Los 'unionistas' irredentos del artículo 155
Unas 200 personas se manifiestan cada miércoles ante la delegación del Gobierno en Barcelona para exigir que cumpla y haga cumplir la Constitución.
Pablo Planas (Barcelona) 2017-07-11.
A veces son ciento cincuenta, a veces doscientas personas, pero cada miércoles hay un grupo de ciudadanos plantado ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para exigir al Ejecutivo que haga cumplir la ley a los partidos separatistas y aplique el artículo 155 de la Constitución, la disposición que se ha convertido en el gran tabú de la política nacional. Las concentraciones, que empezaron en junio y continúan este mes de julio, se llevan a cabo entre las siete y las ocho de la tarde.
Tras estos "unionistas" irredentos se encuentran entidades como Convivencia Cívica Catalana, Somatemps, la Associació Cultural pel Progrés, y los partidos Vox y Unidos Sí, una escisión de Podemos, que manejan dos lemas, "Catalanes por la unidad de España" y "Catalanes por la ley", y una sola pancarta que reza: "Gobierno de España, cumpla y haga cumplir la Constitución. Artículo ¡155 ya!".
En uno de los manifiestos conjuntos que difunden en las redes definen con precisión la situación política catalana y afirman: "La Generalidad de Cataluña está perpetrando un golpe de estado institucional, con el apoyo de la mayoría de la Cámara autonómica, que no de los catalanes; nosotros, los ciudadanos libres e iguales, recordamos al Gobierno de España que tiene la obligación de aplicar las medidas administrativas, legislativas, judiciales, financieras, policiales e internacionales, necesarias para restablecer el ordenamiento constitucional, garantizar la integridad de España, la libertad de los españoles y proteger su vida y sus bienes".
Sin ningún apoyo
Como es obvio, no cuentan con el apoyo de los partidos "constitucionalistas" ni han sido recibidos por el delegado del Gobierno, Enric Millo. A pesar de la soledad, estos ciudadanos no cejan en su empeño y destacan el "carácter transversal" de los participantes, el factor de que a pesar de sus ideologías opuestas, tienen en común la defensa de la soberanía nacional y que esta "no puede trocearse ni es susceptible de cuestionarse en ningún referéndum". También coinciden en que es "necesario garantizar la libertad, igualdad y solidaridad de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional, Cataluña incluida".
Se trata de las mismas personas y organizaciones que el pasado marzo denunciaron la operación Diálogo que encabezaba con despacho en Barcelona la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Fue la primera vez que se manifestaron frente a la delegación y la primera vez que en la zona se registraba una concentración de signo no separatista. Ahora es casi una escena habitual una vez a la semana, a pesar del silencio mediático y del ninguneo de PP, PSC y Ciudadanos.
Unas 200 personas se manifiestan cada miércoles ante la delegación del Gobierno en Barcelona para exigir que cumpla y haga cumplir la Constitución.
Pablo Planas (Barcelona) 2017-07-11.
A veces son ciento cincuenta, a veces doscientas personas, pero cada miércoles hay un grupo de ciudadanos plantado ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para exigir al Ejecutivo que haga cumplir la ley a los partidos separatistas y aplique el artículo 155 de la Constitución, la disposición que se ha convertido en el gran tabú de la política nacional. Las concentraciones, que empezaron en junio y continúan este mes de julio, se llevan a cabo entre las siete y las ocho de la tarde.
Tras estos "unionistas" irredentos se encuentran entidades como Convivencia Cívica Catalana, Somatemps, la Associació Cultural pel Progrés, y los partidos Vox y Unidos Sí, una escisión de Podemos, que manejan dos lemas, "Catalanes por la unidad de España" y "Catalanes por la ley", y una sola pancarta que reza: "Gobierno de España, cumpla y haga cumplir la Constitución. Artículo ¡155 ya!".
En uno de los manifiestos conjuntos que difunden en las redes definen con precisión la situación política catalana y afirman: "La Generalidad de Cataluña está perpetrando un golpe de estado institucional, con el apoyo de la mayoría de la Cámara autonómica, que no de los catalanes; nosotros, los ciudadanos libres e iguales, recordamos al Gobierno de España que tiene la obligación de aplicar las medidas administrativas, legislativas, judiciales, financieras, policiales e internacionales, necesarias para restablecer el ordenamiento constitucional, garantizar la integridad de España, la libertad de los españoles y proteger su vida y sus bienes".
Sin ningún apoyo
Como es obvio, no cuentan con el apoyo de los partidos "constitucionalistas" ni han sido recibidos por el delegado del Gobierno, Enric Millo. A pesar de la soledad, estos ciudadanos no cejan en su empeño y destacan el "carácter transversal" de los participantes, el factor de que a pesar de sus ideologías opuestas, tienen en común la defensa de la soberanía nacional y que esta "no puede trocearse ni es susceptible de cuestionarse en ningún referéndum". También coinciden en que es "necesario garantizar la libertad, igualdad y solidaridad de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional, Cataluña incluida".
Se trata de las mismas personas y organizaciones que el pasado marzo denunciaron la operación Diálogo que encabezaba con despacho en Barcelona la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Fue la primera vez que se manifestaron frente a la delegación y la primera vez que en la zona se registraba una concentración de signo no separatista. Ahora es casi una escena habitual una vez a la semana, a pesar del silencio mediático y del ninguneo de PP, PSC y Ciudadanos.