Castilla-La Mancha
Las municipales del 22 de mayo arrojaron un resultado histórico. Después de estar desde 1983 bajo Gobierno socialista, el Partido Popular, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, ganó en Castilla-La Mancha. Tras pasar unos meses asegurando que la herencia socialista en materia de economía estaba envenenada, De Cospedal ha iniciado un "plan de choque" para ahorrar 1.815 millones de euros, rebajando así el presupuesto de la comunidad en un 20%.
Con un déficit superior al 4% de su PIB, la comunidad castellano-manchega mantiene una guerra con las farmacias, que llegaron a cerrar sus establecimientos en protesta por los 163 millones que les debe el Gobierno. Una cifra que se incluye en los 2.800 millones a los que asciende la factura del Ejecutivo con los proveedores. Los recortes anunciados por el ejecutivo de Cospedal son:
Eliminación la ayuda de 400 euros a 32.000 viudas.
1.000 interinos menos en la Enseñanza Secundaria.
Suspensión los viajes de la tercera edad.
Los dependientes siguen sin recibir las ayudas.
Venta de edificios sanitarios y coches oficiales.
Reducción del número de liberados sindicales, de 785 a 284 con lo que el Gobierno regional prevé ahorrar 391 millones. También se suprimen las subvenciones a sindicatos y patronal.
Los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria tendrán dos horas lectivas más. Los 34 centros de formación de profesorado quedan reducidos a uno.
Congelación de la oferta pública de empleo: el plan presentado contempla también esta medida en todos los sectores de cara al 2012 y la prohibición de contratar personal funcionario interino.
Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas y se reduce un 20% el presupuesto del Ente público de la Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. También va a desaparecer la Fundación Ínsula Barataria, el Instituto Don Quijote de Promoción Turística, así como el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM).
Desaparición de la Oficina Técnica de Vivienda.
Reducción del 50% de los altos cargos de Castilla-La Mancha.
Eliminación de la figura del Defensor del Pueblo.
Comunidad Valenciana
Pese a que las elecciones del 22 de mayo las ganó Francisco Camps, su dimisión por el caso Gürtel ha dejado en manos de Alberto Fabra (PP) la presidencia de la Generalitat. Enrique Verdeguer, fichaje de Camps para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, ha anunciado un decreto ley de medidas urgentes para el sector público y ha asegurado que quieren reducir los presupuestos de 2012 en 1.500 millones de euros.
Restructuración de 26 sociedades mercantiles, 16 entidades de derecho público y 35 fundaciones. Estas empresas tienen un coste presupuestario actual de 2.600 millones de euros, una nómina de entre 10.000 y 11.000 trabajadores y un nivel de endeudamiento que supera los 5.000 millones de euros. Pretenden ahorrar 400 millones.
62 conservatorios de música en Valencia están en peligroRecortes en los conservatorios de música por el 55% del presupuesto, lo que pone en peligro la permanencia de 62 conservatorios, 1.200 puestos de trabajo y la enseñanza de 8.500 alumnos.
Reagrupación de empresas públicas para "hacer más con menos".
Eliminación de personal de los hospitales para ahorrar 69 millones de euros y rebajar en 260 millones de euros la factura farmacéutica.
Supresión de 704 empleos institucionales y 165 liberados sindicales para ahorrar 31 millones de euros.
Recorte en la financiación del Centro de Investigación Príncipe Felipe que supondrá un expediente de regulación de empleo (ERE) para 108 de sus 245 trabajadores, el cierre de 16 laboratorios y la supresión de 14 líneas de investigación.
Además, la Generalitat ya ha anunciado que se reducirá un 6,5% el presupuesto para 2012 que incluirá las siguientes medidas:
Plan de eficiencia para la Administración de la Justicia con un ahorro de 4,43 millones de euros a partir de 2012. Ahorro del consumo energético del 10% (400.000 euros). Sustitución de papel de oficio (sellado por la Generalitat) por folios corrientes. Escanear en lugar de fotocopiar sentencias. Notificaciones a través de internet. Reducción de los gastos de taxis en 700.000 euros. Disminución a 10 euros del gasto de material de escritorio para cada funcionario. Liberación de alquileres administrativos por un importe de 778.000 euros.
