Medidas simples como:
-Que el indulto, tal y como está concebido, desaparezca. Que el gobierno tenga que dar explicaciones claras sobre a quién indulta y por qué. Para que deje de ser la puerta por la que se escapan los corruptos
-Que no se lleve a puerto la Reforma Penal proyectada por Gallardón.
-Transparencia informativa: se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete.
-Conservación de documentos.
-Prohibición de aceptar regalos.
-Cualquier compra que realicen las Administraciones pública debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más adecuada.
-Transparencia total de las Administraciones públicas: cualquier decisión tomada por un funcionario dentro del cumplimiento de su profesión podría ser conocida por el resto de ciudadanos, excepto por cuestiones relacionadas con la seguridad. Ningún miembro de la administración podría negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de los votantes.
-Ausencia de cargos de designación política: actualmente en todo el territorio nacional existe un elevado número de cargos cuya designación ha sido realizada sin ningún criterio de méritos. La hermana de Esperanza, el marido de la Fabra (sí, ese que siendo consejero de sanidad nombrado a dedo privatiza los análisis clínicos y luego consigue que sea su empresa la que se lleve la millonaria concesión de esos análisis), etc, etc. La guinda del pastel la pone una alcaldesa que no ha sido votada.
-Para cubrir el lugar de los altos cargos de las Administraciones públicas deberían realizarse pruebas objetivas, en lugar de ser por designación partitocrática. Estos cargos deberían designarse por méritos propios, nunca por “soy pariente de, novia de, amante de, prima de la hermana de…”.
-La remuneración de los sueldos públicos debería ser homogénea. No es lógico que un concejal en Alcalá de Henares pueda cobrar diez veces más que uno en Pontevedra, por ejemplo. Y debería ligarse a factores económicos medibles con el índice de precios de consumo (IPC).
-Los políticos no deberían jamás poder decidir sus propios sueldos.
-Incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo.
Es decir,
Un político no debería, por ley:
-Pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el ayuntamiento;
-Desempeñar cargo representativo o ejecutivo en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público local;
-Tener participación superior al 10 por ciento en el capital de dichas empresas.
-Y ya de paso, acabe usted con la amnistía fiscal. Si esa amnistía consiguió recaudar 85 millones de euros y diez eran de Bárcenas, es como para creer que hizo usted la ley a medida de su tesorero.
-Y por supuesto. Que los delitos de corrupción NO PRESCRIBAN, para que su (ex) amigo Bárcenas no pueda irse de rositas.
Tan simple como esto.
Se puede y se debe exigir.
¿Y cómo puede exigirse?
Acabando con la ignorancia.
«No es una crisis, es una estafa», oímos decir desde hace meses.
Es una historia de robo, de complicidad, de sumisión, de ignorancia generalizada y de maniobras de distracción.
Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo, el solipsismo, el egoísmo, el “ni-lo-sé-ni-me importa”, el “no-leo-periódicos-porque-me-a burro-y-yo-sólo-leo-el-cuore”, porque la frivolidad-es muy-moderna; cuando cada uno barre para casa y únicamente mira por lo suyo y le interesa menos que cero el bien común; cuando a los corruptos no sólo no se les condena sino que se les premia y se les admira, y se les vuelve a votar; cuando las palabras ética y moral se pasan de moda, antes o después el sistema cae, como ha quedado demostrado. Y se polariza: los ricos se hacen mucho más ricos; y los pobres, más pobres.
Pero hemos llegado a un punto en el que la única manera de salir adelante es desde la información, y la exigencia.
Información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder.
Todos podemos salir a la calle a exigir una Ley de Transparencia y una Ley Anticorrupción serias. Y ha llegado el momento de hacerlo.
-Que el indulto, tal y como está concebido, desaparezca. Que el gobierno tenga que dar explicaciones claras sobre a quién indulta y por qué. Para que deje de ser la puerta por la que se escapan los corruptos
-Que no se lleve a puerto la Reforma Penal proyectada por Gallardón.
