JUPOL, el sindicato ultra avalado por VOX y Albert Rivera, protege a los policías que apalearon al vecino de Linares
Asumen también la acusación contra la víctima de la paliza por sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad
El sindicato policial ultraderechista JUPOL, avalado por VOX y para el que trabaja Albert Rivera, se ha hecho cargo de la defensa de los dos agentes de la Policía Nacional, fuera de servicio, que el pasado mes de febrero apalearon brutalmente a un padre y a su hija en Linares. Igualmente, los letrados de JUPOL asumen también la acusación contra la víctima de la paliza por sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.
Los dos policías nacionales imputados por la salvaje agresión, el agente de la escala básica José Luis Pedregosa Cuesta y el subinspector Manuel Fernández Núñez, ocurrida el 12 de febrero pasado, son afiliados al sindicato JUPOL (Justicia Policial), tutelado por la asociación JUSAPOL, y que es mayoritario en el Consejo de la Policía del Ministerio del Interior.
Hasta el momento se había ocultado la militancia sindical de estos dos funcionarios de Interior, hasta que finalmente JUPOL decidió implicarse en su defensa y, de paso, justificar la represión policial en Linares contra sus vecinos, durante las protestas por esa agresión cuyas imágenes han tenido alcance internacional.
Una descontrolada respuesta policial que se saldó con decenas de detenidos e identificados, además de varios heridos de distinta gravedad, algunos por disparos de arma de fuego por parte de las unidades policiales actuantes y que investiga la justicia.
EN LIBERTAD CON CARGOS
Tras los sucesos ocurridos en la mañana del viernes 12 de febrero ambos policías fueron detenidos por sus compañeros, hasta que en la madrugada del sábado al domingo siguiente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Linares, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los agentes de la policía detenidos.
Como es preceptivo se les retiró la placa, pistola y se les suspendió del servicio activo. Asimismo, se negaron a declarar ante sus compañeros de Linares, aunque sí lo hicieron posteriormente por videoconferencia ante el juez, desde la Comisaría Provincial de Jaén. A continuación, ambos agentes fueron conducidos a la prisión de Sevilla I, a un módulo especial para funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para evitar que se relación con otros delincuentes no funcionarios.
Los detenidos están imputados por sendos delitos de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas para la salud física de la víctima y en la que ha mediado ensañamiento, delito castigado en el artículo 148 del Código Penal, con penas de entre 2 y 5 años de prisión, que podría verse agravado por “abuso de superioridad” del artículo 22.2 del Código Pernal.
Los delitos imputados a la víctima de la agresión son lesiones y atentado a agente de la autoridad, castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de tres a seis meses.
LOS ABOGADOS DE JUPOL CONSIGUEN LA LIBERTAD DE SUS AFILIADOS
Ambos policías han permanecido en prisión provisional por espacio de 33 días, hasta que el pasado 18 de marzo se acordó su puesta en libertad con cargos. Así lo acordó la Audiencia Provincial de Jaén tras el recurso presentado por los abogados del sindicato policial ultraderechista, al aceptar el tribunal su alegato de que la privación de libertad provisional “era excesiva”, al tiempo que convertían en “una pelea” lo que las imágenes y los testimonios describen como una agresión. En su auto la sala también critica al juez instructor por tomar una decisión motivada por la "alarma social" tras el "asedio a la sede judicial".
La orden de libertad decretada por la Audiencia de Jaén se dictó en contra del criterio de la Fiscalía y la acusación particular que representa a la víctima, partidaria de mantener a los dos policías encarcelados. Aun así, el tribunal determina que los dos agentes deberán comparecer en el juzgado de guardia de la localidad donde fijen su residencia los días 1 y 15 de cada mes, y cada vez que sean requeridos para ello. Y, además les prohíbe que se comuniquen con la víctima de la agresión por cualquier medio, y que se aproximen al mismo a una distancia inferior a 200 metros.