Las municipales del 22 de mayo arrojaron un resultado histórico. Después de estar desde 1983 bajo Gobierno socialista, el Partido Popular, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, ganó en Castilla-La Mancha. Tras pasar unos meses asegurando que la herencia socialista en materia de economía estaba envenenada, De Cospedal ha iniciado un "plan de choque" para ahorrar 1.815 millones de euros, rebajando así el presupuesto de la comunidad en un 20%.
Con un déficit superior al 4% de su PIB, la comunidad castellano-manchega mantiene una guerra con las farmacias, que llegaron a cerrar sus establecimientos en protesta por los 163 millones que les debe el Gobierno. Una cifra que se incluye en los 2.800 millones a los que asciende la factura del Ejecutivo con los proveedores. Los recortes anunciados por el ejecutivo de Cospedal son:
Eliminación la ayuda de 400 euros a 32.000 viudas.
1.000 interinos menos en la Enseñanza Secundaria.
Suspensión los viajes de la tercera edad.
Los dependientes siguen sin recibir las ayudas.
Venta de edificios sanitarios y coches oficiales.
Reducción del número de liberados sindicales, de 785 a 284 con lo que el Gobierno regional prevé ahorrar 391 millones. También se suprimen las subvenciones a sindicatos y patronal.
Los docentes de Infantil, Primaria y Secundaria tendrán dos horas lectivas más. Los 34 centros de formación de profesorado quedan reducidos a uno.
Congelación de la oferta pública de empleo: el plan presentado contempla también esta medida en todos los sectores de cara al 2012 y la prohibición de contratar personal funcionario interino.
Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas y se reduce un 20% el presupuesto del Ente público de la Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. También va a desaparecer la Fundación Ínsula Barataria, el Instituto Don Quijote de Promoción Turística, así como el Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM).
Desaparición de la Oficina Técnica de Vivienda.
Reducción del 50% de los altos cargos de Castilla-La Mancha.
Eliminación de la figura del Defensor del Pueblo.
Comunidad Valenciana
Pese a que las elecciones del 22 de mayo las ganó Francisco Camps, su dimisión por el caso Gürtel ha dejado en manos de Alberto Fabra (PP) la presidencia de la Generalitat. Enrique Verdeguer, fichaje de Camps para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, ha anunciado un decreto ley de medidas urgentes para el sector público y ha asegurado que quieren reducir los presupuestos de 2012 en 1.500 millones de euros.
Restructuración de 26 sociedades mercantiles, 16 entidades de derecho público y 35 fundaciones. Estas empresas tienen un coste presupuestario actual de 2.600 millones de euros, una nómina de entre 10.000 y 11.000 trabajadores y un nivel de endeudamiento que supera los 5.000 millones de euros. Pretenden ahorrar 400 millones.
62 conservatorios de música en Valencia están en peligroRecortes en los conservatorios de música por el 55% del presupuesto, lo que pone en peligro la permanencia de 62 conservatorios, 1.200 puestos de trabajo y la enseñanza de 8.500 alumnos.
Reagrupación de empresas públicas para "hacer más con menos".
Eliminación de personal de los hospitales para ahorrar 69 millones de euros y rebajar en 260 millones de euros la factura farmacéutica.
Supresión de 704 empleos institucionales y 165 liberados sindicales para ahorrar 31 millones de euros.
Recorte en la financiación del Centro de Investigación Príncipe Felipe que supondrá un expediente de regulación de empleo (ERE) para 108 de sus 245 trabajadores, el cierre de 16 laboratorios y la supresión de 14 líneas de investigación.
Además, la Generalitat ya ha anunciado que se reducirá un 6,5% el presupuesto para 2012 que incluirá las siguientes medidas:
Plan de eficiencia para la Administración de la Justicia con un ahorro de 4,43 millones de euros a partir de 2012. Ahorro del consumo energético del 10% (400.000 euros). Sustitución de papel de oficio (sellado por la Generalitat) por folios corrientes. Escanear en lugar de fotocopiar sentencias. Notificaciones a través de internet. Reducción de los gastos de taxis en 700.000 euros. Disminución a 10 euros del gasto de material de escritorio para cada funcionario. Liberación de alquileres administrativos por un importe de 778.000 euros.