-Transparencia informativa: se deberían facilitar datos de todas las obras públicas que cada ayuntamiento acomete.
-Conservación de documentos.
-Prohibición de aceptar regalos.
-Cualquier compra que realicen las Administraciones pública debería estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, al menos tres ofertas de proveedores diferentes, para poder elegir la más adecuada.
-Transparencia total de las Administraciones públicas: cualquier decisión tomada por un funcionario dentro del cumplimiento de su profesión podría ser conocida por el resto de ciudadanos, excepto por cuestiones relacionadas con la seguridad. Ningún miembro de la administración podría negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas, sino de los votantes.
-Ausencia de cargos de designación política: actualmente en todo el territorio nacional existe un elevado número de cargos cuya designación ha sido realizada sin ningún criterio de méritos. La hermana de Esperanza, el marido de la Fabra (sí, ese que siendo consejero de sanidad nombrado a dedo privatiza los análisis clínicos y luego consigue que sea su empresa la que se lleve la millonaria concesión de esos análisis), etc, etc. La guinda del pastel la pone una alcaldesa que no ha sido votada.
-Para cubrir el lugar de los altos cargos de las Administraciones públicas deberían realizarse pruebas objetivas, en lugar de ser por designación partitocrática. Estos cargos deberían designarse por méritos propios, nunca por “soy pariente de, novia de, amante de, prima de la hermana de…”.
-La remuneración de los sueldos públicos debería ser homogénea. No es lógico que un concejal en Alcalá de Henares pueda cobrar diez veces más que uno en Pontevedra, por ejemplo. Y debería ligarse a factores económicos medibles con el índice de precios de consumo (IPC).
-Los políticos no deberían jamás poder decidir sus propios sueldos.
-Incompatibilidad del cargo público con el ejercicio de actividades privadas relacionadas directamente con los asuntos en que tenga que intervenir por razón de su cargo.
Es decir,
Un político no debería, por ley:
-Pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas cuya actividad esté relacionada con las que gestione el ayuntamiento;
-Desempeñar cargo representativo o ejecutivo en sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público local;
-Tener participación superior al 10 por ciento en el capital de dichas empresas.
-Y ya de paso, acabe usted con la amnistía fiscal. Si esa amnistía consiguió recaudar 85 millones de euros y diez eran de Bárcenas, es como para creer que hizo usted la ley a medida de su tesorero.
-Y por supuesto. Que los delitos de corrupción NO PRESCRIBAN, para que su (ex) amigo Bárcenas no pueda irse de rositas.
Tan simple como esto.
Se puede y se debe exigir.
¿Y cómo puede exigirse?
Acabando con la ignorancia.
«No es una crisis, es una estafa», oímos decir desde hace meses.
Es una historia de robo, de complicidad, de sumisión, de ignorancia generalizada y de maniobras de distracción.
Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo, el solipsismo, el egoísmo, el “ni-lo-sé-ni-me importa”, el “no-leo-periódicos-porque-me-a burro-y-yo-sólo-leo-el-cuore”, porque la frivolidad-es muy-moderna; cuando cada uno barre para casa y únicamente mira por lo suyo y le interesa menos que cero el bien común; cuando a los corruptos no sólo no se les condena sino que se les premia y se les admira, y se les vuelve a votar; cuando las palabras ética y moral se pasan de moda, antes o después el sistema cae, como ha quedado demostrado. Y se polariza: los ricos se hacen mucho más ricos; y los pobres, más pobres.
Pero hemos llegado a un punto en el que la única manera de salir adelante es desde la información, y la exigencia.
Información es conocimiento, conocimiento es sabiduría, sabiduría es poder.
Todos podemos salir a la calle a exigir una Ley de Transparencia y una Ley Anticorrupción serias. Y ha llegado el momento de hacerlo.