Marilyn Monroe sostenía que "una buena carrera profesional arranca en público, pero el talento arranca en la intimidad", lo que parece directamente aplicable al muy honorable presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.
Éste, con zalamería relamida, llegó a calificar de "amiguito del alma" a Álvaro Pérez, El Bigotes, el dirigente de la trama corrupta que le pagaba los trajes a medida, en una conversación telefónica privada intervenida judicialmente que consta en el sumario del caso Gürtel.
En público, empalagosón hasta el empacho, ha alardeado de su complicidad con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, hasta decir en 2008: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". Y De la Rúa replicó que se sentía "feliz por tan excelente relación". Sí, se trata del mismo magistrado que a pesar de esa "más que amistad" cacareada tan públicamente no se abstuvo de presidir la vista del caso Camps, en la que votó a favor de archivar el proceso.
Porque la Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: "Los jueces y magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal". Y entre las causas legales figura la de tener amistad íntima con el acusado, algo lógico y que todo el mundo entiende, no sólo para que el tribunal sea imparcial, sino para que además tenga apariencia de imparcialidad objetiva. Ya saben, lo de la mujer del César, que no sólo tiene que ser honesta sino, además, parecerlo.
Lo que no se comprende bien es la razón por la que De la Rúa no se abstuvo. Seguramente no se dio cuenta de que debía hacerlo. O tal vez no se acordó de que es amigo de Camps. Aunque no debió de ser así porque llegó a alardear de que no se abstendría e incluso de que rechazaría airado esa posibilidad en el caso de que alguien se lo reclamara.
Algún malpensado me ha comentado que la razón es que su "más que amigo" no le hubiera perdonado que, estando en su mano, no le hubiera prestado ese último servicio de salvarle de la acusación de cohecho impropio, que no es otra cosa que corrupción.
Porque es muy probable que ustedes no lo sepan, pero De la Rúa rindió ese postrer servicio en su tiempo de prórroga, con su segundo mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya expirado -10 años cumplidos el 6 de julio pasado-, cuando el Consejo General del Poder Judicial tiene que decidir su futuro y en sustitución del magistrado titular, curiosamente progresista, que se encontraba de vacaciones. Si llega a planificarlo Camps no le hubiera salido mejor.
Claro que la ciudadanía todavía se pregunta porqué, si era tan previsible la actuación de De la Rúa, ni la fiscalía ni la acusación popular le recusaran.
Ahora, parece que De la Rúa ha hecho llegar a los que mandan que le gustaría retirarse en el Supremo -le quedan dos años para la jubilación- o, si no fuera posible, que le concedieran un tercer mandato al frente del TSJ valenciano. Aunque ha jugado sus cartas, no parece fácil retribuirle los servicios prestados. En el alto tribunal no hay ahora plazas disponibles y para su cargo hay otros candidatos que parecen tener mejores apoyos. Todo el asunto huele a chamusquina, o mejor, al tratarse de Valencia, a socarrat.
Sin embargo, el caso, lejos de estar acabado, vuelve con brío porque el abogado José Luis Mazón ha denunciado a De la Rúa ante el Consejo del Poder Judicial por una falta disciplinaria muy grave que consiste en "la inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas", lo que podría depararle una sanción de suspensión del cargo, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.
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