Publico
La Policía acredita el posible cohecho del PP con 18 contratos Gürtel de la época de Aznar
Un informe de la UDEF in extremis localiza decenas de millones de sobrecostes en adjudicaciones a Hispánica desde Ministerios entre 2000 y 2004
La Policía acredita el posible cohecho del PP con 18 contratos Gürtel de la época de Aznar
Un informe de la UDEF in extremis localiza decenas de millones de sobrecostes en adjudicaciones a Hispánica desde Ministerios entre 2000 y 2004
Cuántas decenas de millones concreta donde y como. Mira en tu establo.
Valla ahora será condenado por cohecho, no se si con esta noticia pretendéis tapar la investigación realizada en 54 organismos satélites de la administración andaluza. Los auditores consideran que se trata de un «ente idóneo para la realización y desarrollo de las políticas públicas en materia de energía» puesto que las dos consejerías a las que está adscrita –Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación– no podrían asumir sus competencias. Su carácter instrumental le permite actuar tanto desde la perspectiva del derecho público como del privado, posee un alto nivel de cualificación y se señala como «un ente idóneo para la gestión.
Con un número bastante intenso por una firma editora, y ordenado por la junta de Andalucía encontrando centenares de chiringuitos para colocar a militantes del partido, con sueldos bastantes elevados Un administrativo podría cobrar tres veces más por hacer el mismo trabajo para la Junta de Andalucía si lo hacía en alguno de los entes instrumentales paralelos que la administración andaluza desarrolló durante los 37 años de gobiernos socialistas. Al puesto mejor remunerado se accedía además con menos requisitos, en algunos casos bastaba con una entrevista.
En la extinta fundación de la Junta de Andalucía para dar cursos de formación a los desempleados, la polémica Faffe, entraron a trabajar esposas, cuñados, primos carnales, hermanos, sobrinos e hijos de cargos públicos, incluso concejales y alcaldes que, tras salir derrotados en las elecciones municipales, encontraron en la Administración una vía para escapar de la cola del paro. La mayoría aún sigue trabajando para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que integró al personal de la Faffe cuando el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) decidió disolverla en 2011.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y al exalcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García por el supuesto «enchufe» del exregidor en la entidad autonómica. Torres cobraba 4.000 euros al mes (hasta 491.000 euros en total) por un trabajo que, según el juez, carecía de contenido y por el que ni siquiera acudía a la oficina, según declararon a la Guardia Civil sus compañeros. Su presunto puesto era el de director de Asuntos Exteriores de la extinta fundación de la Junta de Andalucía para dar formación a los parados y trabajadores de la comunidad con la tasa de desempleo más alta de España.
Y esta trama como sele suele llamar compra de votos, cohecho o sinvergüencería malversación de caudales públicos. El magistrado José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto por el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas, el paso previo a la apertura de juicio oral. Califica de «ilícito» su mantenimiento en distintos puestos de trabajo «sin contenido material concreto, creados y atribuidos ‘ad hoc’ para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales» por parte del exalcalde socialista. La Guardia Civil está investigando 85 contratados «por razones de clientelismos político o nepotismo» en la entidad creada por la Junta de Andalucía, según una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
En una resolución notificada este miércoles a las partes personadas y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por ello le da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El juez señala que, «efectivamente», Torres García había venido desempeñando el cargo de alcalde de Lebrija desde las primeras elecciones autonómicas por el PSOE, de forma que, tras las elecciones municipales de 2003 y después de 24 años como regidor, perdió la Alcaldía, «lo que habría determinado su contratación en la Faffe» a instancia del entonces director técnico de dicha fundación, una contratación que «se llevaría a cabo como directivo de la fundación, pese a que carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional».
El instructor manifiesta que el investigado fue contratado como directivo el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, con una retribución total de 46.750 euros anuales y encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración, en mayo de 2011, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Ésta es una rama más de la macrocausa de Faffe, en la que también están pendientes de que un jurado popular juzgue a Villén y a su directora económica-financiera por los supuestos pagos irregulares en prostíbulos con fondos públicos a través de tarjetas asignadas al exdirector general.
Esta pieza se centra en «la presunta ilicitud» de la contratación como personal laboral del exalcalde de Lebrija por parte de la Faffe y, más concretamente, por parte del que fuera director general técnico de la fundación, así como el «ilícito» mantenimiento del ex primer edil en distintos puestos de trabajo, «sin contenido material concreto, creados y atribuidos ‘ad hoc’ para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones-» por parte del exalcalde, quien, «en todo caso, carecía de aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones, como técnico, que le habrían de ser atribuidas».
