Expertos advierten de que la Ley de Memoria Democrática atenta contra la Constitución.
Pone en cuestión la libertad de expresión, de ideología y de asociación.
Paloma Cervilla.
MADRID. Actualizado: 17/09/2020 07:57h.
La Ley de Memoria Democrática anunciada el martes se puede convertir en un quebradero de cabeza jurídico para el Gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado con rescatar esta época de la historia de España para desviar los problemas de su gestión.
Todavía no hay un texto oficial, solo el anteproyecto presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, de algunas de las primeras medidas que contiene el documento, expertos jurídicos ya advierten de que atenta contra la Constitución, concretamente contra los artículos que amparan la «libertad ideológica y de expresión». Además, alertan sobre la imposibilidad de ilegalizar fundaciones, como la de Francisco Franco, que solo puede llevarla a cabo un juez.
Una de las cuestiones más polémicas y que va a abrir este debate afecta a las «fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentra la apología del franquismo o la incitación, directa o indirecta, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española o el franquismo».
Apología del franquismo.
Todos los expertos consultados por ABC coinciden en esta apreciación y muestran su asombro, a falta de conocer el texto completo que prepara el Ejecutivo, sobre cómo se está preparando un texto solo contra el franquismo y no contra otros regímenes totalitarios. Apuntan que será difícil legislar solo contra asociaciones o fundaciones que hacen apología del franquismo, preguntándose si «decir que Franco ha hecho pantanos en España o la mayoría de los hospitales públicos es hacer apología del franquismo. Es Historia».
El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa asegura con contundencia que «con todas las cautelas, ya que no hemos visto cómo está la redacción, no es una cortina de humo como dice la oposición, es un cambio radical de los principios en los que se asienta la Constitución, entre ellos los derechos fundamentales».
Estos derechos son «las libertades o derechos fundamentales como son la libertad ideológica, libertad de expresión, incluso libertad de pensamiento o en cuanto al derecho de asociación. Es una enmienda a la Constitución».
«Terreno pantanoso»
Por su parte, Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, asegura que «estamos en un terreno muy pantanoso que hay que dejar en manos de los historiadores. Son debates historiográficos. Sobre los aspectos fundamentales no hay duda. Que el régimen de Franco fue una dictadura solo lo ponen en duda cuatro gatos. Después, hay grandes cuestiones que están sujetas a interpretación historiográfica, unos opinan de una manera, y otros de otra. El papel del Gobierno no es reescribir los libros de Historia, eso corresponde a los historiadores». Asimismo, advierte de que «las ideas no se pueden ilegalizar. Una cosa es la apología y otra cosa la libertad de expresión».
Finalmente, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Banacloche, cuestiona la ilegalización de las asociaciones, señalando que «una asociación que hace apología del fascismo en España es válida pero del franquismo, no. Tendrá que generalizar».
Pone en cuestión la libertad de expresión, de ideología y de asociación.
Paloma Cervilla.
MADRID. Actualizado: 17/09/2020 07:57h.
La Ley de Memoria Democrática anunciada el martes se puede convertir en un quebradero de cabeza jurídico para el Gobierno de Pedro Sánchez, obsesionado con rescatar esta época de la historia de España para desviar los problemas de su gestión.
Todavía no hay un texto oficial, solo el anteproyecto presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Sin embargo, de algunas de las primeras medidas que contiene el documento, expertos jurídicos ya advierten de que atenta contra la Constitución, concretamente contra los artículos que amparan la «libertad ideológica y de expresión». Además, alertan sobre la imposibilidad de ilegalizar fundaciones, como la de Francisco Franco, que solo puede llevarla a cabo un juez.
Una de las cuestiones más polémicas y que va a abrir este debate afecta a las «fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentra la apología del franquismo o la incitación, directa o indirecta, al odio o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil española o el franquismo».
Apología del franquismo.
Todos los expertos consultados por ABC coinciden en esta apreciación y muestran su asombro, a falta de conocer el texto completo que prepara el Ejecutivo, sobre cómo se está preparando un texto solo contra el franquismo y no contra otros regímenes totalitarios. Apuntan que será difícil legislar solo contra asociaciones o fundaciones que hacen apología del franquismo, preguntándose si «decir que Franco ha hecho pantanos en España o la mayoría de los hospitales públicos es hacer apología del franquismo. Es Historia».
El profesor de Derecho Constitucional y abogado Daniel Berzosa asegura con contundencia que «con todas las cautelas, ya que no hemos visto cómo está la redacción, no es una cortina de humo como dice la oposición, es un cambio radical de los principios en los que se asienta la Constitución, entre ellos los derechos fundamentales».
Estos derechos son «las libertades o derechos fundamentales como son la libertad ideológica, libertad de expresión, incluso libertad de pensamiento o en cuanto al derecho de asociación. Es una enmienda a la Constitución».
«Terreno pantanoso»
Por su parte, Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, asegura que «estamos en un terreno muy pantanoso que hay que dejar en manos de los historiadores. Son debates historiográficos. Sobre los aspectos fundamentales no hay duda. Que el régimen de Franco fue una dictadura solo lo ponen en duda cuatro gatos. Después, hay grandes cuestiones que están sujetas a interpretación historiográfica, unos opinan de una manera, y otros de otra. El papel del Gobierno no es reescribir los libros de Historia, eso corresponde a los historiadores». Asimismo, advierte de que «las ideas no se pueden ilegalizar. Una cosa es la apología y otra cosa la libertad de expresión».
Finalmente, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Banacloche, cuestiona la ilegalización de las asociaciones, señalando que «una asociación que hace apología del fascismo en España es válida pero del franquismo, no. Tendrá que generalizar».