Asumen también la acusación contra la víctima de la paliza por sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad
El sindicato policial ultraderechista JUPOL, avalado por VOX y para el que trabaja Albert Rivera, se ha hecho cargo de la defensa de los dos agentes de la Policía Nacional, fuera de servicio, que el pasado mes de febrero apalearon brutalmente a un padre y a su hija en Linares. Igualmente, los letrados de JUPOL asumen también la acusación contra la víctima de la paliza por sendos delitos de atentado a agentes de la autoridad.
Los dos policías nacionales imputados por la salvaje agresión, el agente de la escala básica José Luis Pedregosa Cuesta y el subinspector Manuel Fernández Núñez, ocurrida el 12 de febrero pasado, son afiliados al sindicato JUPOL (Justicia Policial), tutelado por la asociación JUSAPOL, y que es mayoritario en el Consejo de la Policía del Ministerio del Interior.
Hasta el momento se había ocultado la militancia sindical de estos dos funcionarios de Interior, hasta que finalmente JUPOL decidió implicarse en su defensa y, de paso, justificar la represión policial en Linares contra sus vecinos, durante las protestas por esa agresión cuyas imágenes han tenido alcance internacional.
Una descontrolada respuesta policial que se saldó con decenas de detenidos e identificados, además de varios heridos de distinta gravedad, algunos por disparos de arma de fuego por parte de las unidades policiales actuantes y que investiga la justicia.
EN LIBERTAD CON CARGOS
Tras los sucesos ocurridos en la mañana del viernes 12 de febrero ambos policías fueron detenidos por sus compañeros, hasta que en la madrugada del sábado al domingo siguiente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Linares, en funciones de guardia, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los agentes de la policía detenidos.
Como es preceptivo se les retiró la placa, pistola y se les suspendió del servicio activo. Asimismo, se negaron a declarar ante sus compañeros de Linares, aunque sí lo hicieron posteriormente por videoconferencia ante el juez, desde la Comisaría Provincial de Jaén. A continuación, ambos agentes fueron conducidos a la prisión de Sevilla I, a un módulo especial para funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para evitar que se relación con otros delincuentes no funcionarios.
Los detenidos están imputados por sendos delitos de lesiones agravadas por el empleo de métodos o formas peligrosas para la salud física de la víctima y en la que ha mediado ensañamiento, delito castigado en el artículo 148 del Código Penal, con penas de entre 2 y 5 años de prisión, que podría verse agravado por “abuso de superioridad” del artículo 22.2 del Código Pernal.
Los delitos imputados a la víctima de la agresión son lesiones y atentado a agente de la autoridad, castigado con penas de prisión de 1 a 4 años y multa de tres a seis meses.
LOS ABOGADOS DE JUPOL CONSIGUEN LA LIBERTAD DE SUS AFILIADOS
Ambos policías han permanecido en prisión provisional por espacio de 33 días, hasta que el pasado 18 de marzo se acordó su puesta en libertad con cargos. Así lo acordó la Audiencia Provincial de Jaén tras el recurso presentado por los abogados del sindicato policial ultraderechista, al aceptar el tribunal su alegato de que la privación de libertad provisional “era excesiva”, al tiempo que convertían en “una pelea” lo que las imágenes y los testimonios describen como una agresión. En su auto la sala también critica al juez instructor por tomar una decisión motivada por la "alarma social" tras el "asedio a la sede judicial".
La orden de libertad decretada por la Audiencia de Jaén se dictó en contra del criterio de la Fiscalía y la acusación particular que representa a la víctima, partidaria de mantener a los dos policías encarcelados. Aun así, el tribunal determina que los dos agentes deberán comparecer en el juzgado de guardia de la localidad donde fijen su residencia los días 1 y 15 de cada mes, y cada vez que sean requeridos para ello. Y, además les prohíbe que se comuniquen con la víctima de la agresión por cualquier medio, y que se aproximen al mismo a una distancia inferior a 200 metros.