¡A las barricadas, pero sin molestar!
El ministro de Justicia, Elfos, Ratones Pérez y Monstruos del Lago Ness presta esta semana su morro impenetrable y cejiforme a una noticia de las de caerse de espaldas, previa exclamación de un sonoro ohlalá: la aprobación del anteproyecto de un Código Penal que convierte en delito el llamamiento ciudadano a la rebeldía y a la protesta, al grito de ¡Esto con Franco no pasaba! Este Gobierno es como los niños: no nos puede ver sentados; nos obliga constantemente a subirnos por las paredes. Pero esta vez ya no basta con volver luego al sofá y cagarse en las muelas del que inventó el telediario, porque se trata nada menos que de la aniquilación definitiva de la libertad por la vía legislativa. Así de heavy. Para que un régimen aspire a ser democrático se requiere no solamente que los paisanos tengamos voto, sino también voz. Es más: yo diría que, sobre todo, voz. Reducir al ciudadano libre al rango de simple votante (una generalidad intencionada que merecería encontrar mayor resistencia en la opinión pública) hace que este quede degradado políticamente al rango de carnaza y supone negarle el control sobre sus representantes electos, que se reduce así a un mero acto formal e incontestable cada cuatro años. Años durante los cuales un buen ciudadano lo que tiene que hacer es quedarse en su casa sin rechistar, dicho nada menos que por el Gran Registrador de la Impropiedad. Si a este mangazo se añade que a la asamblea de políticos electos se le llama tradicionalmente Parlamento, o sea, el lugar donde se habla, en un sistema corrupto o viciado acaba estableciéndose la perversión de que lo que se hable fuera de él no cuenta, no vale o, en todo caso, es irrelevante. Esto es: hay un sitio para hablar (el Parlamento) y otro para callarse (la calle). Comprenderán ustedes que esto no lo vamos a consentir en un país donde echarle huevos a la policía puede llegar a ser mucho más que un problema de orden público; es también, como en las recientes protestas del Congreso, un problema de desorden moral de las clases gobernantes. El texto de la inminente ley se inventa un delito antes inexistente: la difusión de mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones de orden público. Entre tres meses y un año de cárcel, o multa. La incitación, diccionario en mano, incluye el mero estímulo indirecto: Arrebatado por la épica de una protesta ciudadana, va usted y escribe en Facebook esa cita de Shakespeare sobre las flechas y dardos de la insultante fortuna, y como haya alguien que lo interprete como un llamamiento a las barricadas va usted al trullo de cabeza. Cuánto más si, efectivamente, se llama a las barricadas. En fin, que esto no es que sea el regreso al franquismo: es el regreso a las cavernas. Bueno, siempre fantaseé con la idea de hacer pinturas rupestres. Está claro que no me van a faltar criaturas con cuernos en las que inspirarme.
Seguimos con la reconquista desde el SUR le pese a quien le pese.
El ministro de Justicia, Elfos, Ratones Pérez y Monstruos del Lago Ness presta esta semana su morro impenetrable y cejiforme a una noticia de las de caerse de espaldas, previa exclamación de un sonoro ohlalá: la aprobación del anteproyecto de un Código Penal que convierte en delito el llamamiento ciudadano a la rebeldía y a la protesta, al grito de ¡Esto con Franco no pasaba! Este Gobierno es como los niños: no nos puede ver sentados; nos obliga constantemente a subirnos por las paredes. Pero esta vez ya no basta con volver luego al sofá y cagarse en las muelas del que inventó el telediario, porque se trata nada menos que de la aniquilación definitiva de la libertad por la vía legislativa. Así de heavy. Para que un régimen aspire a ser democrático se requiere no solamente que los paisanos tengamos voto, sino también voz. Es más: yo diría que, sobre todo, voz. Reducir al ciudadano libre al rango de simple votante (una generalidad intencionada que merecería encontrar mayor resistencia en la opinión pública) hace que este quede degradado políticamente al rango de carnaza y supone negarle el control sobre sus representantes electos, que se reduce así a un mero acto formal e incontestable cada cuatro años. Años durante los cuales un buen ciudadano lo que tiene que hacer es quedarse en su casa sin rechistar, dicho nada menos que por el Gran Registrador de la Impropiedad. Si a este mangazo se añade que a la asamblea de políticos electos se le llama tradicionalmente Parlamento, o sea, el lugar donde se habla, en un sistema corrupto o viciado acaba estableciéndose la perversión de que lo que se hable fuera de él no cuenta, no vale o, en todo caso, es irrelevante. Esto es: hay un sitio para hablar (el Parlamento) y otro para callarse (la calle). Comprenderán ustedes que esto no lo vamos a consentir en un país donde echarle huevos a la policía puede llegar a ser mucho más que un problema de orden público; es también, como en las recientes protestas del Congreso, un problema de desorden moral de las clases gobernantes. El texto de la inminente ley se inventa un delito antes inexistente: la difusión de mensajes a través de las redes sociales que inciten a alteraciones de orden público. Entre tres meses y un año de cárcel, o multa. La incitación, diccionario en mano, incluye el mero estímulo indirecto: Arrebatado por la épica de una protesta ciudadana, va usted y escribe en Facebook esa cita de Shakespeare sobre las flechas y dardos de la insultante fortuna, y como haya alguien que lo interprete como un llamamiento a las barricadas va usted al trullo de cabeza. Cuánto más si, efectivamente, se llama a las barricadas. En fin, que esto no es que sea el regreso al franquismo: es el regreso a las cavernas. Bueno, siempre fantaseé con la idea de hacer pinturas rupestres. Está claro que no me van a faltar criaturas con cuernos en las que inspirarme.
Seguimos con la reconquista desde el SUR le pese a quien le pese.