El exalcalde de Lebrija fue colocado en la fundación autonómica «a instancia» del entonces director general técnico, «por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar, se habría llevado a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa y disciplina interna mantenida por la Faffe y con lo establecido en la legislación aplicable».
«No llegó a desempeñar trabajos efectivos»
A juicio del magistrado, se habría producido una presunta «vulneración directa de los principios y sistemas de contratación pública establecidos», ya que, «en puridad, no existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe».
Con un número bastante intenso por una firma editora, y ordenado por la junta de Andalucía encontrando centenares de chiringuitos para colocar a militantes del partido, con sueldos bastantes elevados Un administrativo podría cobrar tres veces más por hacer el mismo trabajo para la Junta de Andalucía si lo hacía en alguno de los entes instrumentales paralelos que la administración andaluza desarrolló durante los 37 años de gobiernos socialistas. Al puesto mejor remunerado se accedía además con menos requisitos, en algunos casos bastaba con una entrevista.
En la extinta fundación de la Junta de Andalucía para dar cursos de formación a los desempleados, la polémica Faffe, entraron a trabajar esposas, cuñados, primos carnales, hermanos, sobrinos e hijos de cargos públicos, incluso concejales y alcaldes que, tras salir derrotados en las elecciones municipales, encontraron en la Administración una vía para escapar de la cola del paro. La mayoría aún sigue trabajando para el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que integró al personal de la Faffe cuando el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE) decidió disolverla en 2011.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha procesado al ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y al exalcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García por el supuesto «enchufe» del exregidor en la entidad autonómica. Torres cobraba 4.000 euros al mes (hasta 491.000 euros en total) por un trabajo que, según el juez, carecía de contenido y por el que ni siquiera acudía a la oficina, según declararon a la Guardia Civil sus compañeros. Su presunto puesto era el de director de Asuntos Exteriores de la extinta fundación de la Junta de Andalucía para dar formación a los parados y trabajadores de la comunidad con la tasa de desempleo más alta de España.
Y esta trama como sele suele llamar compra de votos, cohecho o sinvergüencería malversación de caudales públicos. El magistrado José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto por el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas, el paso previo a la apertura de juicio oral. Califica de «ilícito» su mantenimiento en distintos puestos de trabajo «sin contenido material concreto, creados y atribuidos ‘ad hoc’ para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales» por parte del exalcalde socialista. La Guardia Civil está investigando 85 contratados «por razones de clientelismos político o nepotismo» en la entidad creada por la Junta de Andalucía, según una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
En una resolución notificada este miércoles a las partes personadas y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por ello le da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El juez señala que, «efectivamente», Torres García había venido desempeñando el cargo de alcalde de Lebrija desde las primeras elecciones autonómicas por el PSOE, de forma que, tras las elecciones municipales de 2003 y después de 24 años como regidor, perdió la Alcaldía, «lo que habría determinado su contratación en la Faffe» a instancia del entonces director técnico de dicha fundación, una contratación que «se llevaría a cabo como directivo de la fundación, pese a que carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional».
El instructor manifiesta que el investigado fue contratado como directivo el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, con una retribución total de 46.750 euros anuales y encontrándose así de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración, en mayo de 2011, en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Ésta es una rama más de la macrocausa de Faffe, en la que también están pendientes de que un jurado popular juzgue a Villén y a su directora económica-financiera por los supuestos pagos irregulares en prostíbulos con fondos públicos a través de tarjetas asignadas al exdirector general.
Esta pieza se centra en «la presunta ilicitud» de la contratación como personal laboral del exalcalde de Lebrija por parte de la Faffe y, más concretamente, por parte del que fuera director general técnico de la fundación, así como el «ilícito» mantenimiento del ex primer edil en distintos puestos de trabajo, «sin contenido material concreto, creados y atribuidos ‘ad hoc’ para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones-» por parte del exalcalde, quien, «en todo caso, carecía de aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones, como técnico, que le habrían de ser atribuidas».
El exalcalde de Lebrija fue colocado en la fundación autonómica «a instancia» del entonces director general técnico, «por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar, se habría llevado a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa y disciplina interna mantenida por la Faffe y con lo establecido en la legislación aplicable».
«No llegó a desempeñar trabajos efectivos»
A juicio del magistrado, se habría producido una presunta «vulneración directa de los principios y sistemas de contratación pública establecidos», ya que, «en puridad, no existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe».