popular para conseguir estas licitaciones. Estos contratos sumaron un total de 77,5 millones y fueron adjudicados en el periodo 200-2010. La Policía es clara respecto a uno de los proyectos: «la adjudicación estaba asignada de antemano». José Cara vuelve a aparecer en informes policiales.
Por otro lado, las pesquisas policiales también salpican a Javier Arenas ya que el informe señala que ese dinero pudo haber sido utilizado para financiar las campañas electorales de las municipales de 2003 y de las elecciones andaluzas de 2008, en las que el candidato era Javier Arenas. En los recibos arriba indicados, que fueron publicados por Diario16 en el año 2019, se pueden ver las anotaciones que señalan las campañas y las localidades. Dos de esos recibos están fechados en 2008, año de las andaluzas.
Javier Arenas y Gabriel Amat viene de lejos. Incluso, el que fuera ministro con José María Aznar, afirmó en más de una ocasión que el alcalde de Roquetas de Mar era su «hermano mayor».
La realidad es que la vida política del ex presidente del PP andaluz llegó a su final, sobre todo después de la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, tal y como se pudo comprobar en las conversaciones entre Villarejo e Ignacio López del Hierro, era alguien temido dentro del partido, sobre todo porque, a diferencia de muchos de sus compañeros dirigentes, se le conocen pocas controversias o casos de presunta corrupción en los que estuviese implicado, más allá de su conocimiento de la contabilidad B del PP nacional. Esta, quizá, fuera la razón por la que el marido de María Dolores de Cospedal encargara una investigación al excomisario: necesitaban sacar trapos sucios del sevillano.
Sin embargo, la vinculación entre Arenas y la corrupción quizá no venga por su acción directa sino por la que se está investigando en la actualidad de las personas más cercanas que tienen responsabilidad política. El principal, Gabriel Amat.
La Trama Amat responde a los mismos patrones que hemos visto en los grandes casos de corrupción en el PP valenciano o madrileño. Los juzgados de Roquetas de Mar, tal y como hemos informado en Diario16, llevan instruyendo el caso desde el año 2012, con los problemas judiciales que se han encontrado los denunciantes, sobre todo por el constante relevo de jueces o por las maniobras destinadas al archivo de las diferentes piezas separadas.
En Almería sorprende el pacto de silencio existente frente a la presunta corrupción de Gabriel Amat y las diferentes causas en las que el presidente del PP almeriense está involucrado. En el partido conservador, tanto en Andalucía como en Madrid (tal vez por la influencia de Javier Arenas), siempre se ha mirado hacia otro lado y no se ha dado ningún valor a los documentos de la investigación.
Al igual que con la Gürtel, desde el Partido Popular almeriense se ha defendido la tesis de que, tanto la Trama Amat como el caso de La Fabriquilla o el de Las Salinas, se trata de una conspiración contra el líder porque, de momento, no ha sido condenado. Sin embargo, los papeles y los informes que obran en los Juzgados son claros, tal y como hemos publicado en este medio.
Arenas no puede haberse mantenido al margen de la protección judicial que Amat tiene en Almería. No porque haya influido, cosa que, de momento, no se puede demostrar, sino porque un hecho que está a la orden del día no puede pasar desapercibido a alguien como él.
No hay más que recordar cómo política y judicialmente, a la vista de todas las demoras procesales que se vienen dando en los procedimientos judiciales instados contra Gabriel Amat, se puede pensar que nada es producto de la casualidad. Más bien todo podría indicar todo lo contrario. Otro ejemplo más de este supuesto entramado de favores, compromisos y manipulaciones para controlar los procedimientos judiciales en los que Amat se halla señalado, lo hallamos en el hecho de que el funcionario encargado de la guarda y custodia del expediente de la Trama Amat, en el mismo Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar, es primo carnal de Miguel Ángel Morales Duarte. La familia Morales es propietaria de la mercantil Hispano Almería, la misma que aparece en el último informe policial de la UDEF y que aparece como el foco de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Almería y que ya cuenta con más de 30 tomos de procedimiento. ¿No parecen demasiadas casualidades?
Sin embargo, aquí no acaba la historia. La concejala del Área de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Roquetas, María Teresa Fernández Borja, es esposa de José Cara González, el alto cargo de la Junta de Andalucía, quien es socio de los Morales en la empresa Gesponiente, junto al ex concejal de Agricultura de Roquetas, Nicolás Manuel Manzano López.
Tampoco se puede olvidar la visita del entonces ministro Rafael Catalá a Almería, en plena campaña electoral y estando imputado Gabriel Amat, que, casualmente, coincidió con el archivo, pocos días después, de la causa por el Caso La Fabriquilla, tal y como informó Diario16. En este caso el informe del fiscal era demoledor ya que, entre otras cosas, afirmaba que «no se creía nada de lo declarado por el señor Amat en sede judicial». A pesar de ello, el sobreseimiento provisional fue declarado firme por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. El ponente fue el Magistrado José María Contreras Aparicio.
Estas vinculaciones están siendo investigadas y judicializadas en el ámbito de las mismas Diligencias Previas donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Almería.
Ante todas estas evidencias de las presuntas «correrías» del «hermano mayor» de Javier Arenas, que son sólo una muestra de todo lo que disponen los juzgados, ¿cómo es posible que quien se presentó ante el pueblo andaluz como el paladín contra la corrupción cuando salió a la luz el caso de los ERE desconozca lo que sus amigos más íntimos presuntamente han cometido? Es realmente inverosímil que lo desconociera.
Amén.